El secretario Legal y Técnico de la Municipalidad de Tolhuin, Alexis Solís, hizo un balance de la sesión en la que fue interpelado por el cuerpo de concejales y planteó la nulidad absoluta del procedimiento, con el argumento de que estuvo mal llevado a cabo, por lo que decidió comparecer por una cuestión de “buena voluntad”. Ante el pedido de más presupuesto, planteó que están incumpliendo con la normativa que ellos mismos aprobaron, como la adhesión a la ley de responsabilidad fiscal. “Hubo una violación sistemática de normas que tienen que ver con la aplicación de lo presupuestario”, aseguró.
Río Grande.- Este lunes 6 de octubre el Concejo Deliberante de Tolhuin realizó una sesión especial en la que se llevó adelante la interpelación al secretario Legal y Técnico del Municipio, Alexis Solís. La convocatoria tuvo como objetivo principal abordar la falta de respuestas a diversos pedidos de informe, aclarar declaraciones públicas recientes y dialogar sobre decisiones del Ejecutivo que han generado inquietud en el ámbito institucional.
En un balance del encuentro, Solís señaló al programa ‘Buscando el Equilibrio’ por Radio Provincia que “tardó un poco más de tres horas y media la interpelación, antes de que comenzara presenté un recurso de reconsideración, solicitando la nulidad absoluta del procedimiento, porque estaba mal llevado a cabo el proceso previo y la notificación. Así y todo, comparecí al recinto y esgrimí que la sesión era de nulidad absoluta, porque no cumplía con los requisitos necesarios según la ordenanza 661”, dijo.
“Eso generó malestar y hubo idas y vueltas hasta que pudimos sentarnos a hablar. Yo manifesté que estaba allí, no en carácter de interpelado, sino que iba a poner claridad sobre los temas presupuestarios y otros temas que estaban en la resolución que cuestioné administrativamente”, informó.
“Nosotros hicimos la observación de que estaban transgrediendo la ley nacional 25917, a la que se adhirió a través de la ordenanza municipal 473. Tres de los cinco concejales que estaban ahí la aprobaron y ellos mismos desconocieron el instrumento y la obligación que asumieron”, señaló sobre la adhesión a la ley de responsabilidad fiscal.
“En mi escrito hice la fundamentación de estas cuestiones y no sólo eso, sino que le entregué documentación al prosecretario legislativo, a los periodistas presentes y a los vecinos. Ellos no sólo hicieron uso de los recursos por más de 1.820 millones de pesos, sino que hay otra cuestión de fondo: ellos están incumpliendo la responsabilidad fiscal cuando exceden el pedido de mayor presupuesto, que debe estar justificado”, subrayó.
“Hay otras herramientas que ellos fueron generando en el Concejo Deliberante y atacamos el instrumento porque hubo una violación sistemática de normas que tienen que ver con la aplicación de lo presupuestario. Por ejemplo, el artículo 67 de la Constitución Provincial, dice que toda erogación debe estar fundamentada y decir de qué recurso se va a sacar. También se transgrede la ley número 6, porque el municipio no tiene carta orgánica y, al no tenerla, nos regimos por la ley 6 de contabilidad y por la ley 236. La ley 236 expresamente hace mención a que los recursos deben ser justificados y decir de dónde va a salir el recurso para dar cumplimiento a la norma, y esto no ocurrió”, sostuvo el funcionario.
“El gasto de 180 mil millones ocurrió, no es que estoy diciendo un disparate. Ellos tenían la ordenanza 673 con un presupuesto vigente de un poco más de 1.820 millones y al mes de agosto ya no tienen recursos. Por eso mismo nosotros remitimos al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza modificando las partidas, es decir, haciendo un movimiento permutativo de partidas para colocar recursos dentro de una partida vacía, para que después ellos puedan dar cumplimiento a los gastos que tienen. Hay un gasto de funcionamiento de la institución, un gasto de salarios de los trabajadores, el gasto de la dieta de los concejales, porque merecen recibir su remuneración”, detalló.
“Ellos tienen plantas permanentes, contratos transitorios y demás gastos por decreto. Por ordenanza municipal ellos tienen autonomía. Si ellos dicen que para este mes necesitan 240 millones, yo los transfiero. Después como institución tienen el deber de saber en qué van a gastar esos recursos. Yo no digo que los malgastaron, sino que tienen que tener control de la partida que están utilizando”, planteó.
Consultado sobre la cantidad de asesores, dijo que “desde la municipalidad no tenemos información de cuántos asesores tienen los concejales. El Concejo tiene un poco más de 100 empleados entre planta permanente y contratados. Un concejal está ganando su dieta más gastos de representación y luego tienen una unidad de bloque. Deben estar cobrando cinco o seis millones de pesos, pero desconozco el valor exacto de cuánto ganan”.
“Obras no están haciendo y tienen gastos de alquiler de un solo edificio, porque hay otro que le presta el municipio, después tienen pautas publicitarias. En la resolución 62 ordenan de manera inmediata el pago del gasto del Concejo Deliberante y adjuntan cuatro hojas. Vemos una falta de técnica legislativa, porque el instrumento está mal redactado y adjuntan cuatro notas de un área del Concejo Deliberante al presidente”, concluyó.
