El abogado Francisco Giménez advirtió que la situación en el yacimiento operado tras la salida de YPF es “trágica” y sostuvo que la actividad se encuentra prácticamente detenida. Cuestionó las declaraciones del gobernador Gustavo Melella, alertó sobre posibles despidos y suspensiones de trabajadores de empresas contratistas, y aseguró que la provincia atraviesa una crisis que podría tener consecuencias económicas y sociales de gran magnitud.
Río Grande. -El abogado Francisco Giménez volvió a manifestar su preocupación por el futuro de los trabajadores vinculados a las empresas contratistas del sector hidrocarburífero y afirmó que el escenario que había anticipado meses atrás finalmente se concretó.
“Lo advertíamos en marzo. Parecía inimaginable que esto ocurriera, pero con algo de conocimiento veníamos advirtiendo que nos íbamos a encontrar con esta situación allá por junio. Y llegó el momento: hoy está parado el yacimiento”, afirmó.
En ese sentido, rechazó las declaraciones del gobernador Gustavo Melella respecto a una supuesta normalización de la actividad. “No es cierto lo que dice el gobernador, que la cuestión está solucionada y que está todo normal. Las empresas quedaron todas sin contrato y hoy, hasta donde yo conozco, ninguna empresa subió con su personal a prestar servicios normales y habituales en el yacimiento”, sostuvo.
“Hoy están todos los trabajadores en sus casas. Fueron notificados por parte de las empresas que hoy era un día para esperar y que no teníamos una respuesta para darles”, indicó.
Además, advirtió que “si en la semana no existe una respuesta concreta sobre la continuidad laboral y comercial, se podría llegar a suspender la relación de trabajo sin goce de haberes o inclusive el despido”.
Giménez explicó que existe una confusión respecto al traspaso de personal desde YPF hacia la nueva operadora. “YPF traspasó a Velitec alrededor de 20 trabajadores jerárquicos, vinculados a tareas de supervisión y control del yacimiento. Fueron indemnizados y trasladados. Pero eso no es lo importante”, expresó.
El foco del conflicto, remarcó, está puesto en los más de 260 trabajadores que dependen de empresas contratistas y resaltó que “el resto de los 260 trabajadores, que incluyen vigilancia, enfermería, operarios calificados, personal de plantas de gas, catering y otros servicios, pertenecen a empresas cuyos contratos fueron rescindidos. Hasta donde yo sé, no subió nadie a trabajar”.
Por ello insistió en que “no se solucionó, es mentira. Los trabajadores no fueron traspasados a Velitec. Eso no sucedió”.
Giménez fue especialmente crítico con los dichos del gobernador y señaló que “¿Cómo alguien puede decir que se solucionó algo que no pasó en la realidad? Pareciera que uno está discutiendo con un terraplanista”.
“Decir que YPF tenía bolsillo de payaso es no conocer YPF ni saber cómo se maneja una empresa que cotiza en bolsa. No hay nada más técnico y profesionalizado que la estructura de costos de YPF”, sostuvo.
Para el abogado, el problema central es que quienes deben resolver el conflicto no reconocen su existencia. “¿Cómo va a solucionar algo el gobernador si cree que está solucionado? ¿Cómo pretendemos que se resuelva un problema si quienes tienen que resolverlo dicen que no pasa nada?”, cuestionó.
Uno de los puntos centrales planteados por Giménez fue la cantidad de trabajadores necesarios para operar el yacimiento. Recordó que durante la negociación entre YPF y Terra Ignis se estableció una estructura mínima de funcionamiento.
“Cuando se firmó el contrato entre Terra Ignis e YPF se estableció una estructura mínima de 260 trabajadores teniendo en cuenta turnos, guardias y necesidades operativas. Esa era la estructura mínima para que el yacimiento funcionara”, explicó.
Según afirmó, la nueva operadora pretende reducir drásticamente ese número y dijo que “hoy Velitec pretende hacerlo funcionar con 100 personas. Es como querer jugar un partido de fútbol de once jugadores con cinco. No se puede”.
“Hay un absoluto desconocimiento y una absoluta falta de capacidad técnica y financiera”, expresó.
El abogado también volvió a poner en duda la capacidad económica de la empresa que asumió la operación y sostuvo que “se prometían seis millones de dólares y cien pozos en veinticuatro meses. Yo dije en su momento que seis millones de dólares en esta industria son como orinar en el desierto. Y además esos fondos no aparecieron”.
Asimismo denunció que “Velitec no quiso certificar los trabajos realizados por las pymes. Si no certifican los trabajos, las empresas no pueden facturar ni cobrar. Eso pasó ahora y es exactamente lo que veníamos advirtiendo”.
Según Giménez, la situación confirma las dudas que habían planteado desde el inicio del proceso. “Está empezando a suceder lo que veníamos diciendo: que Velitec venía a financiarse con las pymes fueguinas y después podía irse sin pagarles”, señaló.
Uno de los aspectos que destacó fue que “está sucediendo algo inédito. Los trabajadores no están enfrentados con las empresas y los sindicatos tampoco. Todos están convencidos de que este es un problema que ellos no generaron”.
A diferencia de otros conflictos laborales, indicó que “los trabajadores tienen claro que sus empleadores también son víctimas de las políticas implementadas por el Gobierno provincial. Las pymes siempre cumplieron con los salarios, los aportes y las condiciones laborales”.
Giménez describió que “se destruyó un sistema donde había trabajadores con veinte años de antigüedad que después dejaban a sus hijos trabajando en el mismo lugar. Eso hoy desapareció lamentablemente”.
Cuestionamientos a la dirigencia política
El abogado también apuntó contra la reacción de distintos sectores políticos frente al reclamo de los petroleros. “La reacción de gran parte de la clase política fue tibia. Decir que es inadmisible que los trabajadores vayan a reclamar a la Legislatura es desconocer que justamente los legisladores son los representantes del pueblo y tienen la obligación constitucional de intervenir”, afirmó.
En ese marco consideró que “estamos en lo peor de los mundos. Hay trabajadores que reclaman, empresas que están desapareciendo y quienes deberían actuar parecen mirar para otro lado”.
Por su parte, Giménez advirtió que “este conflicto puede ser el Waterloo de Melella. No estamos hablando solamente de 260 trabajadores. Esto derrama sobre toda la actividad económica de Tierra del Fuego”.
Explicó que las empresas contratistas realizaban compras, contrataciones y servicios dentro de la provincia, por lo que el efecto multiplicador de la crisis podría alcanzar a numerosos sectores. Además, alertó sobre eventuales consecuencias en la operación del sistema gasífero.
“Hoy el yacimiento está funcionando en piloto automático. Y como todo piloto automático, en algún momento necesita mantenimiento. Si no hay personal especializado para atender contingencias, las consecuencias las va a notar toda la población”, advirtió.
Pese a la gravedad del panorama, Giménez consideró que “la clase dirigente de Tierra del Fuego todavía está a tiempo de resolver el problema porque los trabajadores y sus sindicatos mantienen voluntad de diálogo y no han tomado medidas extremas. La paz social todavía existe”.
“El momento de actuar es ahora, no cuando los ánimos se exacerben y entremos en una espiral de conflicto social que después sea imposible detener. La Legislatura debe tomar la posta y poner racionalidad en este conflicto”, concluyó.
