La jueza de instrucción María Rosa Santana rechazó el pedido de excarcelación para Daniel Alexis Jaime, imputado por el violento robo a una joven de 20 años. La fiscalía fundamentó su oposición en los graves riesgos procesales, el ocultamiento del teléfono sustraído y el impacto psicológico en la víctima, quien reside en el mismo sector que el agresor.
Río Grande. – El pedido de excarcelación había sido presentado por la defensa oficial de Daniel Alexis Jaime, la cual fue rotundamente desestimada por el Juzgado de Instrucción N°1.
El imputado de 30 años, detenido a principios de semana tras un allanamiento en su domicilio de la calle Garibaldi, continuará tras las rejas bajo el régimen de prisión preventiva. La medida responde de forma directa a la gravedad del hecho ocurrido el pasado sábado, cuando interceptó por la espalda, tomó del cuello y arrojó al suelo a una joven para despojarla de sus pertenencias, bajo la sospecha de haber empleado un elemento contundente como arma de intimidación.
La fiscal Mariel Zárate fue determinante al bloquear el pedido de excarcelación de la defensa oficial. En su argumentación, expuso que Jaime representa un riesgo procesal latente debido a su conducta posterior al delito, habiendo escapado con éxito de la escena y ocultado la principal prueba material: el teléfono celular de la víctima, el cual todavía no ha podido ser localizado por los investigadores. A esto se suma el factor del temor fundado de la damnificada, quien debe convivir en el mismo barrio con el imputado, aumentando la vulnerabilidad de la denunciante.
El perfil del procesado arrastra antecedentes de extrema gravedad que encendieron las alarmas vecinales y judiciales en el pasado. Daniel Alexis Jaime carga en su historial con una condena previa de dos años de prisión de cumplimiento efectivo dictada en 2019, luego de haber sido hallado culpable de provocar de forma intencional el incendio que destruyó el edificio educativo donde funcionaban las Escuelas Provinciales N° 20 y N° 26 en esta misma ciudad. Con esta resolución judicial firme, la magistrada Santana dispuso un plazo de 10 días hábiles para resolver de forma definitiva la situación procesal del imputado.
