“Hay establecimientos que corren riesgo de no poder seguir”

El apoderado de la FUNDATEC Carlos Cabral expuso la compleja situación de los establecimientos educativos de gestión privada por la deuda que mantiene el gobierno de la provincia, la caída de la matrícula y la morosidad en el pago de las cuotas. Reclaman una reunión urgente con autoridades del gobierno para resolver la deuda pendiente, el pago del FONID a los docentes privados, que tiene un acumulado de 30 meses, y la resolución del Ministerio de Educación para actualizar los valores de las cuotas de 2021. Aseguró que hay establecimientos que sólo tienen nivel inicial y corren riesgo de no poder seguir, pero también están comprometidas instituciones que cuentan con todos los niveles. Planteó un trato “desigual y discriminatorio” de parte del gobierno, y cuestionó que hasta el momento sólo tienen promesas de resolución de los problemas, pero nada se concreta.

Río Grande.- Carlos Cabral, apoderado de la FUNDATEC, expuso por Radio Provincia la compleja situación de las instituciones educativas de gestión privada y sostuvo que desde el Ministerio de Educación “como declamación reconocen el esfuerzo y está bueno que lo hagan, pero en los hechos no se traduce. Si al gobierno realmente le interesa lo que representa el sector educativo de gestión privada, nos debería haber convocado a una reunión para ver el impacto que eso genera. Tanto a la Ministra de Educación como al Ministro de Finanzas le presentamos una nota el martes pasado para reunirnos y tratar todas las cuestiones que están pendiente, pero no tuvimos la mínima respuesta”, dijo.

“Tuvimos una sola reunión en abril con el gobernador, la Ministra de Educación y el Jefe de Gabinete, pero con el Ministerio de Finanzas no tuvimos ninguna oportunidad ni nos contesta ninguna nota. Con la ministra Cubino tuvimos dos reuniones más bastante cortas y pensábamos que las cosas estaban más encaminadas y había interés en que se fueran resolviendo, pero seguimos igual”, lamentó.

“Se va a concluir el ciclo lectivo con mucha incertidumbre y preocupación por la situación económica para afrontar las obligaciones financieras mensuales. Por supuesto la pandemia afectó todas las actividades y la no presencialidad fue bastante decisiva porque afectó todos los niveles. Hay establecimientos donde las salas del ciclo 2020 quedaron con un volumen muy reducido y la matriculación para el 2021 está afectada y es muy baja en algunos casos, con hasta un 40 ó 50% de reducción”, aseguró.

“Hay unidades educativas que tienen sólo nivel inicial, que tenían tres o cuatro salas para el año que viene y al día de hoy han llegado a cubrir dos salas o menos. Tampoco se termina de formalizar el pago, se genera un escalonamiento, la morosidad es importante y va del 20, el 30 ó el 40% según el establecimiento. Eso afecta de lleno la posibilidad de proyectar y de cumplir con las obligaciones mensuales”, señaló.

Deuda de 20 millones

Cabral planteó que “el financiamiento es muy importante para el sector y el gobierno no ha terminado de cancelar las deudas que venimos reclamando. El aporte financiero estatal es obligación por ley y la deuda corresponde a los cinco primeros meses de este año. Si bien había deuda del 2019, la mayor proporción corresponde al 2020 y no hemos podido lograr que se pague. Es una decisión política del gobierno, porque no hay nada de nuestra parte que no hayamos cumplido en tiempo y forma”, sostuvo.

“Cuando hubo un aumento salarial para el sector público deberían haber modificado la grilla, no lo quisieron hacer y generaron diferencias importantes. Llevamos meses reclamando y las deudas superan los 20 millones de pesos”, estimó. 

Explicó que “las instituciones venían percibiendo hasta enero de este año el aporte estatal aplicado por la ley 749 conforme a la grilla salarial vigente a enero de 2020. A partir de febrero se generaron acuerdos salariales y hubo variaciones para el sector docente. La ley establece que en forma automática se debería generar el pago de acuerdo al nuevo valor. Nosotros pre-liquidamos esos valores, así que ellos lo tienen en forma previa. No quisieron hacerlo, y lo dispusieron de manera ilegal, porque no tienen motivo para incumplir la ley. Ahí generaron diferencias mayores, porque los salarios docentes aumentaron y la deuda aumentó. Al día de hoy no han pagado y no tienen ninguna intención de pagarlo”, cuestionó.

Aclaró que el gobierno no niega la deuda: “En las reuniones que hemos tenido nos dicen que tenemos razón, no es que no reconocen la deuda, pero piden que esperemos hasta liberar el expediente, que ya van a cumplir. Las pocas veces que pudimos hablar nos decían que en 15 días o a la semana siguiente iban a pagar, pero queda ahí. Evidentemente hay una decisión de no querer pagar”, interpretó.

Desde el gobierno se reconoce que alrededor de 500 alumnos se perdieron en el sector privado porque pasaron al sistema público, a lo que se suma morosidad alta de los que quedan y la deuda del gobierno. Consultado acerca de cuánto pueden resistir, dijo que “la situación es incierta y difícil, el Ministerio está diciendo que ellos proyectan un 10% de caída de la matrícula, que significan 1.000 alumnos menos. Ya hay 500 que les pidieron vacantes en el sector público y piensan que se va a duplicar ese número. Esto afecta de lleno a las instituciones y a los docentes, porque hay cursos que quedarían sin alumnos y habrá que cerrarlos. El Estado debiera sentarse a ver con nosotros cómo abordar la situación. Eso hablaría de la seriedad del gobierno y de la intención de ocuparse de la educación privada como parte de un único sistema educativo, sin discriminarlo o ponerlo en situación de desigualdad todo el tiempo”, subrayó.

Deudas del FONID

Agregó que “hay fondos nacionales que se establecen con destino específico, como el FONID, que es el fondo nacional de incentivo docente. Es de pago mensual para todos los docentes y la provincia es la encargada de pagarlo, porque la nación transfiere los fondos; pero la provincia debe 30 meses como mínimo a los docentes de la educación privada. Todo el tiempo están reclamando los docentes y, en cada oportunidad que tenemos, les decimos a los funcionarios cuándo van a hacer algo. Dicen que ya van a ver y hace dos meses nos vienen diciendo que a la brevedad la ministra va a dar la noticia del pago”. 

Actualización de cuotas

También sumó la postergada actualización de las cuotas. “Las instituciones están cobrando los valores de las cuotas de 2019. Para 2021 tenemos una estimación porque hace dos meses largos pedimos que se emita la resolución del Ministerio de Educación del cuadro de valores de las cuotas. Es necesario que tengamos esta resolución para hacer las proyecciones económicas y a su vez las familias necesitan certeza sobre cuál va a ser la cuota que van a pagar el año que viene. Por normativa es obligación que lo tengan”, remarcó.

“La respuesta que nos siguen dando desde Educación es que ‘estamos trabajando’. Les decimos que estamos a disposición, que nos convoquen a una mesa de trabajo para ver las alternativas, pero nunca nos llamaron. Cuando le planteamos la deuda la respuesta es que están trabajando, cuando le planteamos las cuotas, dicen lo mismo, y los resultados no se ven nunca”, reiteró.

En cuanto a la situación de los docentes en este conflicto, dijo que “han hecho un gran esfuerzo este año, porque no estábamos preparados para llevar adelante este proceso. Continuamente les informamos sobre la situación del sector, porque esta situación económica impacta en todos. Lo comprenden pero los afecta y les genera mucha molestia verse puestos todo el tiempo en una situación de desigualdad”.

Déficit de escuelas

Mientras se cierran salas en el sector privado, la ministra Castillo reconoció la semana pasada que la provincia necesita 17 escuelas para responder a la demanda y van a comenzar con 3. “El sector privado tiene casi 10 mil alumnos y alrededor de 2 mil docentes. Si la Ministra de Obras Públicas habló de ese déficit de establecimientos debería ponerse de acuerdo con Educación, que dice que si pasan 1.000 alumnos del privado al público no les va a generar inconvenientes”, sugirió. 

En síntesis, el reclamo pasa por “el pago de la deuda, que emitan la resolución con el cuadro de valores de las cuotas para 2021, que le paguen el FONID a los docentes del sector privado y que nos convoquen a una reunión para ver cómo abordar la realidad del sector, y que dejen de tener un tratamiento desigual y discriminatorio, como lo han hecho todo el año. Parece una decisión política y dogmática”, barajó.

“Hay establecimientos que sólo tienen nivel inicial y nos han manifestado que corren serio riesgo de no poder seguir. Ponen todo de sí pero la realidad los lleva a estar en una situación muy endeble. Hay instituciones que tienen todos los niveles y también están afectadas”, concluyó. 

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.