La jueza federal Mariel Borruto, tomo la declaración indagatoria a Eloísa Nieva, la mujer detenida, y que ya había sido investigada por el mismo delito en otras causas. La imputada indicó que las mujeres alquilan de manera temporal dos de los departamentos allanados en José Hernández y Rivadavia. Manifestó que todas estaban por voluntad propia en el lugar, desconociendo la actividad delictiva de explotación sexual de la cual se la imputa.
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El subgerente de la empresa Gas Austral, Gonzalo Ramos Sánchez, formalizó una denuncia luego de los incidentes ocurridos el pasado 5 de abril en las oficinas de dicha compañía, cuando ingresó un grupo de integrantes del Sindicato de Petróleo y Gas Privados encabezados por el secretario General, Luís Sosa. Con el patrocinio de la abogada Adriana Varisco, Ramos Sánchez pide que se investigue lo sucedido y asegura que teme por su seguridad y la de su familia después de haber sido agredido.
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La Juez Federal de Río Grande, Mariel Borruto, habló sobre el allanamiento a tres domicilios para rescatar a siete mujeres víctimas de trata. “Generalmente (las mujeres afectadas) no se consideran víctimas. Tenemos que detectar la vulnerabilidad. No estamos en un caso en el que estén encerradas y sin documentos. Hoy sólo las rescatamos de quien se aprovecha de sus beneficios. Podría haber explotación sexual sin trata”, afirmó la magistrada.
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El diligenciamiento fue en una vivienda contigua al local bailable ubicado en avenida San Martín y 25 de mayo, ya que las pericias indicarían que ese fue el lugar de ingreso para cometer el atentado.
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El secretario de Finanzas de la ASOEM, Leonel Lucero de 28 años, y su hermano Juan José de 36, fueron detenidos después de un hecho que involucró a un herido por disparo de arma de fuego en la esquina de la sede sindical que está en la calle O´Higgins 126 de Río Grande. La persona lesionada fue identificada como Cristian Andrés Tejada de 29 años, quien recibió el impacto en una de sus piernas. La Municipalidad de Río Grande inició un sumario administrativo para determinar la responsabilidad de los involucrados. El secretario de Gobierno, Gastón Díaz, manifestó “nosotros vemos esto como un hecho de extrema gravedad ante el que debemos trabajar con muchísima seriedad”.
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La familia de la pequeña Anita Zuk, la pequeña de 5 años que falleció hace unos cinco meses, asegura que la causa está estancada por que el juez de Tolhuin, Dr. Silvio Pellegrino, se declaró jurisdiccionalmente incompetente. Ahora debe resolver el Superior Tribunal de Justicia, en tanto la familia pide que se haga justicia y se comience con la instrucción de la causa por ‘Mala Praxis’ que se inició en el 2022 tras la muerte de la pequeña, causa en que el juez Raúl Sahade también se declaró incompetente.
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