El representante de los abogados de Río Grande ante el Consejo de la Magistratura, Dr. Marcelo Castelli, confirmó que tras el receso judicial quedó definitivamente superado el conflicto institucional por la designación de la Dra. Guerrero como jueza de Familia y Minoridad de Ushuaia, luego de un acuerdo alcanzado mediante el diálogo entre el Consejo y el Superior Tribunal de Justicia. Señaló que la magistrada ya fue designada y solo resta la toma de juramento, mientras que el próximo desafío será consensuar una nueva reglamentación para el proceso de selección de jueces, incorporando distintos proyectos con el objetivo de fortalecer la objetividad, la institucionalidad y la seguridad jurídica del sistema, dejando en claro que el Consejo de la Magistratura es el órgano constitucional encargado de seleccionar magistrados y que no corresponde un doble control por parte del Superior Tribunal.
Río Grande.- Con la finalización de la feria judicial de invierno, la actividad en los tribunales de Tierra del Fuego volvió a la normalidad y, junto con ella, también retomó la agenda institucional del Consejo de la Magistratura, organismo que durante los últimos meses protagonizó uno de los debates más importantes vinculados al proceso de designación de magistrados.
En ese contexto, el representante de los abogados de Río Grande ante el Consejo de la Magistratura, Dr. Marcelo Castelli, confirmó que el conflicto generado por la designación de la Dra. Guerrero para el fuero de Familia y Minoridad de Ushuaia quedó definitivamente resuelto y que, a partir de ahora, el trabajo estará centrado en consensuar una nueva reglamentación que permita perfeccionar el mecanismo de selección de jueces en la provincia.
En declaraciones a FM Del Pueblo, Castelli comenzó señalando que, finalizado el receso invernal, la “Justicia retomó plenamente su funcionamiento, hoy (por ayer lunes) comenzamos de nuevo con la actividad judicial”.
“El conflicto se resolvió mediante el diálogo”
Consultado por la situación que se había generado entre el Consejo de la Magistratura y el Superior Tribunal de Justicia en torno a la designación de la Dra. Guerrero, Castelli confirmó que “las diferencias institucionales lograron superarse, afortunadamente, mediante el diálogo hemos logrado resolver el conflicto y que la decisión del Consejo en cuanto a la designación de la doctora Guerrero sea efectiva”.
Explicó que el Superior Tribunal finalmente formalizó la “designación de la magistrada mediante una acordada emitida durante el mes de julio, por lo cual, la acordada del Superior Tribunal la designó y ahora solamente falta que le tomen juramento, pero ya está designada”.
De esta manera, sostuvo que “ya no existen controversias pendientes respecto del nombramiento, puntualmente con la doctora Guerrero no hay ningún problema por resolver”.
El debate ahora pasa por mejorar el reglamento
Si bien el caso quedó solucionado, Castelli explicó que de las reuniones mantenidas entre el Consejo de la Magistratura y el Superior Tribunal surgió un “compromiso institucional para revisar y actualizar el procedimiento mediante el cual se seleccionan los futuros magistrados”.
En este marco, agregó que “sí surgió de la reunión que tuvimos con los cinco integrantes del Superior Tribunal y la totalidad de los integrantes del Consejo de la Magistratura el compromiso de avanzar en una reglamentación del proceso de selección de magistrados”.
Indicó que el objetivo compartido consiste en “perfeccionar el sistema vigente, la idea es mejorar el proyecto de selección de magistrados, yo estoy totalmente de acuerdo en que hay que mejorarlo”.
Buscan unificar distintos proyectos
Castelli explicó que actualmente existen varias iniciativas sobre la mesa y que el desafío será compatibilizar los distintos aportes.
Recordó que “el Consejo ya venía analizando una propuesta elaborada por el representante de los abogados del Distrito Judicial Sur, nosotros ya veníamos trabajando desde el Consejo en un proyecto presentado por el doctor Pagano Zavalía”.
A ello se sumó posteriormente una propuesta enviada por el “Superior Tribunal de Justicia, quienes también nos remitieron un proyecto que venían trabajando”.
Además, señaló que desde el ámbito legislativo también se encuentran desarrollándose nuevas iniciativas, dado que “tengo entendido que la legisladora Vuoto está trabajando también en otro proyecto junto con el legislador Lechman”.
Frente a ese escenario, sostuvo que el camino será “encontrar consensos, tenemos que buscar los puntos de encuentro entre esos proyectos, discutir aquellos en los que no haya coincidencias y tratar de obtener el mejor reglamento para la selección de magistrados que podamos lograr”.
El Consejo de la Magistratura debe seguir siendo quien seleccione a los jueces
Uno de los puntos centrales de la entrevista estuvo vinculado al alcance de las facultades del Superior Tribunal de Justicia dentro del proceso de designación de magistrados.
Castelli fue contundente al sostener que “el Consejo de la Magistratura posee una función claramente definida por la Constitución Provincial, el Consejo de la Magistratura es el órgano encargado constitucionalmente de seleccionar a los magistrados”.
En ese sentido, manifestó que “el control que posteriormente realiza el Superior Tribunal debe limitarse exclusivamente a verificar cuestiones legales o eventuales incumplimientos de requisitos formales”, dijo, al tiempo que agregó que “cuando la Constitución se refiere a la designación, ese control debe ser solamente respecto de algún defecto, alguna irregularidad manifiesta o el incumplimiento de algún requisito”.
Por ese motivo consideró que “no corresponde que exista una nueva evaluación sobre el mérito de los postulantes, ellos no pueden ejercer un doble control porque eso no está previsto constitucionalmente”.
Incluso advirtió que “una interpretación diferente vaciaría de contenido la función del propio Consejo, si eso ocurriera perdería sentido la creación misma del Consejo de la Magistratura”.
Más objetividad y mayor institucionalidad
Consultado sobre los cambios que se pretenden introducir en el futuro reglamento, Castelli explicó que el objetivo principal consiste en fortalecer la transparencia del procedimiento.
Detalló que los proyectos analizados incorporan “sistemas de puntajes para cada una de las etapas del concurso, los proyectos establecen puntuaciones para las distintas etapas del proceso, los antecedentes, las entrevistas y las diferentes evaluaciones”.
Precisó que justamente ese será uno de los aspectos centrales del “debate, lo que habrá que discutir es qué puntaje corresponde asignarle a cada una de las etapas”.
A su entender, ese trabajo permitirá reducir la “discrecionalidad y fortalecer la confianza institucional, lo que se busca es tener criterios más objetivos, producir una mayor imagen de institucionalidad y fortalecer la legalidad de las designaciones”.
Un proceso que recién comienza
Castelli explicó que el análisis de las distintas propuestas demandará un “trabajo técnico importante dentro del Consejo de la Magistratura y posteriormente en el ámbito legislativo”, dijo, al tiempo que consideró que “la participación de todos los sectores representados permitirá arribar a una reglamentación más sólida y consensuada, por lo cual, hay que analizar los distintos proyectos, encontrar los puntos en común y discutir aquellos aspectos en los que existan diferencias para lograr el mejor reglamento posible”.
Aclaración sobre la representación institucional
Antes de finalizar la entrevista, Castelli realizó una aclaración respecto de su función dentro del Consejo de la Magistratura.
Explicó que “el Consejo de la Magistratura no depende del Colegio de Abogados. Nosotros fuimos elegidos por todos los abogados de la jurisdicción y también nos votan los funcionarios del Poder Judicial”.
De esta manera, el representante de los abogados confirmó que el conflicto institucional originado por la designación de la Dra. Guerrero quedó definitivamente superado y que el próximo desafío será construir, mediante el consenso entre el Consejo de la Magistratura, el Superior Tribunal de Justicia y los distintos actores institucionales, un nuevo reglamento que otorgue mayor objetividad, previsibilidad y seguridad jurídica al proceso de selección de jueces en Tierra del Fuego.
