El ex titular de la DPOSS en la gestión Bertone y director de la ONG Participación Ciudadana, Guillermo Worman, aseguró que los funcionarios del gobierno pueden ser penalmente responsables por incumplir la sentencia de 2014, al haber paralizado los pagos de la planta Arroyo Grande, que está provocando el volcamiento de cloaca cruda del 30% de la ciudad de Ushuaia. La obra tiene los fondos garantizados y no hay justificativos más allá de una posición política de no pagar los contratos que se hicieron en gestiones anteriores, barajó. La planta tenía un avance del 80% pero los pagos se suspendieron en marzo del año pasado y la situación ya fue informada por el perito designado por el Poder Judicial.
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