Rodrigo Espinosa confirmó que la Justicia avaló plenamente el accionar de la empresa, destacó que la gran mayoría de los usuarios paga pese al contexto y advirtió que el camino hacia el corte es “largo pero inevitable” si no hay respuesta.
Río Grande.- El director de Relaciones Institucionales de Camuzzi Gas del Sur, Rodrigo Espinosa, explicó en detalle el alcance de los fallos judiciales en Tierra del Fuego que terminaron por confirmar la potestad de la empresa para aplicar los cuadros tarifarios vigentes y avanzar con cortes de suministro en casos de falta de pago.
En una entrevista con AIRE LIBRE FM, defendió el esquema actual, resaltó el nivel de cumplimiento de los usuarios y detalló el proceso que atraviesa un cliente antes de llegar a la interrupción del servicio.
“En Tierra del Fuego hubo una medida judicial en 2024 que interrumpió la aplicación de los cuadros tarifarios que el Estado nacional había instrumentado en el resto del país”, comenzó explicando, al tiempo que agregó que “esa situación, indicó, derivó en una apelación por parte de la empresa que terminó tramitándose en el juzgado federal de Comodoro Rivadavia”.
“En una primera oportunidad se resolvió que la empresa estaba legitimada a aplicar los cuadros tarifarios aprobados oportunamente, y quedaba en suspenso una definición de fondo respecto a los cortes por falta de pago”, precisó.
Sin embargo, esa discusión se saldó tiempo después y en “esa segunda instancia se resolvió finalmente en diciembre de 2025, donde la justicia dejó firme la sentencia”.
Impacto es directo y concreto
“Hoy no solo Camuzzi está legitimada para aplicar esos cuadros tarifarios, sino también para proceder a instrumentar cortes por falta de pago”, afirmó Espinosa.
Y resumió el escenario actual, señalando que “la compañía está operando con total y absoluta normalidad en lo que implica aplicar tarifas y gestionar el cobro”.
Tras esa definición judicial, la empresa activó una “estrategia de comunicación con los usuarios, donde en enero emitimos una comunicación notificando que había quedado firme la sentencia e invitando a regularizar la situación”, explicó.
Según detalló, el “alcance de estas notificaciones fue masivo, el 99% de los usuarios están hoy digitalizados con Camuzzi”.
El objetivo, sostuvo, es “evitar llegar a instancias extremas porque para nosotros lo importante es que el usuario tome contacto con la compañía y manifieste intención de regularizar la deuda, el peor escenario es el que no se comunica y avanza hacia el corte”.
En ese sentido, Espinosa destacó un dato que considera central que es que “pese a la vigencia de la medida cautelar que impedía cortes, el gran universo de usuarios pagó su factura”.
Incluso interpretó ese comportamiento, manifestando que “entendían que era una situación de corto plazo que en algún momento se iba a resolver”.
Números que refuerzan esa lectura
“Usuarios que deben más de cuatro facturas representan apenas el 1% o 1,2% de la base total”, subrayó y agregó que “hay un universo muy grande, casi la totalidad, que abonó su factura al día”.
Aun así, reconoció que “existen casos de mora, aunque pidió diferenciarlos”.
“No necesariamente una gestión de mora implica que el usuario no quiera pagar, puede haberse olvidado, traspapelado la factura o pensado que ya la había abonado”.
Por eso, el proceso previo a un corte es “extenso y gradual, desde el vencimiento de la factura hasta el corte formal pasan muchos estadios”, explicó.
En esa etapa, la “empresa despliega múltiples instancias de contacto, nos hemos comunicado hasta 12 veces por correo electrónico con algunos usuarios, notificando la deuda y advirtiendo sobre posibles cortes”.
Estas comunicaciones forman parte de una “estrategia apoyada en tecnología, la ventaja es que podemos gestionar mucha comunicación previa al corte, buscando que el usuario regularice su situación o solicite un plan de pago”.
“Solo cuando no hay respuesta se avanza hacia la fase final”, sostuvo, al tiempo que explicó que “si todo ese proceso, que lleva semanas, no tiene respuesta, se inicia la instancia de notificación fehaciente”, detalló.
Además, agregó que “esto implica visitas al domicilio, se hacen al menos tres intentos en días y horarios distintos”.
Incluso contemplando escenarios de evasión, “si el usuario no recibe al correo, se deja constancia detallada de la vivienda y de los intentos realizados”.
Recién entonces, explicó, que “se procede formalmente a la interrupción del suministro”.
Espinosa insistió en que “se trata de una última instancia, es la etapa final que buscamos evitar”.
Y remarcó que “todo el esquema apunta a facilitar el cumplimiento, se busca que la comunicación intermedia sea la que garantice el pago o acerque al usuario a regularizar”.
En definitiva, el directivo trazó un panorama de normalización tras meses de incertidumbre judicial, con una empresa que recuperó herramientas clave y un nivel de cumplimiento que, según remarcó, se mantiene alto incluso en un contexto complejo.
