La secretaria de Coordinación Legal y Técnica del Gobierno provincial aseguró que el dictamen del Ministerio Público Fiscal despejó las dudas sobre la vigencia de la Ley 1529 y el alcance no suspensivo del recurso de queja presentado ante la Corte Suprema. En medio de la creciente tensión política por la convocatoria a la reforma constitucional, confirmó que el cronograma electoral podría publicarse “en las próximas horas”, cuestionó las “idas y vueltas” institucionales en torno al proceso y advirtió que “se está afectando la seguridad jurídica y los derechos civiles de todos los fueguinos”. También desmintió que exista un costo oficial definido para la elección de convencionales constituyentes y afirmó que los $8 mil millones que circularon “son un mero trascendido sin sustento”. Además, confirmó que el llamado a elecciones continúa vigente y que se utilizará el nuevo sistema de votación implementado en la elección de la Caja Previsional.
Río Grande.- En medio de la fuerte disputa institucional y política desatada en torno al proceso de reforma constitucional impulsado por el Gobierno de la provincia, la secretaria de Coordinación Legal y Técnica, Mariángeles Arroyo, aseguró que el escenario jurídico actual “despejó” las dudas existentes sobre la vigencia de la Ley 1529 y el alcance del recurso de queja presentado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por lo que consideró inminente la publicación del cronograma electoral para la convocatoria a convencionales constituyentes.
La funcionaria habló en una extensa entrevista brindada al programa ‘Buscando el Equilibrio’ por Radio Provincia, luego de conocerse el llamado a sesión especial de la Legislatura para este viernes, donde se abordará la insistencia sobre los vetos dictados por el gobernador Gustavo Melella respecto de la denominada ley de goteo y de la reforma electoral.
“Hoy con la publicación del dictamen del Ministerio Público Fiscal se han despejado las dos dudas por las cuales el Juzgado Electoral hizo la consulta a este organismo”, sostuvo Arroyo.
Según explicó, las dudas estaban centradas “en la vigencia de la Ley 1529 y la queja con su efecto no suspensivo”.
En ese sentido, remarcó que “estas dos dudas ya se han disipado” y afirmó que el Ejecutivo espera que “en próximas horas, si no es hoy, entendemos que será el día de mañana, la publicación del cronograma electoral”.
Las declaraciones de la secretaria legal del Gobierno se produjeron en un contexto de máxima tensión política, luego de que sectores legislativos anunciaran que insistirán con el veto a la reforma electoral, una situación que podría derivar nuevamente en una judicialización del proceso constituyente.
Consultada específicamente sobre qué sucederá si la Legislatura avanza con la insistencia del veto, Arroyo fue categórica al indicar que “nosotros sostenemos que esa ley no es que se vetó por una cuestión de opinión, sino que jurídicamente el proceso electoral ya está en marcha y no podría, o sea, no tendría ningún efecto la derogación de la 1529, porque ya cumplió su efecto”.
Y agregó que “si esto sucediera, el único camino que nos queda es la judicialización nuevamente de una reforma electoral”.
La funcionaria evitó asegurar de manera absoluta qué ocurriría con el cronograma electoral en caso de un nuevo conflicto judicial, aunque dejó en claro que “el Gobierno intentará sostener la continuidad del proceso constituyente”.
“Entiendo que vamos para el camino de la judicialización y existen herramientas para que esto no se paralice”, indicó.
En uno de los pasajes más duros de la entrevista, Arroyo cuestionó el nivel de conflictividad política generado alrededor de la reforma constitucional y apuntó contra las “idas y vueltas” institucionales que rodean al proceso.
“La verdad es que todos los actores políticos deberíamos tener una responsabilidad mayor sobre este tema, porque una reforma constitucional no es un tema menor institucional”, afirmó.
Y profundizó señalando que “la verdad que estar en estas idas y vueltas atacándola resulta un menosprecio de la seguridad jurídica, estamos afectando la seguridad jurídica, sobre todo los derechos civiles de todos los fueguinos”.
Aunque expresó su expectativa de que el conflicto no escale, reconoció que “el contexto político provincial atraviesa un momento delicado”, dijo, al tiempo que agregó que “yo esperaría que esto no suceda, pero estamos en tiempos políticos un poco convulsionados”, señaló.
Respecto de la actuación de la jueza electoral, Arroyo explicó que “el propio Juzgado ya había manifestado que estaban dadas las condiciones procesales para avanzar con el cronograma electoral”.
“La jueza en su proveído del 11 de mayo dijo que ya estaba en plazo como para dictar el cronograma”, recordó, y añadió que “tras el dictamen del Ministerio Público Fiscal, entiendo que están trabajando en esto”.
Según describió, “eso sería el curso normal del expediente y esperamos que esto sea así”.
Durante la entrevista también fue consultada sobre los plazos legales de publicación del llamado a elecciones constituyentes y sobre las cifras económicas que comenzaron a circular respecto del eventual costo de la elección.
En ese marco, Arroyo aclaró que “la convocatoria ya se encuentra en marcha y que las publicaciones oficiales continúan corriendo normalmente”.
“Por normativa esto tiene que estar publicado durante 30 días, y eso es lo que está sucediendo a partir del dictado del acto administrativo, del decreto del Poder Ejecutivo”, explicó.
Además confirmó que “las publicaciones se realizan tanto en medios gráficos como en el Boletín Oficial provincial, el Boletín Oficial también se está publicando durante 30 días, es hasta el 29 de este mes”, sostuvo.
Consultada específicamente sobre las versiones que hablaban de un costo cercano a los 8 mil millones de pesos para realizar la elección constituyente, la funcionaria fue terminante y negó que exista una estimación oficial.
“La verdad es que desconozco de dónde salió la información de los 8 mil millones de pesos o si alguien tiene un presupuesto de lo que saldría, la verdad es que no es exacto y desconozco de dónde tomaron esa cifra”, aseguró.
Arroyo explicó que “el procedimiento formal aún no llegó a la etapa de cálculo presupuestario definitivo, dado que el Juzgado Electoral todavía no remitió al Ejecutivo el detalle integral de servicios y costos requeridos para el operativo electoral”.
“El Juzgado Electoral tiene que hacer al Ejecutivo un pedido y pasar un presupuesto de todos los gastos que estima, con presupuestos solicitados desde cada servicio, y nosotros lo tomamos y ahí lo trabajamos presupuestariamente. Esto todavía no ha sucedido”, indicó.
Por eso insistió en que los montos que circularon públicamente “son un mero trascendido sin ningún sustento de dato ni legal”.
En otro tramo de la entrevista, Arroyo recordó que “hace dos años se había hablado de un costo cercano a los 2 mil millones de pesos cuando originalmente se impulsó la convocatoria constituyente, aunque aclaró que el contexto actual es completamente diferente”.
“Era alrededor de 2 mil millones, pero hace dos años”, señaló, y agregó que actualmente “no es el mismo sistema de votación”.
Precisamente sobre el mecanismo electoral, confirmó que “la elección se realizaría utilizando el nuevo sistema implementado en los últimos comicios vinculados a la Caja de Previsión”.
“Lo que se coordinó con el Juzgado Electoral es el sistema nuevo, el que se utilizó para la elección de la Caja”, confirmó.
La secretaria de Coordinación Legal y Técnica también se refirió al debate jurídico generado alrededor del recurso de queja presentado ante la Corte Suprema y las interpretaciones que circularon sobre un eventual efecto suspensivo del proceso electoral.
En ese sentido, sostuvo que existió una “confusión” entre procesos penales y civiles.
“Sí tiene efectos suspensivos la queja en materia penal, y creo que fue la comparación con el caso de Cristina Kirchner”, explicó.
Sin embargo, aclaró que “en materia civil, el artículo 285 del Código Procesal Civil de la Nación no le otorga efecto suspensivo a la queja”.
Por eso remarcó que “no hay ninguna duda de que la sentencia del Superior Tribunal está con plena vigencia y ejecutoriada”.
Además, dejó en claro que “cualquier futura judicialización vinculada al proceso constituyente recaería sobre el Superior Tribunal de Justicia provincial y no sobre la Corte Suprema”.
“En caso de judicializar, también lo dice el Ministerio Público Fiscal, esto es competencia del Superior Tribunal”, afirmó.
Consultada sobre si una nueva judicialización podría frenar los tiempos electorales, respondió que ello solo podría ocurrir si existiera una medida cautelar específica.
“Si en la judicialización se solicita una medida cautelar con los recaudos que esto requiere, no se debería suspender el proceso eleccionario”, indicó.
Y comparó esa situación con el actual recurso de queja ante la Corte al sostener que “si en la queja se hubiera solicitado una medida cautelar y la Corte se hubiera expresado en este sentido, sí estarían suspendidos los plazos, pero esto no es así”.
En el cierre de la entrevista, Arroyo reafirmó que “al menos hasta este miércoles 20 de mayo, el proceso electoral constituyente sigue plenamente vigente”.
“Sí, sigue corriendo. Ya está publicado en Boletín Oficial y se está publicando también en medios locales, así que ya está en marcha el llamado constituyente”, aseguró.
Finalmente, confirmó que el Gobierno no mantuvo conversaciones con la totalidad de los convencionales constituyentes electos originalmente, aunque sí reconoció contactos con uno de ellos.
“Hemos conversado con el constituyente Ferreira en principio de este proceso, pero él se ha manifestado a favor de una reforma. Después, con demás constituyentes, no hemos tenido contacto”, concluyó.
