La presidente del IPV, Laura Montes, lamentó que algunas viviendas sociales sean utilizadas con fines comerciales, tal como fue reconocido por el Municipio de Ushuaia, con la detección de beneficiarios que las alquilan para el turismo. En el caso del instituto, no permiten la cancelación hasta pasados diez años, por lo cual el adjudicatario está limitado a disponer libremente del inmueble. Además se realizan inspecciones aleatorias desde el área social y en los últimos tres años se han recuperado viviendas que no estaban habitadas por sus adjudicatarios. Sigue avanzando con las gestiones para la construcción de dos mil viviendas en los terrenos adquiridos por el gobierno, tanto en Ushuaia como en Río Grande y, para el año próximo, están trabajando