El camarista Andrés Leonelli logró un fallo que obliga a Google a devolverle sus cuentas bloqueadas. El magistrado había sido allanado y sometido a una investigación penal luego de que la empresa denunciara archivos de un expediente judicial por delitos sexuales contra menores que él había resguardado en la nube.
Ushuaia. – El juez de Cámara de Ushuaia, Andrés Leonelli, obtuvo una resolución favorable en su disputa con Google. El juez civil y comercial federal Marcelo Dos Santos ordenó a la empresa tecnológica que, en un plazo de tres días, restituya las cuentas bloqueadas y los aplicativos vinculados.
El conflicto se originó en 2016, cuando Leonelli instruía una causa por delitos sexuales contra menores en Río Grande. Parte de la documentación probatoria quedó almacenada en su computadora institucional y, al realizar un respaldo, se subió automáticamente a su perfil de Google Drive. La compañía detectó el material y lo reportó a la National Center for Missing and Exploited Children de Estados Unidos, lo que derivó en una causa penal en Argentina.
El magistrado fue allanado en su domicilio y en su despacho, y enfrentó una investigación por la supuesta producción o facilitación de imágenes de abuso sexual infantil. En octubre de 2025 fue sobreseído con expresa declaración de que el proceso no afectó su buen nombre y honor. Sin embargo, el impacto personal y profesional fue profundo: Leonelli calificó el episodio como “una historia de terror” y aseguró que aún recibe tratamiento psicológico.
Tras el sobreseimiento, inició demandas contra Google en los fueros penal y civil. En su presentación, explicó que el almacenamiento de documentación judicial en soportes digitales personales o en la nube era promovido por el Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego para favorecer el trabajo remoto, y que nunca tuvo intención de conservar material sensible fuera de su función pública.
El fallo de Dos Santos subraya que la Cámara de Apelaciones de Tierra del Fuego declaró la absoluta inexistencia de conducta delictiva de parte de Leonelli, y que las imágenes investigadas formaban parte de documentación judicial legítima.
La resolución marca un precedente sobre el uso de plataformas digitales para el resguardo de información judicial y la responsabilidad de las empresas tecnológicas en la interpretación de archivos sensibles.
Con información de La Nación.
