El Ministerio de Salud de la Nación incorporó ayer a Río Grande como una de las zonas de transmisión comunitaria de COVID-19 que existen en la Argentina. También se suman Río Gallegos y Córdoba Capital.
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Lo aseguró la Ministra de Producción Sonia Castiglione, tras las críticas de sectores privados y legisladores provinciales por el “letargo” en dar respuesta a los pedidos de asistencia del programa PROGRESO. Precisó que se recibieron 620 solicitudes, pero más de la mitad no completó la documentación. A la fecha se efectivizaron algo más de 20 créditos y 220 subsidios, y todavía no se estimó el monto invertido de los mil millones con los que cuenta la cartera. El viernes presentará el informe a la Legislatura para que lo analice la comisión de seguimiento, y lo propio hará el Banco Tierra del Fuego. Castiglione pidió “prudencia” a los legisladores ante las expresiones volcadas a los medios. Aseguró que no hay ineficiencia
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La vicepresidente de la Cámara de Comercio de Río Grande manifestó tras el encuentro con el gobernador Gustavo Melella, que “la única alternativa es articular un trabajo en conjunto ya que ni el Estado solo puede salir de esta emergencia porque necesita del privado, de la generación de puestos de trabajo, de la generación de la economía y de la recaudación de impuestos ni a su vez el privado puede salir solo sin la solidaridad del Estado”. Además sostuvo que “el primer mandatario solicitó la colaboración de la entidad mercantil riograndense, en todas sus áreas de ingerencia, en la re adecuación de los procesos y protocolos de funcionamiento en el nuevo cronograma de reapertura comercial”. Por otro lado indicó que
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El ministro de Trabajo Marcelo Romero dio a conocer un informe que registra las denuncias realizadas durante la pandemia, y la mayoría exponen la violación del decreto de necesidad y urgencia del gobierno nacional, que prohíbe despidos y suspensiones. Al comienzo se enfocaron en el incumplimiento de protocolos pero luego “primó la cuestión económica”, dijo. Destacó los acuerdos de reducción salarial que permitieron a miles de trabajadores conservar su fuente laboral.
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Está ubicado en el Albergue Municipal. Ya cuenta con 24 camas y cuatro habitaciones con oxígeno. Ultiman detalles para su inauguración.
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Los trabajadores de Ambassador Fueguina continúan en el interior de la planta, reclamando por los puestos de trabajo y por la deuda que la empresa mantiene con ellos. La oferta de New San de incorporarlos sería solo para parte de ellos y con un contrato a término. Los trabajadores asegura que les deben “salarios desde el mes de enero a julio de este año, a eso hay que sumar las cargas sociales, obras sociales, cuotas alimentarias, bonos, aguinaldos, sumas no remunerativas, vacaciones; todo eso de 2020. De 2018 y 2019 nos deben cargas sociales, aportes a la obra social y cuotas alimentarias que fueron descontadas y no fueron acreditadas”. Tienen expectativas puestas en la gestión del ministro de Trabajo y
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