El constitucionalista Andrés Gil Domínguez analizó el impacto de la derogación de la Ley 1529 y el futuro del decreto que convocaba a elecciones constituyentes. Sostuvo que la Legislatura mantiene intactas sus potestades en la etapa preconstituyente, que la norma no puede ser vetada por el Ejecutivo y que el proceso de reforma “debe suspenderse” si la ley es dejada sin efecto. Sin embargo, anticipó un escenario inevitable de judicialización en medio de interpretaciones contrapuestas y un conflicto político-institucional que recién comienza. Río Grande.- En medio de un clima político enrarecido y una discusión institucional que crece hora a hora, el constitucionalista Andrés Gil Domínguez aportó una mirada técnica sobre la derogación de la Ley 1529, que declaraba la necesidad
Leer más

