A través de un proyecto de ley presentado por el MPF, la Legislatura provincial propone establecer un cupo del 5% de las viviendas construidas por el Instituto Provincial de Vivienda (IPV) para ser adjudicadas «con prioridad» al personal policial y penitenciario en actividad. Entre los requisitos, se debe contar con una antigüedad mínima de 3 años en la fuerza; ser personal con estado en actividad; y no ser propietario de inmuebles en el país.
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