El vicepresidente de la Dirección Provincial de Puertos, Miguel Ramírez, lanzó una dura advertencia sobre el impacto que está teniendo la intervención de la Administración General de Puertos (AGP) en Ushuaia. Aseguró que el organismo provincial ya comenzó a utilizar los fondos que estaban reservados para inversiones e incluso para garantizar el pago de salarios, mientras la disputa judicial avanza con un dictamen favorable que reconoce el carácter autárquico del ente. También denunció desmanejos, aumento desmedido de costos, deterioro operativo, utilización de bienes públicos por privados, falta de controles y cuestionó el silencio de sectores políticos, gremiales y empresariales frente a lo que calificó como una “usurpación” del puerto fueguino.
Río Grande.- La intervención nacional sobre el Puerto de Ushuaia continúa profundizando un conflicto institucional, económico y político que, según denunció el vicepresidente de la Dirección Provincial de Puertos, Miguel Ramírez, ya comienza a comprometer seriamente la estabilidad financiera del organismo y pone en riesgo inversiones estratégicas para el desarrollo de la infraestructura portuaria y del turismo en Tierra del Fuego.
Durante una extensa entrevista concedida al programa “Buscando el Equilibrio”, que se emite por Radio Provincia, Ramírez sostuvo que la administración provincial atraviesa un escenario cada vez más delicado debido a que los recursos que habían sido cuidadosamente reservados durante años ahora deben utilizarse para sostener el funcionamiento cotidiano del organismo mientras continúa la intervención dispuesta por Nación.
“Nos estamos comiendo los ahorros”
Consultado sobre la situación financiera actual del ente portuario, recordó que la Dirección Provincial de Puertos contaba con un importante fondo de reserva precisamente para afrontar inversiones de infraestructura y garantizar el pago de salarios durante más de un año.
“Lamentablemente, la intervención de facto, esa usurpación hecha por parte de Nación, está llevando a que, hablando literalmente, nos estemos comiendo los ahorros que teníamos previstos para hacer reparaciones”, afirmó.
Explicó que “esos recursos habían sido reservados para ejecutar obras fundamentales y realizar tareas de mantenimiento que hoy quedaron paralizadas”.
“Nos estamos comiendo nuestros propios recursos que teníamos reservados. Sí tenemos ese margen de vuelo, ese combustible que tenemos de vuelo, como había manifestado Roberto Murcia, que son entre 14 y 15 meses”, señaló.
Ramírez confirmó además que “la masa salarial de la Dirección Provincial de Puertos ronda actualmente los 200 millones de pesos mensuales para sostener los salarios de los 162 trabajadores del organismo”.
Fondos reservados para obras y salarios
Durante la entrevista se recordó que el puerto disponía de aproximadamente 14 mil millones de pesos en reservas destinadas tanto a infraestructura como a garantizar la estabilidad financiera del organismo.
Ramírez confirmó esos números y explicó que “esos recursos eran producto de una administración responsable, eso es lo que representa nuestra masa salarial de los 162 empleados que están en la Dirección Provincial de Puertos”, precisó.
Sin embargo, advirtió que “el escenario se vuelve cada vez más complejo porque esos fondos ya comenzaron a utilizarse para sostener el funcionamiento normal del organismo mientras la intervención continúa administrando la operatoria del puerto”.
Un dictamen que fortalece la posición de Tierra del Fuego
Uno de los aspectos más importantes abordados durante la entrevista fue el reciente dictamen de la Procuración del Tesoro de la Nación, que reconoció el carácter autárquico de la Dirección Provincial de Puertos.
Lejos de interpretar ese pronunciamiento como una derrota, Ramírez sostuvo que representa un fortalecimiento jurídico de la posición fueguina.
“Se están haciendo interpretaciones totalmente equivocadas. Se dice que la Procuración General le dio la espalda a la Dirección Provincial de Puertos, y es totalmente lo contrario”, aseguró.
Explicó que actualmente existen “distintas demandas judiciales impulsadas por la Provincia, por la Fiscalía, por la propia Dirección Provincial de Puertos y también por trabajadores que decidieron presentarse individualmente ante la Justicia”.
“La demanda está generada por la Provincia, por la Fiscalía, por la Dirección Provincial de Puertos y también por los empleados que valientemente se sumaron a esta cruzada legal”, destacó.
Incluso calificó como “valiente” la decisión de esos trabajadores, al señalar que “muchos debieron enfrentar conflictos internos y diferencias con compañeros que hoy prestan funciones dentro de la intervención nacional”.
La Corte Suprema o el regreso de la causa a Tierra del Fuego
Respecto del futuro judicial del conflicto, Ramírez explicó que existen dos escenarios posibles, “uno de ellos es que la Corte Suprema de Justicia resuelva directamente el fondo de la cuestión y ordene devolver el control del puerto a la provincia”.
“Esto está siendo tratado por la Corte Suprema y directamente puede fallar para devolver el puerto a Tierra del Fuego por todas las presentaciones realizadas”, sostuvo.
La otra alternativa es que, justamente por el “reconocimiento del carácter autárquico del organismo, el máximo tribunal considere que primero debe intervenir nuevamente la Justicia Federal con asiento en Tierra del Fuego”.
“También sería una buena noticia, porque jugaríamos en cancha propia”, expresó.
«Somos optimistas»
Aunque reconoció que el proceso judicial lleva ya seis meses, Ramírez aseguró mantener “expectativas favorables, somos muy optimistas en este sentido”.
Al mismo tiempo, cuestionó duramente el accionar del Gobierno nacional, al expresar que “creo que esta mala fe por parte de Nación es común en el tipo de gobierno que tenemos hoy. Caprichosamente, bebiendo el licor de la ignorancia y de la soberbia, toman decisiones apresuradas creyendo que el poder les alcanza”.
Frente a ello, remarcó que “la Provincia eligió transitar el camino institucional, nosotros seguimos la vía jerárquica y la vía legal para tener un sustento, tal vez tardamos un poco, pero no somos iguales”.
“Entraron de noche”
Ramírez volvió a cuestionar la forma en que se produjo la intervención nacional y al respecto dijo que “la resolución rápida hubiera sido tomar el puerto por la fuerza, pero no somos iguales”.
Y agregó una fuerte acusación al señalar que “ellos entraron a las doce de la noche con la complicidad de la Prefectura Naval Argentina. Me hago cargo de lo que digo”.
Según sostuvo, los argumentos oficiales utilizados para justificar la intervención “nunca tuvieron verdadero sustento, vinieron por la caja, vinieron por otra cosa que no tiene nada que ver con los motivos que plantearon”.
Millones de dólares fuera de Tierra del Fuego
El vicepresidente también expresó su preocupación por el destino de los recursos generados por el puerto y recordó que “durante la última temporada de cruceros se habrían depositado entre 6 y 7 millones de dólares en cuentas que no pertenecen a la provincia, son fondos de los ciudadanos, el puerto no es de Murcia, no es de Melella ni es de Miguel Ramírez, es de todos los fueguinos”.
Críticas al silencio político, empresarial y gremial
Uno de los pasajes más duros de la entrevista estuvo dirigido hacia distintos sectores que, según afirmó, no reaccionaron frente a la intervención, para lo cual, Ramírez sostuvo que “esperaba un posicionamiento mucho más firme, ha habido una pasividad de distintos dirigentes políticos, empresarios y gremios que no han sabido defender la situación del puerto”.
Sin embargo, aclaró que “tanto el gobernador Gustavo Melella como la vicegobernadora están realizando gestiones políticas para intentar destrabar el conflicto con Nación”.
Denuncias por desvío de fondos
El funcionario también cuestionó los argumentos utilizados para justificar la intervención y recordó que “la denuncia original hablaba de supuestos desvíos de fondos hacia otros organismos estatales, pero ni Ramírez, ni Murcia desviaban fondos para comprar un Ferrari, eran recursos que se destinaban al propio Estado”.
En contraste, sostuvo que “ahora esos recursos terminan depositados en cuentas administradas por organismos nacionales”.
“Hoy sí hay fondos públicos que están siendo desviados”, sentenció.
Además, denunció que “distintas licitaciones impulsadas por la intervención estarían financiándose con recursos provenientes de la matriz productiva y del Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva (FAMP)”.
Seguridad: de 30 a 80 millones por mes
Entre las situaciones que calificó como “desmanejos”, Ramírez mencionó el fuerte incremento registrado en el costo del servicio de seguridad privada y explicó que “anteriormente el puerto abonaba aproximadamente 30 millones de pesos mensuales para cubrir los accesos principales, pero ahora hicieron una licitación por 80 millones”.
Y remató que “después preguntan por qué decimos que vinieron por la caja”.
Sospechas sobre el verdadero objetivo
Durante la entrevista también fue consultado sobre una eventual privatización del puerto.
Si bien dijo no creer que exista un plan directo para desfinanciarlo con ese objetivo, sí advirtió sobre otros intereses y en este marco manifestó que “no creo que estén jugando al desfinanciamiento para privatizarlo. Acá hay un avasallamiento donde, en realidad, el privado está atrás de esto; el privado de ellos”.
Incluso sostuvo que “ya existen intereses vinculados a futuras concesiones de infraestructura”.
Deterioro operativo y accidentes
Ramírez afirmó que “la situación operativa del puerto empeoró desde la intervención”, dijo, al tiempo que mencionó “caída de contenedores, hundimiento de embarcaciones, problemas logísticos y falta de mantenimiento”.
“Están pasando un montón de cosas que no salen a la luz”.
También denunció que maquinaria adquirida por la Dirección Provincial de Puertos está “siendo utilizada por empresas privadas, están utilizando nuestras máquinas con choferes privados, cobrándoles a los barcos, mientras todo el mantenimiento preventivo y correctivo no se realiza”.
Según indicó, incluso una de esas máquinas “protagonizó recientemente un accidente con un camión”.
“No podemos entrar”
Ramírez denunció que “ni las propias autoridades provinciales pueden ingresar al puerto, no podemos entrar, no dejaron entrar al Tribunal de Cuentas, ni los Legisladores tampoco pudieron ingresar”.
Según afirmó, el ingreso es “impedido por personal de la intervención, hay una soberbia increíble”.
Preocupación por el turismo
Finalmente, alertó sobre las consecuencias que puede tener este escenario para la actividad turística y recordó que “Ushuaia venía registrando temporadas récord luego de la pandemia y advirtió que recuperar esa posición costó muchos años, para subir un escalón cuesta muchísimo. Para bajar una escalera alcanza con un pequeño empujón”.
Sostuvo que “ya existen operadores privados que analizan alternativas en Chile” y remarcó que “el deterioro de la infraestructura y de la logística podría impactar en las próximas temporadas de cruceros”.
“La comunidad de Ushuaia entendió después de la pandemia el enorme valor que tiene la actividad portuaria para la economía local, ahora estamos poniendo todo eso en riesgo”.
Como cierre de la entrevista, Ramírez aclaró que sus declaraciones exceden su función institucional.
“Yo me saco la carrera política o el título de vicepresidente y hablo como ciudadano de Tierra del Fuego, como un amante del turismo y de la producción de nuestra provincia”, concluyó.
