La concejal de Provincia Grande respaldó la aprobación de la adecuación normativa vinculada al suelo fiscal urbano y aseguró que la iniciativa permitirá agilizar soluciones habitacionales reales para cientos de familias de Río Grande. Destacó que se incorporaron observaciones de distintos bloques, negó que se altere el listado de adjudicatarios y remarcó que el convenio público-privado prevé sumar 390 lotes al banco municipal de tierras. Además, cuestionó que gran parte de la agenda política se concentre “en cosas que no benefician absolutamente en nada a los vecinos”, mientras persiste la crisis de acceso a la vivienda.
Río Grande.- La concejal de Provincia Grande, Alejandra Arce, defendió con firmeza la aprobación de la ordenanza vinculada a la adecuación normativa en materia de suelo fiscal urbano y acceso a la vivienda, una iniciativa impulsada desde el Ejecutivo municipal que generó un intenso debate en el Concejo Deliberante y que terminó convirtiéndose en uno de los temas centrales de la última sesión.
Lejos de hablar de una controversia política, Arce sostuvo que “el intercambio de posiciones entre los distintos bloques forma parte de la construcción democrática y defendió el espíritu de la herramienta aprobada, al considerar que apunta directamente a resolver una de las problemáticas más graves que atraviesa Río Grande: el acceso a la tierra y a la vivienda”.
“Yo creo que no sé si diría la palabra polémica. Creo que los consensos se construyen, las miradas sobre los distintos proyectos son distintas de los distintos bloques”, afirmó la edil al referirse al tratamiento de la iniciativa.
En ese sentido, remarcó que la ordenanza constituye “una herramienta fundamental para el Ejecutivo municipal”, en un contexto donde la demanda habitacional continúa creciendo y donde, según planteó, el “Municipio viene desarrollando políticas públicas orientadas a dar respuestas concretas a los vecinos”.
“Sabemos que hay una problemática a nivel provincial que tiene que ver con el acceso a la vivienda, un problema de ya muchos años, y que la gestión del intendente ha venido poniendo en valor”, expresó Arce, quien destacó además la creación de la Subsecretaría de Hábitat como parte de una estrategia para abordar la crisis habitacional.
La concejal recordó que durante los últimos años “se han otorgado terrenos y tierras, que es una necesidad de los vecinos”, aunque aclaró que “ese proceso también requiere decisiones políticas y herramientas administrativas actualizadas para que los mecanismos de adjudicación y regularización puedan funcionar de manera más eficiente”.
En esa línea, explicó que “uno de los objetivos centrales de la ordenanza fue armonizar la normativa vigente con procedimientos que ya se vienen aplicando desde el área de Hábitat municipal”.
“Lo que vino a hacer esta iniciativa es, como dice bien el título de la norma, acordar las normas que ya se están aplicando con la norma existente de tierras”, sostuvo.
Arce detalló que actualmente el área de Hábitat solicita determinados requisitos administrativos a quienes forman parte del registro de demanda habitacional y que la nueva normativa incorpora modificaciones surgidas a partir de observaciones realizadas por otros bloques políticos durante el debate parlamentario.
Entre ellas, destacó especialmente la “ampliación de plazos para la renovación de documentación y carpetas habitacionales, un aspecto que consideró clave para evitar perjuicios a familias que esperan desde hace años una solución definitiva”.
“El hecho de que las personas tienen un año para poder renovar sus papeles o la carpeta, como le llaman los vecinos y en la actualidad se le daba de baja de manera automática al pasar ese año”, explicó.
Frente a esa situación, señaló que distintos sectores propusieron modificaciones para brindar mayores garantías a los vecinos inscriptos y al respecto explicó que “se pidieron de algunos bloques que se le dé un plazo de un mes, incluso que se los notifique y después de ahí recién hacer este tipo de baja del trámite”, indicó.
Para Arce, esa incorporación mejora sustancialmente la herramienta y fortalece el objetivo central de la ordenanza, facilitar el acceso a soluciones habitacionales sin excluir a familias por cuestiones burocráticas o administrativas.
“Es fundamental para los vecinos, hay vecinos que hace muchos años están esperando soluciones habitacionales”, enfatizó.
La edil aclaró además que “la iniciativa no implica cambios arbitrarios sobre adjudicaciones ya realizadas ni altera el listado de beneficiarios existentes, uno de los cuestionamientos que habían surgido durante el debate político”.
“No, no, no es así”, respondió de manera categórica cuando fue consultada sobre supuestas modificaciones en el orden de adjudicatarios.
En paralelo, Arce defendió el capítulo de la ordenanza que habilita una iniciativa público-privada destinada a ampliar el banco municipal de tierras mediante la incorporación de nuevos lotes urbanos.
Según precisó, el convenio contempla el ingreso de un total de “390 lotes al banco de tierras municipal, en una operatoria que consideró estratégica frente a la compleja situación económica y habitacional que atraviesa la ciudad”.
“Hay que llevar tranquilidad a la comunidad y hay que hablar de estos temas, que son los que les interesa a los vecinos, a la comunidad”, afirmó.
En ese marco, lanzó fuertes críticas hacia parte de la dirigencia política por concentrar el debate público en discusiones que, según sostuvo, no tienen impacto directo en la vida cotidiana de la población.
“No dedicarnos la mitad del año a hablar de cosas como la reforma electoral, cosas que realmente no vienen a beneficiar absolutamente en nada a los vecinos de Río Grande”, cuestionó.
Para la concejal de Provincia Grande, el escenario económico actual obliga a generar mecanismos innovadores que “permitan articular esfuerzos entre el Estado y el sector privado para avanzar con soluciones habitacionales concretas”.
“Estamos en una situación económica muy compleja, en la cual se necesita realmente que haya una sinergia entre lo público y lo privado para generar este tipo de iniciativas que vengan a resolver lo habitacional de los vecinos”, afirmó.
Arce explicó que “la propuesta aprobada guarda similitudes con el modelo que permitió el desarrollo del barrio San Martín Norte, una experiencia que consideró positiva y que, según señaló, posibilitó el acceso a la tierra para numerosas familias jóvenes de Río Grande”.
“¿Se acuerdan a San Martín Norte? ¿Cómo surgió San Martín Norte?”, planteó durante la entrevista.
Y agregó que “eso vino a beneficiar a muchísimas familias que hoy ya están asentadas, familias jóvenes que han podido acceder con esa herramienta que generó en ese momento el municipio y que ha beneficiado muchísimo”.
La edil sostuvo que “la nueva iniciativa sigue una lógica parecida, aunque con algunas diferencias, y remarcó que el objetivo principal es generar condiciones reales para que los vecinos puedan construir y consolidar sus viviendas”.
También reconoció una problemática que actualmente atraviesa a numerosos adjudicatarios de tierras municipales como lo es la imposibilidad económica de avanzar con las construcciones dentro de los plazos establecidos.
“Hoy los vecinos que han sido beneficiados o adjudicados por los terrenos no están pudiendo construir, eso es una realidad que está sucediendo”, señaló.
En ese sentido, recordó que “existen plazos administrativos de aproximadamente 24 meses para avanzar con las edificaciones, aunque admitió que muchas familias no logran cumplirlos debido a la situación económica actual”.
Por eso, insistió en que la nueva ordenanza busca transformarse en una herramienta dinámica que permita no solamente ordenar la normativa existente, sino también impulsar el desarrollo efectivo de nuevos barrios y soluciones urbanas.
Por último, sostuvo que “con esta norma, lo que se busca es darle un empujón y que ese barrio suceda, y que esas iniciativas también beneficien a los vecinos de Río Grande”, concluyó.
