En un giro inesperado que provocó el festejo alborozado de la bancada kirchnerista, el Senado rechazó anoche el proyecto de ley de Ficha Limpia, norma que buscaba impedir ser candidatos a cargos electivos y funcionarios públicos nacionales a quienes tengan una condena confirmada en segunda instancia por delitos de corrupción contra la administración pública. El proyecto de Ficha Limpia que impulsaba el Gobierno de Javier Milei obtuvo 36 votos positivos, 35 negativos, 0 abstenciones, pero necesitaba 37 adhesiones para ser aprobado. Los misioneros Arce y Rojas Decut bloquearon la ley junto al kirchnerismo. La norma impactaba de lleno en la estrategia electoral de Cristina Kirchner.
Buenos Aires.- En una sesión que fue menos tensa de lo que se esperaba en la previa y sorprendió en el último minuto, el Senado rechazó esta noche la ley de Ficha Limpia: la iniciativa obtuvo 36 votos y no llegó a la mayoría absoluta (37). Es que, al rechazo anticipado del kirchnerismo, se sumaron los misioneros renovadores -no massistas- Carlos Arce y Sonia Rojas Decut.
Para el fracaso de la iniciativa fue clave la vuelta de campana de los senadores del Frente Renovador de Misiones, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, que hasta ayer sostenían que iban a apoyar la iniciativa pero que, de manera sorpresiva, terminaron votándola en contra. Ninguno de los dos legisladores habló durante las casi siete horas que duró la sesión.
Así, la votación terminó con 36 votos a favor y 35 en contra. Como Ficha Limpia es una reforma electoral, la Constitución exige la mayoría absoluta de los miembros de ambas cámaras legislativas, que en el caso del Senado son 37 votos afirmativos.
La norma implicaba la modificación de las reglas de elegibilidad para los candidatos a cargos públicos y bloqueaba a quienes tengan una condena confirmada en segunda instancia relacionada con delitos contra la administración pública, como el caso de Cristina Kirchner, quien de esta manera continúa con la posibilidad de una postulación nacional, salvo que decida presentarse como candidata provincial en la compulsa bonaerense.
La ley englobaba los “delitos de fraude en perjuicio de la administración pública contemplado en el artículo 174, inciso 5 del Código Penal”. También, a los “delitos previstos en los capítulos VI-Cohecho y tráfico de influencias, VII-Malversación de caudales públicos, VIII-Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, IX-Exacciones ilegales, IX bis-Enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados, y XIII-Encubrimiento, todos ellos contemplados en el título XI-Delitos contra la administración pública, del libro segundo del Código Penal”.
Además, quedaban comprendidos en el frustrado mecanismo “todo otro delito doloso contra la administración que conlleve enriquecimiento que sea dispuesto de conformidad con lo establecido en el artículo 36 de la Constitución”.
Este punto fue uno de los criticados en la previa e incluso en el recinto, en cuanto a la falta de delitos que tendría que incorporar una norma de este tipo. Tras un inicio de debate con poco vuelo, con las intervenciones a favor de la peronista disidente Alejandra Vigo -miembro informante como titular de la comisión de Asuntos Constitucionales-; y en contra, de la cristinista Silvia Sapag -más ocupada en criticar al Poder Judicial-, la radical Mariana Juri bajó el tema tierra.
El proyecto ensanchó la grieta
Los miembros del bloque de Unión por la Patria consideraron que la propuesta es inconstitucional porque representa una intromisión de la justicia en la política y aseguran que tiene como único objetivo proscribir a Cristina Fernández de Kirchner. El oficialismo, con impulso de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y los provincialistas, entendieron en sus intervenciones que se acrecienta la transparencia institucional y que se ofrece un mensaje a la sociedad. Los misioneros, habituales aliados de Casa Rosada, no participaron.
En la previa, algunos trascendidos apuntaban que el proyecto no era prioridad de Casa Rosada y no se descartaban cambios de posturas de último momento. Se especuló, en ese marco, con la alternativa de que algún senador -en representación de su gobernador y con previo acuerdo con el Ejecutivo- introduzca alguna modificación al texto para que este vuelva a la Cámara Diputados y así dilatar su sanción definitiva. Esta versión provocó que múltiples senadores remarquen que acompañarían el proyecto tal como había sido presentado y abrieron la posibilidad a implementar cambios en próximas instancias.
Otros trascendidos apuntaban a que de sancionarse la ley de Ficha Limpia, la principal rival del Gobierno -Cristina Kirchner- no podría ser candidata a nivel nacional, lo que le complicaba a La Libertad Avanza la posibilidad de polarizar el discurso de campaña y así desdibujar cualquier oferta centrista. Hubo señalamientos también de que el oficialismo deseaba evitar su sanción para no sumarle créditos a Silvia Lospennato, impulsora de la propuesta y candidata del PRO en la ciudad de Buenos Aires, donde habrá una férrea batalla con la lista libertaria para conseguir los votos del mismo electorado. Sin embargo, todo quedó enterrado tras la votación final.
Sesión en el Senado: caso $LIBRA, embajadores y Bahía Blanca
Durante el debate, se aprobó por unanimidad (64 votos, ante las ausencias) el proyecto que declara zona de emergencia y en situación de catástrofe durante 180 días a los municipios de Bahía Blanca y Coronel Rosales por el temporal de marzo. El proyecto, de autoría de la senadora de Unión por la Patria, Juliana Di Tullio, difiere del aprobado en Diputados en marzo -de Victoria Tolosa Paz, del mismo partido-. Por lo tanto, ahora la iniciativa tiene que volver a votarse en la Cámara baja.
Además, al inicio de la sesión, Unión por la Patria intentó tratar sobre tablas la interpelación a dos funcionarios del Poder Ejecutivo, para que respondan respuestas en torno al caso $LIBRA: Karina Milei y Luis Caputo. “Los que quieren votar Ficha Limpia son los mismos que no quieren hablar del caso $LIBRA”, justificó el jefe del bloque, José Mayans, en la previa a la sesión. La propuesta no se concretó: se requería del acompañamiento de dos tercios del recinto pero en ambos casos reunió 35 votos a favor y 34 en contra.
En un acto protocolar, los senadores apoyaron de manera unánime, con 55 votos a favor, los pliegos del Poder Ejecutivo para designar a Alejandro Oxenford y Wenceslao Bunge Saravia como embajadores argentinos ante Estados Unidos y España, respectivamente.
Senado debatió Ficha Limpia
Entre las voces de la UCR se escuchó al catamarqueño Flavio Fama quien analizó que la «clase política tiene que recuperar la credibilidad» y por eso «Ficha Limpia no tiene que ser un botín de guerra»: «Debe ser un gesto de madurez política frente a la sociedad que permanentemente nos rechaza y nos desconoce». «Evitar que participen de las elecciones aquellos que han sido condenados es un gran paso para caminar hacia una Argentina decente y honesta», concluyó.
Luego, el sanjuanino Bruno Olivera Lucero (La Libertad Avanza) «es un reclamo legítimo, urgente y sostenido de la sociedad» que «durante años chocó contra obstáculos de la política, falta de interés y maniobras para tratar de frenarla». «La figura del doble conforme resuelve el dilema que hay entre la presunción de la inocencia y proteger el interés público. Es un equilibrio justo y constitucional. Esta no es una ley que busca proscribir a alguien». planteó.
Dentro del PRO, la porteña Guadalupe Tagliaferri remarcó que «este proyecto es el resultado de la lucha de miles de argentinos que creen que la política debe ser ejemplo de compromiso, y no la excepción. Este proyecto va a mejorar la calidad de nuestra representación política, porque en definitiva es un mensaje claro que podemos dar: no da lo mismo ser corrupto que no serlo». «Ficha Limpia representa un límite ético, porque el límite moral no los impidió a cometer actos de corrupción», añadió.
Como parte del peronismo, la jujeña Carolina Moisés calificó a la ley como «una gran estafa para la sociedad argentina: los delincuentes que manejan el poder real jamás tendrán una sentencia, mientras se esconden detrás de un eslogan o de un juez. Con este proyecto le estamos dando aún más discrecionalidad a los jueces para actúen dentro del sistema político a su voluntad». A su vez apuntó que «este proyecto multiplica la judicialización de la política y la corrupción en un sistema que está enfermo. El filtro moral se atraviesa a través de pueblo y voto». «Ninguno de ustedes quieren esta ley. Todos creen que es horrible», añadió en su cierre la bonaerense Juliana Di Tullio.
Ficha Limpia: qué decía el proyecto
El proyecto de Ficha Limpia contemplaba que no puedan ser candidatos o funcionarios quienes hayan sido condenados en segunda instancia por delitos dolosos vinculados a la corrupción como cohecho y tráfico de influencia, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, exacciones ilegales, enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados y encubrimiento.
El proyecto preveía que se aplique únicamente en aquellos casos en que la sentencia condenatoria resulte confirmada por un órgano judicial de instancia superior, hasta su eventual revocación o cumplimiento de la pena correspondiente, y siempre y cuando la confirmación de la condena se produzca con anterioridad al comienzo del plazo establecido en el artículo 25° del Código Electoral Nacional. Según el mismo, los padrones provisorios deben presentarse 180 días antes de la elección general. «La inelegibilidad regirá desde la fecha de la sentencia hasta su eventual revocación o hasta el cumplimiento de la pena correspondiente», plantea el proyecto.
La propuesta también excluía a la posibilidad de ser funcionarios del Ejecutivo: «No podrán ser designadas como jefe de Gabinete de Ministros, ministros, secretarios, subsecretarios, autoridades de entes y organismos descentralizados e instituciones de la Seguridad Social, integrantes de cuerpos colegiados, personal diplomático […], ni como directores de empresas o entes con participación estatal de cualquier clase; ni, en general, podrán ser designadas para ejercer funciones equivalentes a estos».
Actualmente, la Ley 23.298 – de Partidos Políticos – ya limita a quienes pueden ser candidatos a cargos electivos. En detalle, el listado está compuesto por “los excluidos del padrón electoral como consecuencia de disposiciones legales vigentes”.
El criterio para excluir personas del padrón electoral está fijado en el Código Nacional Electoral, que excluye a los “condenados por delitos dolosos a pena privativa de la libertad” mientras dure la condena. Por otro lado, también se prohíbe ser candidatos al personal superior y subalterno de las fuerzas armadas y de seguridad, los magistrados, los directivos de compañías concesionarias de servicios públicos y las personas con procesamiento o condena por crímenes de lesa humanidad.
