El martillero público señaló que durante octubre se realizarán entre siete y ocho subastas de automotores entre Río Grande y Ushuaia, con un total estimado de al menos 50 vehículos. Vinculó el fenómeno con las dificultades económicas de las familias, la caída del consumo y el deterioro de la cadena de pagos. Además, explicó cómo funcionan los remates judiciales y advirtió sobre las consecuencias de vender o alquilar propiedades sin matrícula profesional.
Río Grande. -El martillero público Fernando Allo advirtió sobre el incremento de las subastas de automotores en Tierra del Fuego y señaló que octubre se convirtió en un mes particularmente significativo por la cantidad de vehículos que salen a remate en Río Grande y Ushuaia.
“Estoy observando, hablando con colegas, que, por ejemplo, en este mes de octubre, entre Río Grande y Ushuaia, hay entre seis y siete subastas de automotores. Para darle una idea, en Ushuaia hubo una el 10 de octubre, ahora va a haber el 17 de octubre, en Río Grande va a haber una el 24 de octubre de 11 vehículos”, explicó por Aire Libre.
El martillero sostuvo que la cantidad de remates resulta llamativa en comparación con otros períodos. “Octubre ha sido un mes que ha llamado la atención, porque no recuerdo un mes donde haya habido tantas subastas de automotor”, afirmó.
Para encontrar un antecedente similar, Allo recordó que “recuerdo que tuvimos una movida así en la época del año 2000 o 2001, que también se había caído un poco la cadena de pagos, y hubo una catarbada de secuestros de automotores y subastas”.
Las dificultades económicas detrás de los remates
Allo aclaró que los vehículos que llegan a una subasta judicial no necesariamente corresponden a deudas recientes. Por el contrario, explicó que “esto no es que este auto que se secuestra en octubre es porque la persona debe del mes pasado. Estamos hablando de deudas que vienen de dos años para atrás a la fecha, porque imagínense que cuando nosotros llegamos a la subasta del vehículo, es la última, el último peldaño de una cadena”.
El procedimiento comienza cuando una persona deja de pagar las cuotas de su vehículo. Primero se realizan llamados para intentar regularizar la situación; luego, ante la acumulación de cuotas impagas, se envía una intimación formal y, si la deuda persiste, interviene el área legal de la entidad acreedora para iniciar el expediente y solicitar el secuestro del automóvil.
En ese recorrido, el deudor todavía puede cancelar sus obligaciones. Sin embargo, Allo consideró que las dificultades económicas actuales están complicando cada vez más el cumplimiento de los compromisos financieros.
“Hay que entender que detrás de cada vehículo que se llega a una subasta judicial hay una obligación que no pudo cumplirse. Y esto no significa necesariamente que la gente no quiera pagar. En muchos casos lo que sucede es que los ingresos no alcanzan para afrontar todos los compromisos asumidos, que es lo que se está viendo”, remarcó.
En ese sentido, relacionó el aumento de los remates con la caída de la actividad comercial y el consumo. “La cadena de pago se vino abajo, lo estamos viendo en la Cámara del Comercio, y lo estamos viendo en general cuando uno sale a la calle y ve que no hay consumo. Y, digamos, la mora en las tarjetas de crédito también es un indicador”, sostuvo.
El martillero explicó que “uno por ahí se compra un auto hace dos años, supóngase, con una idea de que iba a seguir manteniendo su trabajo, que las cosas iban a mejorar, que iba a poder pagar la cuota tranquilamente, y resulta que por distintas situaciones, cuando empezó a hacer el número, hoy no le alcanza. Entonces, bueno, esto es una parte más de la famosa cadena de pago”.
Consultado sobre los sectores laborales más afectados, Allo aclaró que “cuando nosotros recibimos el mandamiento de secuestro, por ahí nos sale un reporte de dónde trabaja la persona, pero hay en todos los ámbitos, hay autónomos, hay docentes, hay gente que trabaja en gobierno, hay de todo”.
También cuestionó que “varias veces cuando voy a hacer el secuestro del auto y tengo oportunidad de hablar con la persona, le pregunto por qué llegó a esta instancia. Me dicen que no lo pueden pagar, y yo les pregunto por qué no se acercaron a la agencia para decir: ‘Mirá, no lo puedo pagar, renegociemos, te entrego el vehículo y saco uno más chico’. ¿Por qué llega a la instancia del secuestro?”.
“El 80% de la gente espera y después tenemos que ir nosotros, que somos los malos de la película, de alguna manera, a hacer nuestra tarea, porque en definitiva es nuestra tarea, es ingrata, pero esto alguien la tiene que hacer”, agregó.
Al menos 50 vehículos saldrían a remate durante octubre
En cuanto a la magnitud del fenómeno, Allo estimó que durante octubre se subastarán no menos de 50 automotores en la provincia. Entre las fechas previstas mencionó una subasta en Ushuaia el 17 de octubre y otra en Río Grande el 24, en la que un colega rematará 11 vehículos.
“Calcular que este mes se van a subastar no menos de 50 autos”, indicó. Luego, ante la posibilidad de que se sumen nuevas convocatorias, agregó: “Hoy hablé con colegas de Ushuaia, me dijeron que a fin de mes hacen la última. O sea que puede haber siete u ocho, pero bueno, ya no le quiero tirar un número”.
Allo también habló de la subasta judicial de tres Peugeot 208 que se realizó en Trejo Noel 435. Los vehículos tendrían bases de entre cinco y ocho millones de pesos, según las condiciones de cada unidad, y podrían salir sin base si no hubiera oferentes en el primer llamado.
El martillero explicó que el procedimiento varía según el tipo de remate. En una subasta judicial, el proceso está sujeto a las disposiciones del juez y, una vez abonado el porcentaje correspondiente, se debe informar al juzgado y esperar su aprobación. En esos casos, la entrega puede demorar alrededor de 25 días.
En cambio, en las ejecuciones de prendas, el trámite puede ser más ágil: se realiza un pago inicial y, una vez aprobada la operación, se completa el saldo y se gestiona la transferencia del vehículo.
Qué debe saber quién compra un auto en un remate
Allo aclaró que adquirir un vehículo en una subasta no implica asumir las cuotas impagas del anterior propietario. El comprador paga el precio que ofertó y debe considerar las deudas que hayan sido informadas en las condiciones del remate, como patentes, multas, embargos o inhibiciones.
“La persona que compra el auto en remate, una vez que compró, compró y no paga un peso más. Lo compra al precio que levanta la mano; se hace cargo de las deudas que son informadas por los otros, que son, si el auto tiene deudas de patente, multas, embargos, inhibiciones. Le transfiero a su nombre y ya se acabó”, explicó.
El dinero obtenido en la subasta se destina a compensar la deuda del anterior titular. Sin embargo, si el monto recaudado no alcanza para cubrir el total adeudado, la obligación puede continuar vigente.
“Imagínese usted que yo el auto lo mal uso, está chocado, no tiene los servicios. Cuando voy a remate, obviamente que un auto que puede valer 25 millones en la calle, lo vendo 12 porque está en mal estado. Cobra 12, pero la deuda es de 28 porque tenés la deuda más los intereses punitorios, más honorarios de los abogados”, ejemplificó.
“Esa persona se quedó sin auto, se transfiere el resultado de la subasta, pero sigue debiendo plata”, señaló.
El martillero, que se dedica a los remates de automotores desde el año 2000, señaló que “antes había un remate y era algo novedoso, entonces vos por ahí tenías 50 personas, 30 personas en un remate, o más, depende, y hoy hay tanto remate que por ahí no es tentador, dice: ‘Otro remate más’. Y bueno, no, prefiero ir al remate del 24 de octubre porque hay autos mejores”.
