El secretario general de la seccional Río Grande de ATE negó estafas con la operatoria de 120 viviendas y aseguró que están en la provincia los 120 adjudicatarios. Remarcó que todos pasaron “el filtro” del IPV para llegar a obtener sus llaves y que corresponde al organismo estatal hacer el seguimiento y los controles. Mencionó un solo caso de un anuncio de venta, que corresponde a una persona a la que “le hackearon” el teléfono, pero no se concretó ninguna operación. También adelantó que enviará “varias cartas documento” a periodistas que han puesto en duda la transparencia del sindicato. Reconoció que durante tres años y medio desde que se entregaron las viviendas, los adjudicatarios no pagaron ninguna cuota ni tampoco los impuestos municipales, pero comenzarán a hacerlo a partir de la firma de un nuevo convenio con el IPV.
Río Grande.- El secretario general de ATE seccional Río Grande, Felipe Concha, dialogó con Radio Provincia sobre la denuncia de presuntas estafas con las 120 viviendas de ATE en Río Grande, y aseguró que no se concretó ninguna venta y que los 120 adjudicatarios están en la provincia.
“Es un tema muy importante para ATE, porque se hizo una gestión importante para lograr estas viviendas en 2018. Nosotros presentamos un proyecto en el gobierno de Rosana Bertone, para armar un fideicomiso entre el gobierno nacional, el gobierno provincial, el IPV y la Municipalidad de Río Grande”, recordó al programa ‘Buscando el Equilibrio’.
“Las viviendas se empezaron a construir y se entregaron en 2021, en plena pandemia, cuando estaba todo parado. Nosotros estábamos orgullosos de este plan de viviendas de ATE y en ese momento presentamos un listado al IPV de 120 afiliados. El seguimiento lo hizo el IPV, les pidió toda la documentación a los compañeros y de hecho se cayeron algunos porque hubo casos en que tenían terreno o casa en otra provincia y el IPV los dio de baja”, dijo.
“Se entregaron las 120 llaves a afiliados al sindicato de distintas áreas del gobierno y las viviendas están ocupadas. Lo que no sabe el IPV es si el ocupante es el titular o algún pariente. Ese seguimiento lo tiene que hacer el IPV”, aclaró.
“El IPV tiene que controlar porque ellos hicieron el filtro y vieron si se cumplían todos los requisitos para acceder a una vivienda, porque tienen que tener antigüedad en la isla, trabajo y ser afiliados al gremio. Nosotros lo único que hicimos fue pasar el listado con 120 afiliados a ATE y el filtro lo hizo el IPV”, reiteró.
“Nosotros por supuesto hacemos un seguimiento y vimos que alguno decía que tal persona no era el titular, sino el hijo o una sobrina. Nosotros alertamos al IPV, que ya hizo dos inspecciones y va a hacer una más. Yo le pedí inmediatamente a la presidente del IPV que si ellos notan en las visitas alguna irregularidad, hagan los trámites para dar la baja y sacarle la casa”, aseguró.
Consultado acerca de si tiene constancia de que las 120 viviendas están ocupadas, dado que en la inspección del fin de semana no respondieron los ocupantes de 70 de ellas, indicó que “nosotros en pandemia entregamos 120 llaves a los 120 titulares y el IPV sabe quiénes son. Por eso cuando tocan la puerta le piden el documento al que atiende. La presidente dijo que eran alrededor de ocho o nueve los que no eran titulares de la casa y se identificaron como caseros o cuidadores”.
Ninguna cuota paga
Respecto del pago de las cuotas, pasados más de tres años, reconoció que nunca se abonaron, pero no por responsabilidad de los adjudicatarios, y agregó que tampoco pagan los impuestos municipales. “Nosotros sabíamos que ellos no pagaban. El problema vino cuando el banco Tierra del Fuego intervino en esto. Los compañeros no querían que el banco les descontara la cuota por recibo de haberes, porque el IPV permite refinanciar la cuota al que no puede pagar. Vimos que el banco no iba a perdonar nada y tuve que hablar con el gobierno y con el IPV para pasar el cobro al IPV y que los compañeros puedan pagar una cuota accesible. No es que los compañeros no querían pagar”, manifestó.
“Después de tres años que no pagaban, por suerte se hizo cargo el IPV, pero no es culpa de los compañeros que no se pagara. Ahora van a firmar un convenio y queremos que paguen, así el IPV tiene oportunidad de hacer más viviendas para los vecinos a los que le hace falta”, señaló.
Ayer se reunió con la presidente Laura Montes y adelantó que “estamos analizando hacer una reunión con los 120 compañeros. Les vamos a explicar la situación y cómo estamos trabajando, para que ellos firmen un convenio con el IPV y empiecen a pagar”.
Un solo caso
En cuanto a los anuncios en redes sociales de venta de viviendas de esta operatoria, mencionó un solo caso de un adjudicatario que fue hackeado. “No tengo conocimiento de viviendas vendidas. Hay un whatsapp donde publicaba una persona que quería vender. El IPV lo llamó y según esta persona le habían hackeado su cuenta. Hasta ahora no se vendió ninguna y creo que es un delito venderlas, porque son viviendas sociales. Desde el sindicato tuvimos que hacer muchísimos trámites para lograr esto y salimos de nuestro rol para entrar en un camino social, porque vimos la necesidad de los compañeros que no tenían vivienda”, dijo.
“Queremos que los 120 paguen la vivienda y que vayan a vivir ellos. Tiene que vivir el que le entregaron la llave. Sabemos que los 120 están todos viviendo en la provincia. Los compañeros de ATE tenemos un grupo de whatsapp y estamos haciendo un seguimiento de todos. También les veníamos informando que estamos trabajando para que empiecen a pagar las cuotas. Ellos están totalmente de acuerdo con pagar y van a pagar los impuestos municipales como cualquier vecino. Hasta ahora no han pagado los impuestos porque no sabían adónde pagar, al no tener el título de la casa. Pagaban la luz y el gas solamente. En unos días más ya van a empezar a pagar”, reiteró.
Acciones contra la prensa
Por otra parte, dio a conocer que iniciarán acciones legales contra algunos periodistas. “Tener un techo es complicado en la provincia y en los medios se dicen muchas cosas. Estamos trabajando con los abogados y vamos a mandar varias cartas documento a algunos comunicadores. Es un tema muy sensible en el contexto que estamos viviendo y hablar de más no sirve, hay que hablar con la documentación en la mano. Dicen que esto es una estafa, pero no es ninguna estafa. Yo creo que hackearon un teléfono y dijeron que vendieron. Si hay una estafa, el que vende y el que compra son iguales, porque no se puede comprar una vivienda del IPV. Ninguna vivienda se vendió y están las 120”, aseveró.
“Yo estoy sorprendido por esta situación y por las declaraciones que hubo, porque nosotros veníamos trabajando en silencio desde la pandemia. Nosotros teníamos 240 terrenos y se hicieron 120 viviendas, faltan otras 120, porque tenemos 120 terrenos a nombre de ATE para otros afiliados. Estamos esperando la infraestructura de servicios y nosotros le estamos dando servicios y una ayuda social al afiliado. Nosotros queremos cuidar al afiliado y también que paguen la vivienda, no queremos que estén gratis. Hoy tenemos 2.200 afiliados en Río Grande y casi 6.000 en la provincia”, precisó.
Crisis de OSEF
Felipe Concha también se refirió a la crisis en la obra social y los proyectos en danza en la Legislatura. “Hay muchos compañeros que sufren los problemas de la obra social y esto no es de ahora. Esto viene de gobiernos anteriores. Ahora hay proyectos de todos lados y espero que hagan un solo proyecto que sea sustentable en el tiempo, no que sea un parche. Hay que poner responsabilidad adentro, que conduzcan el dinero de la obra social como corresponde y que no le den 20 pesos al que va derivado a Buenos Aires”, reclamó.
Con respecto al aumento de aportes sugerido por el Tribunal de Cuentas, descartó que los trabajadores puedan afrontarlo. “Nosotros defendemos al empleado público, que tiene un salario muy complicado. Muchos compañeros no llegan a fin de mes, el salario está bajo y, si hay que poner unos puntos más, que los ponga el que más cobra. Hoy el que trabaja en salud, en educación, en el escalafón seco o en la municipalidad, no puede poner un punto más. Acá hay muchos poderosos que cobran mucho, y que le saquen a ellos”, pidió.
“Sabemos que hay empleados que ganan bien y no me gusta nombrar a ninguno, pero ellos no tienen paritarias, se reúnen y acuerdan en una mesa salarial. Nosotros tenemos que ir arrodillarnos en la mesa paritaria para conseguir un aumento. Hay una inflación mentirosa, porque la remarcación de precios sigue y tenemos paritarias del 2 y el 3%. En la administración pública hay sueldos de 750 mil pesos y en la municipalidad un ingresante cobra 850 mil pesos. En salud un ingresante está en un millón doscientos mil pesos y en el escalafón seco cobran 780 mil pesos. En los entes descentralizados están cobrando un poco más, pero el proporcional de los aumentos salariales que se consigue en las paritarias es igual para todos”, sostuvo.
Agregó que “cuando dicen que ATE se olvida de los jubilados, es mentira, porque ATE discute todos los aumentos al básico. No queremos sumas fijas, sino aumentos al básico, para que sume la antigüedad, la categoría, el aguinaldo, y eso es lo que planteamos. Lo que le pedimos al gobierno y al intendente es que no cierren las mesas paritarias, que garanticen el aguinaldo en tiempo y forma y garanticen los sueldos en tiempo y forma”, concluyó.
