La figura permite reclamar la propiedad a quien figura como titular, en este caso el Gobierno provincial, luego de veinte años de ocupación, haya o no pagado el inmueble. El Dr. Eduardo De la Puente patrocina a la primera de las más de 40 familias instaladas en el barrio ex YPF que recurrirá a la justicia, ante la demora de sucesivos gobiernos en regularizar la situación. El letrado afirmó que ninguno debe pagar un solo peso y calificó de “ridículo” que el gobierno pretenda cobrar luego del tiempo transcurrido. Sentaría un precedente para el resto, que puede optar por la vía judicial para que se le otorgue la titularidad definitiva.
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