El presidente de la Comisión de Presupuesto de la Legislatura fueguina cuestionó el proyecto enviado por el Ejecutivo para financiar el sistema educativo y rechazó que sea tratado con carácter de urgencia. Advirtió sobre nuevos impuestos al sector privado, cuestionó la asignación de recursos y reclamó revisar el funcionamiento de distintas áreas del Estado antes de avanzar con una mayor presión tributaria.
Río Grande. -El legislador Matías Lapadula cuestionó el proyecto de financiamiento integral del sistema educativo enviado por el Poder Ejecutivo provincial y puso el foco en el mecanismo elegido para su tratamiento legislativo, la creación de nuevos recursos tributarios y la administración del gasto público.
“Primero que es el segundo proyecto que envía, ya había enviado un proyecto que era más amplio, porque no sólo tenía en cuenta el financiamiento educativo, sino el financiamiento de salud. Era un proyecto, obviamente, que también preveía un aumento importante en impuestos, la modificación del Código Fiscal, con lo cual no compartíamos”, explicó en el programa ‘Buscando el Equilibrio’ por Radio Provincia.
El legislador sostuvo que “he mirado cosas que para mí son serias, son graves, y que no comparto para nada. En primer lugar, el carácter de urgencia que le dieron al presupuesto”.
En ese sentido, fue crítico con el mecanismo que establece que, si el proyecto no es tratado dentro del plazo previsto, quedaría automáticamente sancionado. “La verdad que es un papelón. A mí me parece que un proyecto de estas características, tan anunciado, tan trabajado supuestamente con el sindicato después de 45 días de paro y con los pibes sin clases, ¿se manda de esta forma?”, cuestionó.
“Creo que merece trabajar seriamente, con responsabilidad, escuchando a todos los sectores, invitando a todos los funcionarios que expliquen de qué se trata este proyecto y que sea trabajado en el marco de la normalidad en comisión”, sostuvo.
Asimismo, remarcó que “no este mamarracho de mandarlo con carácter urgente para nosotros, o sea, trasladar la responsabilidad a la legislatura que si no lo aprueba, queda aprobado. Y si no los responsables somos nosotros”.
Lapadula también puso bajo la lupa el contenido económico del proyecto y cuestionó que “el proyecto la verdad que tiene deficiencias serias. Ni hablar que otra vez manotean plata los municipios, otra vez aplican impuestos. El fondo que se prevé en este proyecto está anunciado, hay un enunciamiento de dónde viene el dinero, pero no hay una estimación”.
También cuestionó específicamente la propuesta de aplicar una alícuota sobre las actividades del Banco de Tierra del Fuego y subrayó que “no sabemos nada. La redacción es espantosa. Esto de poner un impuesto del 3% a las actividades del Banco Tierra del Fuego, ¿qué quiere decir?”, planteó.
“¿Estamos agravando el sector financiero o agravamos solamente al Banco Tierra del Fuego? Si agravamos solamente al Banco Tierra del Fuego, a mí me parece una norma absolutamente inconstitucional. Yo no puedo hacer una ley para gravar a una persona”, remarcó.
En otro tramo, el legislador cuestionó la proliferación de adicionales sobre Ingresos Brutos y sostuvo que esos mecanismos terminan afectando los recursos que deberían integrar la masa coparticipable.
“Hay un sinnúmero de adicionales al impuesto a los ingresos brutos, que no se denomina impuesto a los ingresos brutos porque el impuesto a los ingresos brutos se coparticipa. Estos adicionales no son coparticipables, sino que tienen asignaciones específicas”, explicó.
Según Lapadula, “hay un sinnúmero que se fueron creando en los últimos 15 años, 20 años si se quiere, que la verdad han distorsionado todo. Y eso va todo directamente a la administración pública provincial”.
“Los docentes merecen una discusión seria”
Respecto del conflicto educativo, Lapadula diferenció la necesidad de mejorar los salarios docentes de la forma en que el Ejecutivo propone financiar ese incremento. “Hay que trabajar y revisar el presupuesto de educación porque los docentes y los trabajadores de la educación tienen que tener salarios como la gente. Salarios que alcancen para vivir dignamente”, afirmó.
El legislador extendió esa consideración al resto de los trabajadores estatales y resaltó que “pero no solo ellos, también el personal de salud, todos los servidores públicos. Ahora, esto que quede claro que tiene que ser así. Y tenemos que trabajar para eso”.
Sin embargo, cuestionó que “ahora, esto mandar así de urgencia. ¿Querés algo de urgencia? Bueno, hace el ajuste sobre los más de 2.000 cargos políticos que tienen, que son más de 6.000 millones de pesos por mes”.
En este sentido, insistió: “Más de 2.000 y pico que tienen. Bueno, hacer el ajuste ahí y derivar ese dinero a fortalecer el salario de los trabajadores”.
“Además que estamos hablando de un proyecto que da un horizonte y un trabajo durante 5 años. Queremos hacer un proyecto que ordene el financiamiento educativo de acá a 5 años para los próximos 20. Le ponemos tratamiento de urgencia para que no se discuta en la legislatura, para que no vengan los funcionarios a dar explicaciones, a ver de qué se trata cada punto”, cuestionó.
También puso en duda algunas de las fuentes de financiamiento contempladas y sostuvo que “ponemos fuente de financiamiento a lo que provenga del hidrógeno verde. Si no hay hidrógeno verde acá, ya es una mentira. Un impuesto del 3,4%, 3,2% no me acuerdo, a la distribución de gas natural”.
“¿A quién impacta eso? Nos va a impactar a todos los vecinos y vecinas, al comercio, a la producción de electricidad en Tierra del Fuego, porque la producción de electricidad es a base de gas”, sostuvo.
Por eso, cerró ese tramo con una crítica al mecanismo de tratamiento: “Entonces, a ver, analicemos un poco este proyecto y los docentes merecen una discusión seria, no este mamarracho”.
“No es solamente un tema de dotar recursos, sino cómo se administran”
Lapadula también puso en discusión el nivel de recursos que recibe el sistema educativo fueguino y consideró que “el presupuesto por alumno en la provincia, creo que es el segundo en el país, creo que está arriba del CABA. Pero el promedio de todas las demás jurisdicciones es tres veces menos”.
Sin embargo, sostuvo que “y ninguna jurisdicción tiene los problemas que tenemos acá en la provincia de Tierra del Fuego. Evidentemente, no es solamente un tema de dotar recursos, sino cómo se administran”.
“Y cómo se administran en la provincia no quiere decir solamente salud, educación. Fíjense lo que pasa en la salud. La salud está igual. El problema es mucho más profundo”, manifestó.
En ese sentido, cuestionó que “entonces, dejemos de querer resolver siempre las cosas de la manera fácil, que es con un tarifazo, y empecemos a analizar qué estamos haciendo con los recursos que tenemos”
Lapadula también fue consultado por la situación del IPRA y cuestionó que una institución vinculada a los juegos de azar presente déficit mientras realiza aportes al Estado provincial. Al respecto, señaló que “en el caso del IPRA es un instituto de larga data, un instituto que prácticamente se formó con la provincia y por supuesto han cambiado absolutamente las tecnologías, la manera de administrar lo que son los juegos de azar, y probablemente haya que adecuarlo y adaptarlo a lo que pasa hoy”, sostuvo, aunque remarcó que cualquier modificación debe contemplar primero la situación de los trabajadores del organismo.
“La Agencia de Innovación, es una agencia que fue creada por este gobierno que tiene un presupuesto de 20 mil millones de pesos y que la verdad que ahí se van horas cátedra también, las horas cátedra y salario que no va al bolsillo docente se gastan en esta agencia que creo que pocos sabemos para qué sirve”, afirmó.
Lapadula sostuvo que “administrar y gestionar es justamente eso, ver dónde pongo los recursos que tengo que son escasos y qué priorizo”, planteó. En esa línea, precisó que “y claramente no estamos priorizando ni la educación ni la salud en Tierra del Fuego, que son las funciones principales del Estado”.
Horas cátedra: “Pasaron de 600.000 a 1.200.000 en 7 años”
Uno de los puntos que Lapadula reclamó revisar es la evolución de las horas cátedra en el sistema educativo provincial. “La verdad que el que tiene que dar respuestas sobre eso es justamente el gobierno. Yo creo que el sindicato, en este caso quienes representan a los docentes, podrían y deberían colaborar porque conocen las escuelas, conocen los lugares, podrían colaborar para poder descifrar qué es lo que sucede”, explicó.
“Pero acá hay un solo responsable, que es el gobierno de la provincia, porque pasaron de 600.000 a 1.200.000 horas cátedras en 7 años y a mí me llama la atención. Creo que evidentemente ahí hay un problema que hemos consultado, que hemos pedido informes, pero que no hay una respuesta”, afirmó.
Asimismo, comentó que “y creo y repito, acá el responsable de otorgar esas horas es el gobierno de la provincia y es el Ministerio de Educación que lo tiene que controlar”.
Lapadula adelantó que “voy a solicitar una sesión especial para quitarle la urgencia a este proyecto, porque creo que es una falta de respeto”, a lo que agregó “esto merece seriedad, pero es una falta de respeto no a los legisladores, es una falta de respeto a los docentes, a todo el personal de la educación, que no se merece que esto sea tratado como si fuese cualquier cosa. Necesita un análisis serio, necesita trabajo y necesita que los funcionarios vengan a dar las explicaciones”.
Y advirtió sobre el riesgo de que una nueva norma no resuelva el problema de fondo: “Porque si esto sale aprobado, ¿qué va a pasar? Dentro de tres meses vamos a seguir igual y los pibes van a seguir perdiendo días de clase”.
Presupuesto provincial: cuestionó la estimación de coparticipación
En relación con el presupuesto provincial y los nuevos parámetros establecidos a nivel nacional, Lapadula consideró que “primero que siempre sucede lo mismo. Nosotros tenemos una constitución que dice que hay que presentar el presupuesto antes del 31 de agosto, cuando todavía no está presentado el presupuesto nacional. En un país con una economía que siempre es fluctuante, que siempre tenemos diferencias de apreciación y además de estimaciones”.
En ese contexto, sostuvo que “sí creo que va a haber que hacer esas modificaciones, hay una estimación de recursos que es bastante diferente. Esa estimación de recursos en menos que hizo la provincia por 250.000 millones de pesos de coparticipación federal, puede permitir, por ejemplo, dejar de lado el tarifazo”.
Lapadula planteó que “¿Para qué voy a hacer un tarifazo si cuento con 250.000 millones más de recursos? ¿No tendríamos déficit? Por ejemplo, no pedir endeudamiento. Por ejemplo, tener las cuentas equilibradas. Por ejemplo, dar un aumento a los docentes sin tener que hacer este mamarracho”.
“Digo yo, se me ocurre. Por ejemplo, cancelar la deuda millonaria que tiene con los municipios”, manifestó.
Por su parte, agregó que “se puede destinar ese dinero que no lo tenían en su presupuesto a equilibrar un poco las cuentas públicas y empezar a cumplir con las deudas que tienen en materia de salarios, en materia de municipios, en materia de salud”.
La situación del Puerto de Ushuaia
Otro de los temas abordados durante la entrevista fue la intervención del Puerto de Ushuaia y sus consecuencias sobre los recursos provinciales. Lapadula puso como primera preocupación la situación de los trabajadores de la Dirección Provincial de Puertos.
“Mi primera preocupación, número uno, es el salario de los empleados de la Dirección Provincial de Puertos, que hoy están con una incertidumbre total”, sostuvo. El legislador responsabilizó al Gobierno nacional por la situación y defendió el carácter provincial del recurso portuario.
“Porque es cierto que crea un problema para el gobierno, pero acá hay una responsabilidad clara y primaria de la intervención arbitraria e ilegal del gobierno nacional, que se está quedando con recursos y un activo estratégico que pertenece a la Provincia Tierra del Fuego”, afirmó.
Al mismo tiempo, reconoció que “también creo que, lamentablemente se han cometido errores desde el gobierno provincial que permitieron esta intervención, o abrieron las puertas o las ventanas si se quieren para que se metan. La defensa de los intereses de la provincia no se hizo como se tenía que hacer, y no lo digo yo, lo dijo el fiscal de Estado en la comisión cuando estuvo”.
“Y lamentablemente hoy estamos frente a un hecho consumado que desde el punto de vista de los recursos se encuentra en la Corte Suprema de la Nación y que todos sabemos que en la Corte Suprema de la Nación se toma el tiempo que se le cante”, expresó.
En este sentido, comentó que “entonces me parece que acá es importantísimo que todos los sectores de la provincia, todos los sectores entendamos que este es un bien de la provincia y de los fueguinos y que dejemos de discutir entre nosotros, a ver, pongamos firmemente ante la Nación, es decir, se tiene que devolver la administración del pueblo, porque no es del gobierno de Gustavo Melella, es del Estado provincial y por lo tanto de todos los fueguinos”.
Consultado por estos 10 millones de dólares que no se recaudaron y que solo le quedan 5 mil millones de pesos a la Dirección de Puertos. Lapadula también adelantó que “me comprometí a la semana que viene a gestionar algún tipo de reunión con los sectores empresariales, de la Cámara de Comercio de Ushuaia, de la Cámara de Turismo, porque creo que es importante entender que no nos pueden hacer pelear entre nosotros, no es una pelea entre los empleados de puertos y los comerciantes. En esto tenemos que estar todos juntos porque claramente afecta a la economía de Tierra del Fuego”.
Con respecto a la poca información por parte del ANPyN, dijo que “se presentó una medida respecto al derecho a la información en el juzgado federal que se le dio lugar. Y ahora el mismo juez clasificó la información como clasificado, secreto, es un disparate, da la razón en la medida esta, para que manden la información, porque es información pública. ¿Qué presiones recibieron para que un juez haga eso? ¿Cómo no podemos conocer los números de nuestro puerto, aunque esté intervenido? Es un disparate”.
Reclamo por los fondos de Río Grande
También se refirió al reclamo del Municipio de Río Grande por el coeficiente de distribución de la coparticipación provincial y aseguró que el proceso administrativo había reconocido el planteo municipal.
“Sí sé que hubo un reclamo administrativo por parte del municipio de Río Grande, un reclamo administrativo por las vías normales administrativas por el cálculo del coeficiente de distribución de parte de la coparticipación provincial”, explicó.
Según relató, luego de los análisis correspondientes “le dieron la razón al municipio de Río Grande y se emitió el acto administrativo correspondiente que es un decreto estableciendo esos coeficientes en la medida que le hacía lugar al reclamo”.
Sobre la posterior suspensión de ese cambio, expresó: “Ese cambio de coeficientes requiere reajustes en lo que es la distribución que no se hicieron y creo que al reclamarse eso, lo que se hizo es otro decreto suspendiendo, no sé si es un decreto de resolución, suspendiendo la aplicación. O sea, ni siquiera dijo ah no, lo suspendemos. La verdad, yo nunca, nunca vi una cosa así, nunca lo vi, me llama la atención, no sé cuál es el motivo, no sé qué es lo que sucedió”.
Lapadula afirmó además que la deuda de coparticipación con los municipios supera actualmente los 16 mil millones de pesos y cuestionó que “pero eso es otra cosa que no está en el presupuesto, en el presupuesto de ninguna manera está previsto devolver o cancelar parte de lo que se le dé a los municipios”.
“Entonces, a ver, cuál es el diálogo, cuál es la voluntad de diálogo de un gobierno que ni siquiera lo presupuesta, porque lo podría presupuestar para poder sentarnos, trabajar entre todos los legisladores, vamos a hacer algo para solucionar el tema de los municipios”, continuó.
Finalmente, recordó que “trabajamos y sancionamos un proyecto de ley que fue vetado, lamentablemente no pudimos insistirlo porque no hubo los votos, pero un proyecto de ley para crear un sistema de transferencia automática de los fondos que pertenecen a los municipios”, explicó.
“Porque esto hay que decirlo, no es de la provincia, pertenece a los municipios y pertenece a los vecinos y vecinas de cada una de las ciudades”,precisó.
Consultado por la proxima sesión, insistió en que “no sesionamos desde junio y desde junio hemos querido sancionar, pero la vicegobernadora que tiene las facultades no llama a sesión, 3 o 4 meses sin sesionar y mandan un proyecto con tratamiento de urgenciaque en 30 días queda automáticamente sancionado. Vamos a pedir una sesión especial para quitarle tratamiento de urgencia a este proyecto y trabajarlo como corresponde”.
“El gobierno no tiene ninguna intención de tener presupuesto que se siente muy cómodo con los presupuestos reconducidos maneja los fondos discrecionalmente sin responder a ningún pedido de informe”, cerró.
