El concejal del MPF Vladimir Espeche se refirió al fallo que perdió la Municipalidad de Ushuaia en la causa Beban y la regulación de honorarios al abogado de la familia, por la cual el municipio tendrá que pagar más de 2.900 millones de pesos. Con respecto a la eliminación de aranceles, reclamó al gobernador una convocatoria y consideró que ya debería estar todo el arco político reunido para buscar una alternativa ante el anuncio de la eliminación de aranceles de importación. Dijo que la decisión depende del gobernador y reclamó la convocatoria. También defendió el destino de la ampliación de 9500 millones del presupuesto municipal, dado que buena parte irá a sueldos, porque no figuraban los aumentos en el presupuesto municipal y los salarios están por debajo de la línea de pobreza.
Río Grande.- El concejal Vladimir Espeche (MPF) se mostró “muy preocupado por la situación que está viviendo la provincia”, tras el anuncio de la eliminación de aranceles de importación. “He ocupado un cargo en la cartera laboral y sé que cualquier modificación que se produce en nuestras industrias afecta considerablemente al sector laboral. Hay muchas familias preocupadas, no está el decreto todavía y eso genera mayor miedo en el trabajador. Muchas veces una familia entera trabaja en la fábrica, y toda la familia está angustiada por no saber si va a tener continuidad laboral. Esta situación de incertidumbre produce mucho miedo en muchos integrantes de nuestra comunidad”, dijo al programa ‘Buscando el Equilibrio’ por Radio Provincia.
“Acá la gran responsabilidad es del gobierno provincial y espero que el gobernador convoque a todo el arco político, porque todos estamos preocupados. Tendríamos que estar todos reunidos, enfocados en esto. La obligación de cada servidor público es velar por nuestra provincia, defender nuestra matriz productiva y no salimos adelante si no nos reunimos todos”, manifestó.
Reiteró que “es una decisión del gobernador y él sabrá por qué convoca o no. Creo que hay que dejar de lado posiciones partidarias y mezquindades personales, porque todos estamos preocupados y abocados a lo que está sucediendo. Ya tendríamos que estar reunidos para que cada uno desde su lugar pueda aportar un granito de arena en beneficio de todos los trabajadores”.
Ampliación de presupuesto para sueldos
El concejal acompañó la aprobación de la ampliación del presupuesto municipal en 9.500 millones y defendió que una parte esté destinada a salarios. “En nuestro rol de concejal no podemos poner palos en la rueda a la gestión municipal. Es un rol importante de los concejales controlar en qué se aplican los recursos y cómo se desenvuelve la actividad de la municipalidad”, señaló.
“Lo que sucede es que no estaban contemplados los aumentos salariales en el presupuesto que se aprobó el año pasado y creo que inyectar recursos para que el municipio afronte pagos de salarios es importante. Creo que los aumentos que se vienen dando no son acordes a la realidad que estamos viviendo. Los trabajadores municipales están bajo la línea de pobreza y entiendo que las entidades sindicales, cuando se reúnen en paritarias, tienen que buscar un mayor ingreso para los trabajadores. Estamos hablando de menos de un millón de pesos, con la crisis que estamos viviendo. Los sueldos quedaron desactualizados hace mucho tiempo y en las paritarias tendría que ponerse más énfasis en las necesidades que tienen los trabajadores. Un aumento del 2% me parece muy poco”, sostuvo.
Consultado sobre el proyecto que declara persona no grata al diputado Ricardo Garramuño y al diputado Santiago Pauli, tomó distancia y expresó que “no me gusta hacer declaraciones de este tipo en general. Nosotros estamos sometidos a la elección popular y las acciones de nuestro mandato se resuelven a través del voto. Hasta el momento no he acompañado ninguna declaración, tampoco cuando se planteó contra el presidente y es una cuestión personal mía”.
Por otra parte, destacó que de las acciones judiciales iniciadas por la falta de respuesta a los pedidos de informe, “muchas se volvieron abstractas al haberse brindado la contestación y me vienen contestando muchos pedidos”.
Honorarios por la causa Beban
Con respecto al fallo que perdió la Municipalidad de Ushuaia en la causa Beban y la regulación de honorarios al abogado de la familia, por la cual el municipio tendrá que pagar más de 2.900 millones de pesos, dijo que “estamos al tanto y es un juicio que llegó hasta el Superior Tribunal de Justicia, que hizo lugar a una usucapión. Salió a favor de la familia Beban y se impusieron las costas. Hay una regulación de honorarios que todavía no está firme. En primera instancia se estableció esa suma, pero está apelada la sentencia en Cámara y no sabemos si puede aumentar o no. Tanto la parte actora como la demandada apelaron y puede aumentarse o puede disminuir. Es un monto muy importante que va a afectar a las arcas del municipio y a la gestión del municipio. Hay que esperar lo que se resuelva en la Cámara y si irá a casar dicha sentencia ante el Superior Tribunal”, indicó.
“Todavía queda un plazo para que se resuelva. La regulación de honorarios es un derecho que corresponde y las costas están fijadas, así que va a ser un monto que va a repercutir en las arcas municipales”, advirtió.
“Es una causa que pasó por muchas instancias y, de prosperar la regulación de honorarios con los montos que estamos hablando, van a ser recursos que se tenían que destinar a obras o a pagar salarios, y va a haber una disminución de los ingresos de la municipalidad. En esto no interviene el Concejo Deliberante”, aclaró.
Cabe señalar que la causa está caratulada como “BEBAN, Sara Ester c/MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE USHUAIA s/ USUCAPION” y, respecto de los honorarios, “la Municipalidad de Ushuaia, a través de su apoderado y letrados patrocinantes, impugnó la tasación arrimada por la parte actora. En síntesis, sostiene que la base regulatoria de este proceso está definida, en realidad, por el valor fiscal del inmueble objeto del juicio”, dice el escrito.
“El Dr. Claudio FERNANDEZ entiende que debe ser el valor de mercado y la MUNICIPALIDAD DE USHUAIA entiende que debe ser el valor fiscal. Para el caso de que las partes no acuerden el valor del bien inmueble de que se trate, lo que se impone es su valor venal o real de mercado, excluyendo con ello otro tipo de estimaciones, como las valuaciones fiscales”, se indica.
La tasación se estableció en “PESOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON SESENTA CENTAVOS ($58.574.894.250,60)” y sobre esa base se deben fijar los honorarios.
“Si tomáramos la escala del dieciocho por ciento (18%) aplicada sobre la base regulatoria, conforme los cálculos correspondientes y por intervenir en todas las etapas del proceso, los honorarios en favor del Dr. FERNANDEZ ascendería a la cantidad total de 174.364,63 IUS, equivalente al día de la fecha a la suma de $ 10.543.480.965,10. Además, toda vez que el Dr. FERNANDEZ intervino como apoderado -art. 31 inc. e) de la Ley N° 1384-, a dicha suma se le adicionaría el 40%; esto da como resultado la cantidad de 69.745,85 IUS, equivalente a $ 4.217.392.386,04. Teniendo en cuenta dichos parámetros correspondería regular a favor del interesado la cantidad de 244.110,48 IUS que equivalen al día del dictado de la presente resolución a la suma de Pesos Catorce Mil Setecientos Sesenta Millones Ochocientos Setenta y Dos Mil Quinientos Cuatro con 64/100 ($ 14.760.872.504,64). Como podrá advertirse la suma antes indicada -$ 14.760.872.504,64.- resulta a todas luces exorbitante”, opina el magistrado.
Por esto se remite al código civil y comercial, que sostiene que “si la aplicación estricta de los aranceles locales conduce a una evidente e injustificada desproporción entre la retribución resultante y la importancia de la labor cumplida, el juez puede fijar equitativamente la retribución”.
“Nos encontramos ante un proceso sumario que fue iniciado el día 17 de abril de 2017 en el cual el Dr. FERNANDEZ desarrolló su tarea profesional durante todas las etapas del proceso, obteniendo una sentencia que determinó el traslado del dominio de un predio de grandes dimensiones en favor de su mandante. En consecuencia, se regula a favor del Dr. FERNANDEZ la cantidad de 48.822,09 IUS, lo que al día de la fecha asciende a la suma de Pesos Dos Mil Novecientos Cincuenta y Dos Millones Ciento Setenta y Cuatro Mil Quinientos con 92/100 ($ 2.952.174.500,92), dictaminó el juez Gustavo González, juzgado de primera instancia en lo civil y comercial N°2, distrito judicial sur.
