En el año 2003, el entonces abogado de la empresa de transporte Roanmat, el doctor Alejandro de la Riva, dice y explica para el diario Provincia 23 que “la idea era robarle las termas a Reyes. En esa entrevista, De la Riva acusó al Gobierno provincial por haber ocultado información para el desarrollo del complejo termal en río Valdez. Llamativamente, las autoridades gubernamentales lanzaron una convocatoria para la presentación de proyectos particulares a los que se les facilitan los estudios técnicos y geológicos que le habían ocultado a la mencionada firma Roanmat. De la Riva aseguró que la idea del Gobierno provincial era “robarle las termas a sus anteriores ocupantes”.
Río Grande (25 de julio del 2003).- El doctor Alejandro de la Riva, abogado patrocinante de la empresa Roanmat SRL en la demanda contencioso administrativa contra el Estado provincial por la desadjudicación de las termas de río Valdez; dijo que el nuevo gobierno de la provincia robó el proyecto cuando tomaron conciencia de la importancia del mismo.
Acusó directamente a los titulares del Ejecutivo de haber ocultado información de la secretaría de Minería de la Nación sin las cuales era inviable el emprendimiento y, con ello, se facilitó la anulación del contrato por el que se habían dado las tierras en comodato con opción a compra.
Entrevistado por el periodista Armando Cabral, en el programa radial “Resumen Informativo” que se emite en nuestra ciudad, de la Riva recordó los antecedentes del caso que ahora se está ventilando en la Secretaría de Demandas Originarias del Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego: “En esa época se llegaba caminando por las orillas del río Valdez porque no existía el camino para acceder al recurso termal, y la empresa tuvo que afrontar una erogación que en realidad no le correspondía para abrir la ruta, cuando solo le competía la explotación de las termas”.
Como la provincia no podía afrontar esa erogación -insistió- la ruta al recurso termal fue afrontado por la empresa Roanmat. En compensación por ese gasto extra que hizo la firma, se le prorrogó la concesión por 30 años a través de un comodato con opción a compra.
El abogado reconoce que había obligaciones por parte de Roanmat, que tenían que ver no solamente con la mensura de las 400 hectáreas donde se encuentra el recurso termal, sino también con erigir un complejo que comprendía un salón de usos múltiples, cabañas, piscinas, etc., pero también el gobierno provincial se había obligado a aportar las herramientas y medios necesarios para la elaboración de los estudios técnicos sin los cuales no podían concluirse con las obras que exigía en el contrato.
“Cuando Roanmat levanta el salón de usos múltiples -precisó de la Riva- aparecen los primeros acercamientos con la secretaría de Minería de la Nación a los fines de establecer el lugar exacto de donde provenía el recurso termal. Por ello se le pide a la firma que suspenda las obras porque antes de hacer el complejo había que saber fehacientemente dónde estaba el recurso”.
Así, aseguró, la empresa suspendió la ejecución de las obras para dar apoyo logístico a la secretaría de la Nación para que se hagan los estudios prospectivos.
El Gobierno se quedó con los estudios
“Lo increíble de toda esta historia es que la erogación de toda la logística requerida por los geólogos de la Nación fue aportado por Roanmat, mientras que la provincia se quedó con los estudios”, acusó el letrado.
“La empresa Roanmat hizo el camino, sostuvo económicamente a los geólogos -pagándole estadía, alimentos, el amojonamiento, etc- y el Gobierno se quedó con los estudios…”
Remarcó también que “esta voluntad de arrebatarle las termas a la empresa Roanmat no es algo que se le ocurrió al nuevo gobierno de la provincia, porque “ya el gobierno del Mopof se la quería arrebatar…”, y porque “le querían birlar el emprendimiento” no le dieron a la empresa los informes producidos por la secretaría de la Nación.
Ocurrió algo aun más grave, según el doctor de la Riva: “En el año 1994 sacaron un comunicado diciéndole a la población que no vayan a bañarse (a las termas) porque las aguas estaban contaminadas”. La empresa, no obstante, llevó adelante estudios por su cuenta para acreditar la falsedad de ese comunicado.
El problema de la mensura
Dentro de las obligaciones de la empresa se hallaba la de hacer una mensura de las cuatrocientas hectáreas que se le habían cedido para explotar el complejo.
El patrocinante de Roanmat aseveró que la firma pagó las mensuras al agrimensor Marc Rémy, pero el trabajo no pudo llevar a cabo porque el Gobierno no le daba los puntos de referencia desde donde tenía que medir el espacio fiscal.
Sin perjuicio de ello, Roanmat venía explotando el complejo como podía, con mucha precariedad porque no podía llevar adelante el desarrollo de la obra al no saber dónde se encontraban las surgentes, mientras que dicha información había sido ocultada.
Para comprender la verdadera dimensión de este negocio, se barajó durante la entrevista que, hubo un banco mejicano que había ofrecido 5 millones de dólares para realizar el desarrollo del recurso termal.
Por qué se anuló el contrato
La empresa había hecho la inversión, se había llegado a lo cierto de la importancia de este recurso, pero “la provincia no se lo quería dar porque desde antes se las quería birlar, y no lo pudo hacer el Mopof -por vergüenza- y estos, como son unos sinvergüenzas directamente lo hicieron”, subrayó.
Como no estaba hecha la mensura -que era una condición por parte del comodatario- el nuevo gobierno de la provincia resolvió (anuló) el contrato y le sacaron las termas…
De la Riva sostuvo que cuando el gobierno de Manfredotti llevó adelante este acto absolutamente arbitrario, hicieron los planteos administrativos bien fundados, con pruebas, etc. pero la idea -que a su juicio ya preexistía- era la de “robarle las termas a Reyes”.
El abogado sostuvo que todas las acciones administrativas fracasaron para obtener la anulación del decreto provincial que desadjudicaba el predio a la firma Roanmat, y agotadas todas las instancias se interpuso una demanda contenciosa para que se decrete la nulidad de la resolución del contrato de comodato.
En este trámite, dijo de la Riva, ofrecieron la totalidad de las pruebas documentales, además de las declaraciones del ex ministro (Mariano) Viaña, del agrimensor, del ex secretario de Turismo y de un ex jefe de Policía para que diera testimonio de la compra, por parte de la mutual policial Campolter a través de un subsidio otorgado por el mismo Gobierno provincial, del salón de usos múltiples que hoy es utilizado como un polideportivo de la fuerza policial en Ushuaia.
Para el abogado patrocinante el abuso de poder es evidente porque la misma Fiscalía de Estado “tuvo que hacer mutis por el foro en las audiencias, porque era absolutamente claro y meridiano que el acto llevado adelante por el nuevo Gobierno de la provincia era de arbitrariedad manifiesta”.
“Nosotros entendemos que si las cosas sigan así, para fin de año vamos a tener sentencia”, aseguró.
Confunden la cosa pública con lo privado
También señaló que “en el interín, no conformes con todo este despojo, el Gobierno llamó a convocatoria para que los privados presenten proyectos, diciendo que el Gobierno de la provincia les va a conceder, graciosamente, lo que no es de ellos, porque todavía está en litigio”.
El nivel de cinismo de este gobierno -para de la Riva- está en lo que le hace el gobierno a los particulares que presentan los proyectos: “Le dan los informes geológicos que le ocultan a la empresa Roanmat, que fue la que los pagó”.
Recordó que el pasado mes se presentaron con una escribana durante la apertura de sobre de dicha convocatoria -que no se hizo- para dejar en claro que cualquier inversión es a riesgo de ellos, “porque nosotros hemos impugnado a esta invitación”.
En tono más crítico, apuntó hacia los actuales gobernantes, indicando: “Son insaciable e increíbles. No respetan nada, no respetan los tiempos administrativos ni judiciales, piensan que la cosa pública es propiedad privada por eso disponen del avión, de los colectivos, del dinero. Tienen un concepto realmente incomprensible de lo que es la cosa pública”.
Una crítica constructiva
Finalmente, el doctor de la Riva hizo una “crítica constructiva” a los gobernantes electos del Frente de Unidad Provincial porque habiéndose creado varias comisiones de trabajos para la elaboración de proyectos, “no hicieron una comisión investigadora de todo este latrocinio que se cometió en la provincia… sería prudente hacerlo”, concluyó.
