El apoderado de CAFIN aseguró que se manejaron otros borradores mucho más perjudiciales, desde la no prórroga, hasta un plazo de dos años, por lo que el decreto publicado ayer es lo mejor que se pudo conseguir. Atribuyó al lobby empresario la demora en resolver esta situación y, con cinco años prorrogables por otros cinco, quedará en cada empresa radicada la evaluación de las inversiones a realizar. Respecto del aumento de la tasa de verificación de procesos productivos, lamentó que no existiera una convocatoria para analizar la situación e informó que algunas empresas han decidido judicializar esta decisión del Gobierno.
Leer más
