El concejal radical Paulino Rossi aseguró que la provincia pretende avanzar con el revalúo inmobiliario previsto en la ley 1075, que aumentaría la presión fiscal sobre los vecinos de Río Grande. Cuestionó la “falta de razonabilidad”, al complicar la situación de los vecinos en la coyuntura económica actual y recordó que esos fondos no vuelven en obras de la ciudad, sino que van a la caja de jubilaciones. Desde el Ejecutivo, el secretario Federico Runín descartó la posibilidad de reconocer al inmobiliario como un impuesto provincial y confirmó la presentación del recurso de queja a la Corte Suprema.
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