“Le hicieron perder un año a los pibes”

El legislador Matías Lapadula trazó un duro diagnóstico sobre el conflicto entre el Gobierno provincial y el SUTEF y sostuvo que el ciclo educativo “está perdido” por la cantidad de jornadas sin clases. Responsabilizó principalmente al Ejecutivo por no encontrar una salida, aunque también cuestionó “la intransigencia” de la conducción sindical y calificó de “incumplible” el reclamo de un salario de $3 millones. Además, rechazó que la solución pase simplemente por aumentar recursos: aseguró que Tierra del Fuego destina alrededor de $12 millones anuales por alumno y reclamó revisar cómo se administra el presupuesto educativo y el destino de las horas cátedra. “No pasa por cuántos fondos destinemos a educación, sino cómo los administramos”, sentenció.

Río Grande.- El legislador Matías Lapadula realizó un severo diagnóstico sobre la crisis educativa que atraviesa Tierra del Fuego y sostuvo que la prolongación del conflicto entre el Ejecutivo provincial y el SUTEF produjo un daño que ya no podrá revertirse durante el actual ciclo lectivo. Aunque ubicó al Gobierno como principal responsable de encontrar una solución, también cuestionó posiciones de la conducción gremial y reclamó razonabilidad para alcanzar un acuerdo que permita recuperar la normalidad en las escuelas.

En diálogo con el programa ‘Costo Político’ por Radio Provincia, Lapadula llegó a comparar el impacto de la situación actual con lo ocurrido durante la pandemia.

“Lo que está pasando con la educación es lamentable desde todo punto de vista. Yo lo decía la otra vez: esto es peor que la pandemia en términos del daño que está haciendo”, afirmó.

El legislador fundamentó la comparación señalando que, durante las restricciones sanitarias, los docentes consiguieron implementar rápidamente mecanismos virtuales que permitieron sostener cierta continuidad pedagógica.

“Gracias al trabajo de los docentes, porque lo repito, los docentes son los que a pesar de todo llevan adelante este sistema educativo, inclusive en la pandemia se pudo rápidamente comenzar con clases virtuales y continuar con la educación de nuestros pibes. Hoy es peor”, sostuvo.

 

“El principal responsable es el Gobierno”

 

Lapadula atribuyó al Ejecutivo provincial la responsabilidad principal de encontrar una salida, aunque aclaró que “en una negociación prolongada también existen responsabilidades compartidas”.

“El principal responsable, por supuesto y sin dudas, es el Gobierno de la Provincia. Tiene que dar una solución”, afirmó. Y agregó: “Cuando dos partes se tienen que poner de acuerdo y no lo hacen en todo este tiempo, sin dudas hay alguna responsabilidad también de todas las partes, como en cualquier negociación”.

El legislador se mostró escéptico frente a la posibilidad de que una declaración de emergencia salarial docente resuelva por sí misma el problema.

“Voy a declarar en emergencia, voy a declarar en emergencia, ¿y la plata de dónde sale? Porque declara en emergencia algo y no sale la plata”, cuestionó.

 

A su entender, el Ejecutivo intenta trasladar parte de la responsabilidad hacia la Legislatura. “Creo que está haciendo el Gobierno lo que ha hecho durante todo este tiempo: lavarse las manos y patear el problema a la Legislatura, como si fuese la Legislatura la que mal administra los recursos que tiene el Estado provincial para dar soluciones y prestar los servicios que tiene que prestar, entre otros la educación”, manifestó.

 

También cuestionó el reclamo del SUTEF

 

Sin embargo, Lapadula no eximió de responsabilidades a la conducción sindical. Consideró que “algunas de las demandas planteadas por el SUTEF resultan difíciles de compatibilizar con la realidad salarial general de Tierra del Fuego”.

“Lo que pide el sindicato, la verdad que es incumplible. Cuando hablan del salario mínimo vital y móvil de la provincia en 3 millones de pesos, a ver qué trabajador de cualquier ámbito en Tierra del Fuego hoy cobra eso. Muy pocos”, señaló, al tiempo que agregó que “creo que hay que ser razonable”, agregó.

Esta posición volvió a aparecer cuando analizó la posibilidad de alcanzar un acuerdo. Si bien reiteró que la responsabilidad principal recae sobre el Gobierno, pidió a la dirigencia gremial contemplar el contexto general.

“El Gobierno, fundamentalmente, y también un poco la intransigencia de la dirigencia del SUTEF, que me parece que tiene que mirar un poco la situación en general que estamos pasando y colaborar por lo menos para tener un acuerdo”, planteó.

 

“No pasa por cuánto dinero destinemos, sino cómo lo administramos”

 

Uno de los puntos centrales del análisis de Lapadula estuvo relacionado con el presupuesto educativo. El legislador rechazó que “la respuesta automática a la crisis sea incrementar impuestos o ampliar partidas sin discutir previamente cómo se utilizan los recursos existentes”.

Según los datos presupuestarios citados por el propio legislador durante la entrevista, la Provincia destina aproximadamente $12 millones anuales por estudiante.

“Hoy la Provincia gasta 12 millones de pesos por alumno por año. Es tres veces más que el promedio o, si se quiere, la media de todas las demás jurisdicciones del país. Y la educación es un desastre”, afirmó.

A partir de esa comparación sostuvo que “entonces no pasa por cuántos fondos o cuánto dinero destinemos a educación, sino cómo lo administramos”.

Lapadula vinculó esa discusión con los cuestionamientos existentes sobre la utilización de las horas cátedra y reclamó determinar cuánto del presupuesto formalmente destinado al sistema termina efectivamente llegando a los docentes y las escuelas.

Consideró que el Gobierno tiene la responsabilidad primaria de explicar el destino de esos fondos, pero planteó que el propio SUTEF podría intervenir activamente en el control.

“El gremio docente, el SUTEF, podría colaborar en auditar, en denunciar dónde se van estas horas cátedra y qué se hace, para que eso en definitiva quede en los docentes que dice defender”, señaló.

Para Lapadula, existe una contradicción entre la magnitud de los recursos asignados presupuestariamente y las dificultades que atraviesa el sistema: “A la hora de buscar las soluciones y denunciar dónde se está escapando el dinero, que repito es enorme, que va supuestamente, por lo menos en términos presupuestarios, a la educación, no llega”.

 

“Empecemos a administrar los recursos como corresponde”

 

La discusión educativa llevó al legislador hacia una crítica más general sobre el manejo de las cuentas provinciales.

Lapadula sostuvo que el problema central es la administración de los fondos disponibles y rechazó que la salida consista permanentemente en reclamar mayores recursos.

“Tenemos el segundo presupuesto por habitante del país per cápita, después de CABA, y somos una provincia con un Estado destruido”, afirmó.

Por eso reclamó que “no vengamos a hablar de más recursos, empecemos a administrar los recursos como corresponde”.

Desde esa perspectiva, el legislador planteó que la crisis educativa debe analizarse también como una consecuencia de las decisiones tomadas respecto del destino del gasto público y no exclusivamente como una discusión acerca del volumen total de fondos.

 

Críticas a la propuesta de declarar esencial la educación

 

Durante la entrevista también fue consultado sobre la posición de La Libertad Avanza de impulsar la declaración de la educación como servicio esencial.

Lapadula sostuvo que “considera a la educación esencial, pero cuestionó que una declaración legislativa sea suficiente para solucionar los problemas del sistema y confrontó esa iniciativa con decisiones adoptadas a nivel nacional”.

“Yo creo que la educación es esencial. ¿Y quiero mandar un proyecto como si eso solucionara los problemas?”, planteó.

A continuación, cuestionó la eliminación o reducción de programas y transferencias nacionales vinculados con educación y mencionó específicamente el “FONID, programas relacionados con conectividad, educación técnica, compensación salarial e infraestructura escolar”.

“Si yo creo que es esencial la educación, ¿por qué la desfinancio?”, cuestionó, al dirigir sus críticas hacia las políticas nacionales defendidas por La Libertad Avanza.

También señaló que “la eliminación de programas nacionales obliga a las jurisdicciones locales a decidir si absorben esos costos con recursos propios, lo que necesariamente implica resignar fondos destinados a otras políticas”.

 

El ejemplo del boleto estudiantil

 

Lapadula utilizó como ejemplo la situación del transporte público de Río Grande. Señaló que, ante la modificación de los subsidios nacionales, el Municipio decidió sostener con recursos propios determinadas políticas.

Mencionó particularmente el boleto estudiantil y aseguró que “actualmente su costo es absorbido por la administración municipal”.

“Hoy subsidia plenamente el 100% del boleto estudiantil en la ciudad de Río Grande. Lo subsidia el Estado municipal”, indicó.

No obstante, aclaró que “hacerse cargo de una obligación con fondos locales no significa que esa decisión carezca de consecuencias presupuestarias”.

 

“Que uno se pueda hacer cargo porque lleva una administración ordenada y planificada no quiere decir que esos recursos no los haya quitado de otra cosa, porque los recursos son limitados. Si destino recursos a algo, no lo estoy destinando a otra cosa”, explicó.

 

“Este año para los pibes y pibas está perdido”

 

El momento más contundente de la entrevista llegó cuando Lapadula evaluó las posibilidades de recuperar los contenidos perdidos durante las medidas de fuerza.

El legislador descartó que “extender jornadas o incorporar clases los sábados permita compensar efectivamente el tiempo sin actividad”.

“Yo voy a ser claro y honesto. Este año para los pibes y pibas está perdido. Está perdido”, sentenció.

También rechazó la posibilidad de recomponer completamente el calendario con mecanismos extraordinarios al sostener que “no me vengan con el verso del ministro de Educación de que van a agregar clases los sábados y así se va a recuperar. No se va a recuperar nada”.

Y resumió su diagnóstico con una de las definiciones más duras de la entrevista, “le hicieron perder un año a los pibes. Esto es así”.

Lapadula insistió en que el “Gobierno tiene la obligación de encauzar el conflicto y reclamó al SUTEF flexibilizar posiciones para alcanzar un entendimiento, ojalá se haga, ojalá pase, pero lo veo difícil”, reconoció respecto de un eventual acuerdo.