El legislador de Provincia Grande criticó el proyecto de financiamiento educativo impulsado por el Gobierno provincial, rechazó la posibilidad de aumentar impuestos y sostuvo que el problema central es la administración de los recursos públicos. Además, advirtió sobre las demoras en la coparticipación a los municipios y no descartó que Río Grande recurra a la vía judicial para reclamar los fondos adeudados.
Río Grande. -El legislador provincial Matías Lapadula cuestionó el proyecto de financiamiento educativo que se debate en la Legislatura, al considerar que no resuelve los problemas estructurales del sistema y que propone aumentar impuestos en un contexto económico complejo. También apuntó contra la gestión de los recursos públicos del Gobierno fueguino y reclamó explicaciones por la deuda de coparticipación con los municipios, que en el caso de Río Grande supera los $18.000 millones.
En diálogo con Radio Provincia, Lapadula se refirió inicialmente a las mesas de trabajo impulsadas para comenzar a elaborar una propuesta política de cara al próximo año. La primera jornada estuvo dedicada a la salud y reunió a trabajadores del sector público y privado, entre médicos, administrativos y personal hospitalario.
“Nosotros tenemos que empezar a escuchar, que las propuestas tienen que venir de abajo hacia arriba, que tenemos que empezar a escuchar a los vecinos y vecinas, para empezar por lo menos a darle forma a un proyecto que quiere ser una propuesta y una alternativa el año que viene para conducir la provincia y seguir trabajando en la ciudad”, señaló.
Sobre el encuentro, explicó que “hay un montón de cosas que no conoce, y por ahí quienes están en la base de esa pirámide que significa toda la gente que trabaja en el sistema de salud, uno la verdad que se entera de un montón de cuestiones que son fáciles de resolver, que no es únicamente poner plata o aumentar presupuestos, sino corregir algunas cosas que tienen que ver justamente con esto, con escuchar a aquellos que trabajan ahí, que ven día a día lo que sucede, y que con algunas cosas muy pequeñas que corregirse pueden hacer grandes cambios”.
Financiamiento educativo: rechazo al aumento de impuestos
Al referirse al tratamiento legislativo del proyecto de financiamiento educativo, Lapadula confirmó que “los bloques continúan analizando la iniciativa y se prevé una nueva reunión antes de la sesión programada para el 28 de octubre”. Según explicó, se modificó la metodología de trabajo en comisión para que los funcionarios concurran con información concreta y las reuniones permitan profundizar el análisis.
Sin embargo, sostuvo que “en primer lugar, y creo que nos hemos manifestado la gran mayoría de los bloques respecto a que no vamos a acompañar un aumento de impuestos en este contexto, un contexto sumamente complicado para los vecinos y realmente aumentar los impuestos, en este caso a todo lo que es la distribución de gas, no nos parece razonable”.
El legislador también puso en duda que los fondos previstos sean suficientes para atender las necesidades educativas. A su entender, la iniciativa establece objetivos vinculados con los salarios docentes, la infraestructura y la mochila educativa, pero no garantiza los recursos necesarios para concretarlos.
“Otra vez caemos en lo mismo, en un proyecto que sirve solamente para enviar el problema a la Legislatura y tener un acuerdo con el gremio docente, pero cuando uno lo empieza a analizar, llama a los funcionarios y les pide datos concretos, la verdad que esos recursos no alcanzan para nada”, cuestionó.
Asimismo, comentó que “entonces, otra vez, es una cáscara vacía y una enumeración de buenas intenciones, pero no resuelve el problema real que tiene la educación, que es justamente primero el salario docente y después todo lo que tiene que ver con lo que se propone de infraestructura, de mochila educativa y un montón de cuestiones que obviamente hacen falta, pero que no se resuelven con este proyecto, ni mucho menos”.
Para Lapadula, la discusión debe centrarse en la administración del presupuesto existente antes de avanzar con nuevos tributos. En ese punto, señaló que “a lo mejor lo que hace falta es reordenar el presupuesto de educación, que la plata vaya donde tiene que ir y tomarse ese trabajo, que es mucho más difícil que venir y querer aumentar impuestos”.
Como ejemplo, mencionó que el proyecto establece un sendero de crecimiento del presupuesto educativo desde el 4,5% hasta el 7,8% del Producto Bruto Geográfico. Sin embargo, recordó que “en una reunión anterior se había indicado que la provincia se encontraba en el 4,5%, mientras que, durante la última reunión presupuestaria, el ministro de Economía habría informado que el porcentaje actual asciende al 8,5%”.
“Fíjense qué disparate, hacen un proyecto de ley con un camino de convergencia del 4,5% al 7,8% y te dicen hoy estamos en el 8,5%. Entonces, ¿para qué hacemos este proyecto? La verdad que se contradicen cada vez que uno pide información”, manifestó.
En esa línea, señaló que “entonces, claramente tenemos un presupuesto de educación alto, lo que necesitamos es administrarlo bien”.
“El problema es la mala gestión de los recursos del Estado provincial”
El legislador amplió sus cuestionamientos y sostuvo que “acá queda claramente a la vista que el problema que tenemos es una gestión malísima de los recursos del Estado provincial. O sea, tenemos un gobierno que dilapida dinero y recursos públicos que no llegan a los servicios que tiene que prestar. Y no pasa solamente en educación, pasa en la salud también”.
En ese marco, cuestionó el nivel del gasto público en relación con la población de Tierra del Fuego y sostuvo que “la realidad es que tenemos un gasto enorme en términos de habitantes, un gasto per cápita enorme, el segundo del país después de CABA, y nada funciona. Entonces, cuando esto sucede, no es una cuestión solamente decir dónde aumento los impuestos, sino cómo administro los recursos”.
“Y el problema que tenemos en una provincia es la mala gestión y la mala administración que tiene este gobierno provincial. Entonces, no vamos a solucionar las cosas creando más impuestos y dándole más recursos para que se sigan malgastando”, enfatizó.
Respecto del tratamiento legislativo, indicó que “este financiamiento educativo no se puede avanzar sin empezar a trabajar también en el presupuesto el año que viene. Porque, en definitiva, la mayor parte del financiamiento de la educación no viene de esta ley, viene del presupuesto y de los recursos que tiene la provincia. Entonces, no se puede empezar a discutir algo tan importante como una ley de financiamiento de educación y no sabemos qué vamos a hacer del presupuesto”.
Coparticipación: una deuda superior a los $18.000 millones con Río Grande
Otro de los ejes centrales de la entrevista fue la situación financiera de los municipios y, en particular, la deuda de coparticipación que mantiene el Gobierno provincial con Río Grande. Lapadula confirmó que “vamos a citar al Ministerio de Economía nuevamente para que nos explique qué es lo que está pasando con la coparticipación a los municipios con deudas que en el caso de Río Grande superan los 18.000 millones de pesos. Entonces, acá me parece que hay que empezar a dar respuestas y a cumplir con la Constitución y las leyes”.
El legislador advirtió que “pareciera que hoy no solo tenemos un gobierno que se financia con adelantos de coparticipación de la Nación, sino que se financia con la plata que le pertenece a los municipios”.
“Además, me ha pasado, cuando uno tiene la reunión directamente niegan que haya deuda. Hay una deuda, además, que está certificada por el Tribunal de Cuentas y es muy difícil avanzar en trabajar con alguien que cuando uno le plantea cómo vamos a solucionar ese problema lo primero que hace es negarlo el problema y decir que no se debe nada”, afirmó.
Lapadula también planteó sus sospechas sobre las motivaciones políticas detrás de las demoras y sostuvo que “¿Cuál es la intención? Que hay una intención política detrás de asfixiar a una gestión porque además, creo que lo dijo el Intendente, no están castigando a una gestión municipal, están castigando a los vecinos y vecinas de Río Grande”.
En ese sentido, cuestionó que “en un contexto donde lamentablemente la ciudad de Río Grande es la más castigada por las políticas del Gobierno Nacional y también la que más ha aportado al FAMP, porque la mayoría de los recursos del FAMP provienen de nuestra industria de Río Grande. Entonces yo veo, están dejando de lado una ciudad que es la que ha aportado mayormente al desarrollo de la provincia, a lo que es el Fondo de Ampliación de la Matriz Productiva, y nos castigan siempre”.
Frente a este escenario, reclamó que se prioricen las necesidades de la ciudad y se encuentren mecanismos para regularizar los fondos pendientes.
No descartó la vía judicial
Consultado sobre la posibilidad de que el Municipio de Río Grande avance con una presentación judicial para recuperar los recursos, Lapadula sostuvo que “no descarto nada, no descartaría nada, pero si hay una manda constitucional, y hay una ley que dice que esos recursos son de los municipios y que tienen que transferirlos en tiempo y forma, y no se hace, evidentemente hay un incumplimiento. Eso también por parte de los funcionarios que no lo hacen”.
El legislador agregó que esa situación podría ser materia de investigación, aunque manifestó su expectativa de que el conflicto se resuelva mediante el diálogo político y los mecanismos institucionales.
“Lo que corresponde, que se está haciendo y se hace, es el reclamo por las vías institucionales, administrativas, y en su caso, si no hay una solución, yo supongo que se analizará también otra vía, otra vía que puede ser la judicial, pero creo que las cuestiones de la política se tienen que resolver con diálogo y con política”, señaló.
De todos modos, advirtió que “ahora, lo único que uno puede pedir es que dejen de aumentar dos vías de demora y que de alguna manera empiecen a reducir esa importante deuda que hace que se resientan los servicios que un municipio tiene que prestar a sus vecinos”, sostuvo.
Finalmente, Lapadula recordó que, de acuerdo con lo expresado por el intendente de Río Grande, el monto adeudado equivale a la inversión anual del Municipio en obra pública. En ese sentido, explicó que la falta de recursos afecta la planificación de trabajos viales y otras intervenciones necesarias para la ciudad.
“Los vecinos y las vecinas reclaman y necesitan de obras, de obras que la ciudad necesita tanto lo que tiene que ver con lo vial como con otras cuestiones. Y esas obras, muchas de ellas planificadas y comprometidas, necesitan de los recursos que también están presupuestados”, indicó.
Además, destacó el esfuerzo que realiza la administración municipal para sostener los servicios pese a las dificultades financieras, y mencionó particularmente el sistema sanitario local.
“Si yo no mando esos recursos, es muy difícil y realmente hay que hacer, y se hace, por lo menos desde el municipio, un esfuerzo enorme para seguir sosteniendo todos los servicios, inclusive un servicio de salud que realmente es modelo en toda la Patagonia y que encima ayuda al problema que tiene la salud en general por falta de inversión en lo que es la salud pública provincial”, concluyó.
