El legislador del bloque Provincia Grande respaldó los cambios a la normativa que regulaba la salmonicultura en Tierra del Fuego. Aseguró que la ley anterior era “restrictiva”, negó un cambio de postura y sostuvo que la acuicultura sostenible es una oportunidad para generar empleo en un contexto de fuerte crisis económica y social.
Río Grande. -El legislador provincial Matías Lapadula se refirió a la reciente modificación de la Ley 1.355, que hasta ahora prohibía de manera estricta la salmonicultura en la provincia. En ese marco, reconoció que se trata de un tema “controversial” y atravesado por fuertes posiciones contrapuestas, pero advirtió que los extremos no aportan soluciones.
“Claramente es un tema controversial, es un tema que genera mucho ruido. Hay muchos extremos y la verdad es que no todos los extremos son buenos, no todo es blanco o negro”, sostuvo por FM del Pueblo. En ese sentido, remarcó que “la normativa anterior restringía y prácticamente prohibía una actividad que podía ser y puede ser una gran oportunidad de desarrollo para la provincia de Tierra del Fuego, obviamente con los controles de parte del Estado para proteger nuestro ambiente”.
Críticas a la ley anterior y defensa de la modificación
Lapadula explicó que su postura crítica hacia la Ley 1.355 no es nueva y que siempre consideró necesario modificarla. “Yo siempre consideré que la ley 1.355 era restrictiva, que impedía el desarrollo de una actividad como es la acuicultura, en su caso la piscicultura, y creo que siempre dije que había que modificarla, pero dentro de ello, había que hacerlo con todos cuidados y así se hizo”.
Según el legislador, la nueva norma busca compatibilizar desarrollo productivo y cuidado ambiental. “El objetivo principal era proteger el Canal Beagle, proteger los lagos, los ríos y nuestras bellezas naturales, y a partir de ahí permitir que esta actividad se pueda llevar adelante de manera sostenible”, explicó.
Crisis económica y necesidad de generar empleo
Uno de los ejes centrales de su argumentación fue la situación social y laboral de la provincia, particularmente en la zona norte. “Nosotros estamos viviendo una situación de crisis tremenda. Río Grande va a ser una de las ciudades con mayor desempleo del país, entonces tenemos que empezar a ver cuáles son las oportunidades que tenemos”, advirtió.
En ese contexto, sostuvo que los recursos naturales deben ser considerados una oportunidad. “Los recursos naturales son oportunidades que están para ser desarrolladas, no nos podemos negar a eso”, señaló, y agregó que la provincia necesita “empezar a abrir oportunidades de inversión y generar desarrollo genuino”.
Prohibiciones claras y límites a la actividad
Lapadula fue enfático al aclarar los alcances de la ley modificada y desmintió versiones sobre posibles instalaciones en zonas sensibles. “En el Canal Beagle está explícitamente prohibida la instalación de cualquier producción de salmones. Ahí no hay discusión alguna”, afirmó.
También precisó que “en lagos y lagunas está prohibido” producir directamente, aunque sí se autoriza el uso de agua bajo sistemas cerrados. “Se permite el uso consumitivo de agua para sistemas como el método RAS, pero no hacer producción directamente en los cursos de agua o espejos de agua”, explicó.
Experiencia previa y cambios incorporados a la ley
El legislador recordó su paso por el Ejecutivo municipal y citó un proyecto concreto que no pudo avanzar por las restricciones de la ley anterior. “Cuando estaba a cargo de la Secretaría de Desarrollo Productivo trabajamos en un proyecto de producción de trucha arcoíris y lo que nos restringió fue justamente esta ley. Un tope de 50 toneladas no permitía recuperar la inversión”, señaló.
Además, destacó que varias de sus propuestas fueron incorporadas al texto final. “Se incorporaron cupos para productores locales y artesanales, que se destine parte de la producción al consumo local, vinculándolo con la soberanía alimentaria. Son incorporaciones que se hicieron a partir de mis sugerencias”, indicó.
Impacto ambiental y rol del Estado
Ante las preocupaciones por el impacto ambiental, Lapadula aseguró que el tema fue central en el debate legislativo. “Si no hubiésemos tenido en cuenta el impacto ambiental, esta ley hubiese salido enseguida. Nos tomamos todo este tiempo justamente porque todos estamos preocupados por eso”, afirmó.
Sin embargo, remarcó que toda actividad humana genera impacto. “Cualquier actividad del hombre genera impacto ambiental. La obligación nuestra es exigir el cumplimiento de todas las normas para que ese impacto sea el menor posible”, subrayó, y definió a la ley como “una herramienta” cuyo uso dependerá del control estatal.
Inversiones, empleo y críticas al enfoque “antiempresas”
Consultado sobre los posibles beneficiarios de la norma, Lapadula rechazó la idea de que se trate de una ley hecha a medida de una empresa en particular. “A mí no me importa si las inversiones las hace Newsan, Mirgor o vienen de otro lado. Lo que necesito es que vengan inversiones, que se invierta en la provincia y que se genere empleo de calidad”, afirmó.
En esa línea, sostuvo que “no hay empleo si no hay inversión, y no hay inversión si no hay una empresa detrás que quiera tener una ganancia. Tenemos que terminar con esa dicotomía entre intereses empresariales y sociales”.
Una actividad en expansión y una apuesta a largo plazo
El legislador destacó además el crecimiento global de la acuicultura. “Es la actividad que más está creciendo en el mundo, a tasas del 10 al 12% anual”, explicó, y la diferenció de la pesca tradicional. “La acuicultura es todo lo contrario a lo extractivo: yo cosecho lo que cultivo”, remarcó.
Finalmente, insistió en que la modificación de la ley es solo un primer paso. “Es un avance importantísimo y es un avance que necesitamos. Ahora hay que controlar, mejorar la norma y trabajar para que las inversiones se hagan de manera sostenible”, concluyó.
