El concejal de Somos Fueguinos Valter Tavarone hará valer tanto las disposiciones de la ley de acceso a la información pública como el articulado de la carta orgánica, para pedir que las costas de los juicios perdidos las paguen solidariamente los funcionarios que debían dar respuesta a los pedidos de informe y no lo hicieron. Aseguró que las normas establecen una responsabilidad solidaria de quien, en ejercicio de la función, lleva adelante acciones que perjudican al municipio. Ya hay un precedente en un juicio que patrocinó antes de ser concejal y ahora se suma la sentencia en contra por denegación de acceso a la información pública vinculada con la estructura del Estado.
Río Grande.- El concejal de Somos Fueguinos, Valter Tavarone fue consultado por Radio Provincia sobre los pedidos de informe que presentó y que no han sido respondidos, y su derivación a la justicia, que falló en contra de la municipalidad.
“Algunos pedidos han sido respondidos tardíamente y estamos requiriendo respuestas a pedidos de informe hechos a principio de este año. Otros pedidos siguen sin contestarse y seguimos evaluando la necesidad o no de ir a la justicia. En algunos asuntos que son de interés se sigue manteniendo el silencio de radio”, dijo.
“La justicia no es el ámbito natural para un concejal, porque corresponde seguir la vía administrativa con los pedidos de informe, lo que ocurre es que no son respondidos, o son respondidos muy tardíamente. Para tomar decisiones necesitamos respuestas más veloces, y hoy la respuesta más veloz la está dando la vía judicial”, explicó.
Respecto de quién paga las costas del juicio, si el Municipio o el funcionario responsable, dijo que “la ley prevé identificar al responsable de la demora en la contestación, a fin de que sea citado como tercero. Ahora por temas procesales se está corriendo traslado directamente a los entes públicos. Creo que el próximo paso en sede judicial es pedirle al juez que haga cumplir la ley en este aspecto, para tener identificado al funcionario y que sea responsable solidariamente”.
“En una eventual condena con costas a la Municipalidad, la ley de acceso a la información pública establece sanciones al funcionario y nuestra carta orgánica hace responsable penalmente, civilmente y administrativamente al funcionario que genera un daño a la municipalidad. Tenemos una doble cobertura en este asunto”, sostuvo.
Mencionó que ya existe un precedente cuando, antes de ser concejal, patrocinó a Ricardo Garramuño y Javier Branca. “En ese caso solicité a la sindicatura que identificara al funcionario responsable. Yo hice una presentación en 2024 y todavía está actuando la sindicatura, para que se haga cargo el funcionario y veremos qué resuelve. Las costas deberían ser soportadas por los funcionarios responsables”, reiteró.
Deuda con el Ushuaia Bureau
Por otra parte se lo consultó sobre los fondos que no han sido girados a la Agencia de Desarrollo Ushuaia Bureau y dijo que “hemos recibido información oficial del Ushuaia Bureau de los importes devengados en concepto de retención de las tasas comerciales. Una parte tiene que ser abonada por la municipalidad, como establece la normativa que rige el funcionamiento del Bureau. Nos encontramos con que los pagos no se hacen el 100% y que hay deudas que datan de febrero del año pasado. Sistemáticamente se van generando deudas, porque la municipalidad no está depositando lo que corresponde”, aseguró.
“El agravante es que las órdenes de pago son por el total exigible y, cuando se paga, no se paga el 100% del importe, con lo cual hay una irregularidad en el cumplimiento de la ordenanza de administración financiera”, agregó.
Recordó que “cuando se creó el Ushuaia Bureau, se acordó un porcentaje adicional a la tasa de actividad comercial y ese importe está fijado en la ley tarifaria. Por la normativa, la municipalidad se compromete a depositar en las cuentas del Bureau una suma equivalente a esa retención y es lo que el municipio viene omitiendo desde febrero del año pasado. Hoy hay un devengado de 357 millones de pesos y se pagaron 211 mil pesos”, precisó.
“Esto motivó que en los primeros días de abril nosotros hiciéramos una presentación en la sindicatura municipal, porque hay un incumplimiento de normas administrativas”, apuntó Tavarone.
Déficit de la UISE
También expresó su preocupación por el déficit de la UISE, que se puede inferir a partir de los recursos extraordinarios que está girando el municipio, que equivalen ya al 70% del presupuesto para todo el año. “Hay en trámite pedidos de informe hechos por otros bloques que conformamos la oposición que están pendientes de contestación. La situación de la UISE nos preocupa sobremanera, porque a fines del año pasado se firmó un convenio interadministrativo que supera los 800 millones de pesos mensuales. Si se multiplican por los 12 meses del año, da casi el 70% del importe total que presupuestamos el año pasado para el funcionamiento de la empresa”, indicó.
“Hace pocos días con otros bloques de la oposición enviamos una nota a la Secretaría de Finanzas para que responda qué importe se está dando como subsidio extraordinario por la UISE. En el último boletín oficial apareció publicada una cifra millonaria y tenemos información de que esto se viene haciendo sistemáticamente desde el mes de enero”, manifestó.
“Además sabemos que la UISE ha adquirido nuevas unidades para extender el servicio a la zona del Dos Banderas, pero no sabemos cómo se han comprado, dado que la empresa es deficitaria”.
La situación de las cooperativas (vinculadas con otras unidades de negocio de la UISE) también fue materia de consulta. “Tenemos en trámite un expediente y nos llama poderosamente la atención lo que se paga por hora a las personas que se desempeñan en las cooperativas. Se le paga una suma muy modesta, cuando el personal de las tareas de limpieza cobra por el convenio de empleados de comercio”, comparó.
“Entendemos que el superávit de esas unidades económicas de la UISE está bancado por las personas de las cooperativas y con eso se cubre el déficit del resto de las unidades económicas, en especial la de transporte de pasajeros. Tampoco se llega a cubrir del todo, si no, no estaríamos remitiendo permanentemente subsidios extraordinarios a la empresa. Son subsidios no reintegrables que van a financiar déficit”, precisó.
Advirtió que “una empresa del Estado no tiene que dar ganancias, pero tiene que ser lo más eficiente posible al menor costo, porque los subsidios los pagan todos los vecinos de Ushuaia. Hay que volver a analizar la ecuación económica de la empresa, porque el boleto no se ha incrementado y, si no aumenta el boleto o no se transportan más pasajeros, la municipalidad va a tener que subsidiar cada vez más el servicio”.
Costas del juicio Beban
Finalmente se le consultó sobre otro juicio perdido por el municipio, iniciado por la familia Beban, que involucra a 21 hectáreas. “Las costas son más que importantes y estamos al tanto de la situación. Sabemos que la parte actora ha hecho una presentación sobre los honorarios municipales, estimamos que la municipalidad ha impugnado esa liquidación y debe estar en la instancia de resolución judicial. Son cifras importantísimas y nos tiene preocupados, porque es un juicio de trascendencia que va a implicar un fuerte impacto en las finanzas del municipio”, concluyó.
