El trabajador de la Dirección Provincial de Puertos, Gastón Castillo, cuestionó con dureza el accionar de la intervención de la Administración Portuaria en Tierra del Fuego y aseguró que existe un clima de tensión y aislamiento dentro del organismo. Además, se refirió a un audio viralizado en las últimas horas que, según sostuvo, evidenciaría amenazas hacia trabajadores vinculados a la intervención.
Río Grande. -En una entrevista con el programa ‘Buscando el Equilibrio’ por Radio Provincia, Gaston Castillo señaló que desde la intervención no existe ningún tipo de comunicación oficial con los trabajadores históricos del puerto y afirmó que incluso desconocen quiénes son muchos de los funcionarios que llegaron desde otras provincias.
“Nosotros no hemos tenido ningún contacto con la intervención desde que se intervino el puerto, o sea, un contacto oficial. Ni siquiera sabemos quiénes son la gente, porque han traído mucha gente de Buenos Aires, sabemos que ha venido gente de Bahía Blanca y de otros lugares del país”, expresó.
En relación al audio que comenzó a circular públicamente, Castillo aseguró que “el audio que salió, aparentemente, por lo que se escucha, sería un audio de amenazas y apriete a trabajadores de la Dirección Provincial de Puerto, que ahora están trabajando para la intervención”.
Si bien aclaró que desconocen el contexto exacto en el que se produjo la conversación, indicó que en el material “se puede percibir bien que están aprietando a dos personas que son de la Dirección Provincial de Puertos que ahora trabajan para la invervención”.
Según explicó, “una de las personas involucradas sería Juan Avellaneda, dirigente sindical de UPCF en Tierra del Fuego, mientras que la otra sería una mano derecha del gremialista. Entendemos que hay algo que se está transmitiendo desde adentro y que no está gustando en Buenos Aires”.
Por otro lado, Castillo cuestionó duramente el alcance de la intervención nacional sobre el puerto fueguino y aseguró que “ellos le llaman una intervención administrativa, pero no es una intervención administrativa. Nosotros lo vamos a decir y lo vamos a repetir: esto es el robo de la propiedad de la provincia”.
“El puerto es propiedad de la provincia. Vinieron y se quedaron con todo: con la maquinaria, con la infraestructura, con el mobiliario, con todo, y eso es lo que están explotando”, agregó.
En ese sentido, también apuntó contra las empresas privadas que operan en el sector portuario por continuar realizando pagos a la intervención y cuestionó que “las agencias le terminan depositando a la intervención cuando no hay ni siquiera una ley provincial que especifique que tienen que depositarles a ellos. Hay solamente una resolución administrativa de ANPyN que dice que intervienen el puerto”.
Ruptura total entre trabajadores
Castillo también describió un fuerte quiebre interno entre quienes permanecen bajo la órbita de la Dirección Provincial de Puertos y aquellos trabajadores que pasaron a desempeñarse dentro de la intervención.
“No hay vínculo para nada. Esos vínculos de amistad que había, de relación, se rompieron totalmente”, afirmó.
Incluso reveló que, desde el inicio de la intervención, muchos empleados no pudieron volver a ingresar a sus oficinas ni retirar pertenencias personales. “Trabajo hace 21 años en la administración del puerto de Ushuaia y no me han dejado retirar mis lentes”, relató.
Además, explicó que ambos grupos trabajan actualmente en sectores completamente separados y sin contacto cotidiano.
El trabajador portuario también sostuvo que “cuando ocurre la intervención, nuestros sistemas dejan de funcionar para ellos. Entonces ya ese tipo de controles no los podían realizar”.
Detalló que se vieron afectados controles vinculados al transporte de pasajeros, proveedores marítimos, combustible y maquinarias. “Hay muchas empresas que trabajan con el transporte que ya no pagan las tasas que pagaban antes”, denunció.
No obstante, aclaró que “a ellos no les interesa recaudar un poco menos porque ya no tienen que pagar una masa salarial”.
Sospechas sobre el rol del Gobierno provincial
Asimismo, cuestionó el silencio del Gobierno provincial frente al conflicto portuario. Castillo reconoció que, con el paso del tiempo, comenzaron a sospechar de posibles acuerdos políticos detrás de la intervención.
“La verdad que pasan los días y uno no escucha a nadie, ningún funcionario que se pronuncie o se pronuncia muy tibiamente. Entonces eso nos hace pensar que capaz había algo atrás finalmente”, manifestó.
Por su parte, comentó que “de mi parte ya sospecho de todo, del Gobernador, del presidente, de que hayan sido parte de una conspiración que no nos estamos dando cuenta ahora”.
Consultado sobre las declaraciones de Ricardo Alonso, quien vinculó la intervención del puerto con una posible “entrega de soberanía” en el Atlántico Sur y con acuerdos entre la Armada argentina y Estados Unidos, Castillo evitó profundizar en ese análisis geopolítico, aunque admitió que “ellos hacen un análisis mucho más profundo y yo no sé si meterme en eso. Yo hablo directamente de lo que veo acá, de los hechos, y no tanto de cuestiones mucho más amplias. Pero podría ser, porque la política es muy grande al nivel de vincular y demás”.
Sin embargo, descartó que existiera un desvío de fondos dentro de la Dirección Provincial de Puertos, tal como se había sugerido en distintos sectores políticos. “Si se hubieran robado los fondos, no estaríamos sobreviviendo hoy. Estamos pagando los sueldos gracias a que había fondos previstos para obras”, aseguró.
Castillo aseguró que “la empresa de Lechman como todas las empresas marítimas se están viendo beneficiadas por la intervención, porque han hecho algunos cambios tarifarios y hay controles que ya no se están viendo, como por ejemplo el de los ingresos. Entonces hay muchas empresas que trabajan con el transporte que ya no pagan las tasas que pagaban antes”.
Consultado por las tasas, Castillo explicó que “en promedio son más o menos 20 dólares por ingreso, pero en temporada se mueve bastante. Igual, no es lo que nos lleva a tener la mayor cantidad de ingresos, porque nosotros somos un puerto que tiene su principal recaudación en la carga, lo que son los cruceros, la pesca y los otros sitios, pero sobre todo la carga”.
Obras, infraestructura y críticas al relato de falta de controles
Consultado sobre los cuestionamientos relacionados con la infraestructura portuaria y la ausencia de escáneres para contenedores, Castillo reconoció que “no había hoy en día una exigencia para que tengamos sí o sí un escáner de contenedores”.
Respecto a las obras pendientes, explicó que las intervenciones portuarias requieren planificación y dependen de factores climáticos y operativos propios de Ushuaia. “Las obras portuarias son obras de ingeniería de gran escala. No se pueden hacer de un día para otro”, explicó.
“En temporada no podemos dejar el muelle sin funcionamiento, entonces las obras tienen que hacerse por etapas”, agregó.
“La intervención ya plantó bandera política”
Sobre la reciente designación de Fernando Polizzi, Castillo consideró que “marcó una línea esta intervención, que es la línea de La Libertad Avanza. Ya plantaron bandera”.
También señaló que la persona designada proviene de PAMI y que no tendría experiencia previa en materia portuaria. “No conocemos el tema del armado ni del puerto, tampoco hemos tenido reuniones con él”.
Por último, contó que “solamente tuvimos contacto con un legislador de La Libertad Avanza que nos recibió y le pudimos plantear la necesidad de derogar el artículo 12 de la Ley 1596, que era la ley que trataba de desviar fondos. Finalmente se derogó, pero nos recibió muy bien y nos escuchó, solamente eso”.
