Frente al desfasaje financiero que ahoga a las obras sociales sindicales y la consecuente saturación de los hospitales públicos, las organizaciones gremiales mantuvieron una firme postura mediante una nota formal. Dirigida al gobernador Gustavo Melella y a la ministra de Salud, Judith Di Giglio, la central obrera instó a la inmediata conformación del Consejo Provincial de Obras Sociales y Prepagas. El objetivo central reside en saldar deudas millonarias, coordinar contingencias sanitarias y garantizar la continuidad prestacional a miles de familias de la isla.
Río Grande – Dirigentes sindicales de las diversas organizaciones que estructuran la Confederación General del Trabajo (CGT) Regional Río Grande enviaron este lunes una misiva de carácter urgente al gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, con copia directa a la ministra de Salud, la doctora Judith Di Giglio. En el escrito, la conducción gremial formalizó una manifestación de profunda inquietud ante el escenario de asfixia económica que golpea de lleno al sistema sanitario tanto público como privado en todo el territorio provincial.
La presentación institucional expone el crítico panorama por el que atraviesan las prestadoras médicas y el impacto colateral sobre los establecimientos sanitarios estatales. «Nos dirigimos a usted con el propósito de manifestarle nuestra profunda preocupación ante la crítica y apremiante realidad que atraviesan las obras sociales de las organizaciones gremiales y el sistema de salud pública de nuestra provincia», remarcaron de entrada los referentes sindicales en el texto remitido al Ejecutivo.
Según explicaron los representantes de los trabajadores, la actividad del sector padece un deterioro paulatino y de índole estructural que amenaza con interrumpir las atenciones médicas habituales. «El sector de la salud se encuentra inmerso en una grave crisis financiera estructural. Las obras sociales sindicales sufren un desfasaje insostenible entre los costos médicos y los ingresos, lo cual restringe severamente la regularidad de las prestaciones para nuestros afiliados», sentenciaron.
Esta falencia en el engranaje de financiamiento privado no tarda en trasladar sus efectos al área estatal, sobrecargando la red pública de asistencia en las distintas ciudades de la provincia. «Esta situación repercute de manera directa e inevitable en los efectores públicos, generando un incremento de deudas millonarias en los hospitales de la provincia y una consecuente saturación de su capacidad operativa y financiera», agregaron las conducciones gremiales en la misiva.
Como alternativa de solución y vía de escape ante la emergencia asistencial, la CGT puso el foco en un marco legal existente pero falto de implementación efectiva. «Entendemos que la provincia cuenta con una herramienta institucional idónea, estratégica y de cumplimiento obligatorio para coordinar soluciones. Nos referimos a la ley provincial 1533, mediante la cual se creó el consejo provincial de obras sociales y prepagas bajo la órbita del Ministerio de Salud», argumentaron los firmantes.
En ese sentido, las cúpulas sindicales recordaron el espíritu normativo con el cual el Parlamento provincial sancionó dicha legislación en su momento. «La mencionada legislación fue concebida precisamente para articular, fiscalizar y concertar políticas entre el sector público y los financiadores de la salud en el territorio», puntualizaron en el documento.
Ante este diagnóstico, la central obrera fijó una serie de prioridades operativas que requieren un abordaje tripartito inmediato. «Consideramos indispensable la inmediata y efectiva puesta en marcha del consejo a los fines de establecer mesas de diálogo y concertación entre las obras sociales gremiales, las prepagas y las autoridades del Ministerio de Salud», manifestaron.
Entre las metas urgentes trazadas por los gremios se destaca la necesidad de «diseñar un plan de contingencia y regularización de las deudas acumuladas en los hospitales públicos de la provincia, garantizando la sustentabilidad, edilicia e insumos de estos». Asimismo, subrayaron el deber irrenunciable de «garantizar la continuidad y calidad de la cobertura médica para los trabajadores y sus familias, evitando el desamparo sanitario de la población».
En el tramo de cierre del escrito, la central sindical apeló a la pronta respuesta de las máximas autoridades provinciales para entablar un espacio de trabajo presencial. «Solicitamos formalmente que disponga las directivas necesarias para la plena aplicación de la ley 1533, convocando con carácter de urgencia a las partes involucradas a una audiencia presencial inmediata para conformar este espacio institucional de articulación», concluyeron las autoridades gremiales de Río Grande.
