El secretario de Organización de SIPROSA Ushuaia, Daniel Romero, advirtió que los trabajadores de la salud acumulan una pérdida salarial cercana a los diez puntos porcentuales, mientras la inflación supera el 22% y la recomposición otorgada por el Gobierno provincial no alcanza el 12%. Cuestionó la falta de respuestas concretas, las dificultades para acceder a las negociaciones paritarias, la salida de profesionales del sistema y la paralización de la ampliación del Hospital Regional Ushuaia. Si bien destacó el compromiso asumido por los ministros de Salud y Economía para adecuar la jornada laboral desde el 1° de diciembre, aclaró que todavía no existe un decreto firmado y que la medida no implica ninguna mejora económica. “Nos preocupa que solamente sean procesos y que no se tengan resultados”, sostuvo, al tiempo que reclamó una discusión urgente sobre el financiamiento y el futuro de la salud pública fueguina.
Ushuaia.– El secretario de Organización del Sindicato de Profesionales de la Salud (SIPROSA), Daniel Romero, trazó un preocupante diagnóstico sobre la situación que atraviesan los profesionales del sistema sanitario provincial y cuestionó la falta de respuestas efectivas del Gobierno frente al deterioro salarial, la escasez de especialistas y las dificultades estructurales que afectan el funcionamiento de los hospitales públicos.
En diálogo con Radio Provincia, el dirigente sindical confirmó que “finalmente se concretó una reunión con la ministra de Salud y el ministro de Economía, luego de reiterados pedidos del sector”.
Sin embargo, aclaró que “aunque se obtuvo un compromiso para modificar la jornada laboral desde diciembre, el principal reclamo, vinculado con la recuperación del poder adquisitivo, continúa sin soluciones concretas”.
“La verdad es que se ha dilatado mucho esta cuestión del encuentro como para poder tocar temas inherentes a la salud pública”, manifestó Romero, quien explicó que “existen cuestiones pendientes desde hace tiempo, entre ellas la actualización de las guardias y actividades extraordinarias que realizan los profesionales”.
En ese sentido, cuestionó que determinados reclamos permanezcan fuera de la agenda oficial y sostuvo que, si SIPROSA no los plantea, difícilmente sean abordados. Particularmente, advirtió sobre el atraso en los valores correspondientes a las guardias y la ausencia de una recomposición que permita recuperar lo perdido frente a la inflación.
El dirigente consideró que “la proximidad del período de vacaciones representa una dificultad adicional, debido a que se reducen las posibilidades de negociación con los funcionarios y se corre el riesgo de trasladar nuevamente los problemas pendientes al próximo año”.
Pérdida salarial: la inflación supera el 22% y la recomposición no llega al 12%
Uno de los cuestionamientos más contundentes de Romero estuvo dirigido a la política salarial del Gobierno provincial.
Según explicó, los trabajadores del sector sanitario registran una “pérdida significativa del poder adquisitivo, producto de una recomposición que quedó muy por debajo de la inflación acumulada”.
“Nosotros dejamos expuesto que la inflación marca que estamos arriba de los 22 puntos y la recomposición que tuvimos este año por parte del Gobierno a lo que es el básico de todos los agentes de salud, de todo el sector húmedo, no supera el 12%”, precisó.
De esta manera, señaló que “existe una diferencia cercana a los diez puntos porcentuales entre la evolución de los precios y las mejoras otorgadas, una brecha que impacta directamente sobre los ingresos de los profesionales, es muy significativo ese porcentaje que se perdió este año. Principalmente para el sector húmedo”, remarcó.
Romero cuestionó que “esta situación no genere respuestas más contundentes y advirtió que los trabajadores vienen soportando un deterioro progresivo de sus ingresos”, dijo.
Además, agregó que “parece que esto nadie dice nada, es todo siga, siga”, expresó, al tiempo que “aclaró que el reclamo no apunta necesariamente a conseguir aumentos reales, sino a evitar que los salarios continúen perdiendo frente a la inflación”.
Consultado sobre la posibilidad de recuperar esa diferencia antes de finalizar el año, reconoció que “las perspectivas son desfavorables, yo la verdad que creo que no, pero nosotros vamos a seguir exigiendo lo que nos corresponde”, afirmó.
En esa línea, sostuvo que “la falta de previsibilidad salarial constituye uno de los principales factores de preocupación entre los trabajadores”.
Incluso mencionó una encuesta impulsada desde el sector, en la que la cuestión económica apareció como la “inquietud predominante entre los agentes sanitarios”.
Un compromiso para diciembre, pero sin mejoras económicas
Pese al escenario crítico, Romero destacó un avance surgido de la reunión con las autoridades provinciales: el compromiso de adecuar la jornada laboral de los profesionales a las condiciones establecidas en el convenio colectivo de trabajo.
Explicó que “se trata de un reclamo presentado administrativamente hace más de un año y que lleva más de dos años de gestiones y negociaciones, ayer tuvimos un compromiso por parte del ministro de Economía y la ministra de Salud, que por eso lo hago público, de que se va a dar a partir del primero de diciembre esta adecuación de la jornada laboral”, confirmó.
Actualmente, los profesionales cumplen jornadas de ocho horas diarias, mientras que otros agentes del sistema sanitario tienen una carga horaria de seis horas. La adecuación comprometida busca acercar las condiciones laborales, aunque Romero aclaró que no necesariamente se alcanzará la misma jornada que el resto de los trabajadores.
“Para nosotros es un gran avance, lo tenemos que transmitir a las bases”, reconoció.
Sin embargo, fue categórico al señalar que “la modificación no contempla una recomposición salarial ni representa un incremento en los ingresos de los profesionales”.
“No tiene ningún impacto económico, es por eso adecuar la jornada laboral. A nosotros nos va a servir para poder trabajar más en equipo, distribuir mejor los horarios que también nos complicaba la situación”, explicó.
Asimismo, aclaró que “no tenemos nada firmado, pero bueno, lo queremos dejar público, de que está el compromiso del Ejecutivo de adecuar esa jornada laboral”, subrayó.
Por ese motivo, SIPROSA espera que el Gobierno avance cuanto antes con el decreto que permita garantizar la implementación de la medida a partir del 1° de diciembre.
Cuestionamientos a las paritarias y acuerdos salariales a la baja
Otro de los puntos centrales de la entrevista estuvo relacionado con las dificultades que enfrenta SIPROSA para participar de las mesas técnicas y paritarias en las que se definen las condiciones salariales del sector.
Romero explicó que “el sindicato continúa realizando gestiones administrativas y legales para garantizar su participación, al considerar que cuenta con respaldo normativo para intervenir en esas discusiones”.
En ese marco, cuestionó particularmente los resultados de la última negociación salarial y aseguró que “se terminó aceptando una propuesta inferior a otra que había sido presentada inicialmente, claramente te ofrecen un 3,2% y los sindicatos sentados ahí aceptan un 3%, a la baja”, sostuvo.
Según explicó, esa decisión estuvo vinculada con la incorporación de una suma fija, mecanismo que SIPROSA cuestiona por sus efectos sobre la estructura salarial y los trabajadores jubilados.
“Los montos fijos no les llegan a los jubilados, a nosotros no nos repercute”, advirtió.
El dirigente señaló que “entre las tres propuestas discutidas, dos permitían mantener la estructura salarial, mientras que la finalmente aceptada resultaba perjudicial desde la perspectiva de los profesionales”.
Por ello, insistió en la necesidad de que SIPROSA tenga representación efectiva en los ámbitos donde se adoptan decisiones que afectan directamente a sus afiliados.
La disputa por la representación sindical y el reclamo de voluntad política
Romero también se refirió a la situación administrativa del sindicato y explicó que “existen dos vías de trabajo para resolver su participación en las negociaciones, por un lado, SIPROSA continúa las gestiones ante la Secretaría de Trabajo de la Nación para avanzar en el reconocimiento de su personería gremial, con el acompañamiento de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (FESPROSA)”, y por otro, impulsa presentaciones ante el “Ministerio de Trabajo provincial, mediante el trabajo conjunto de asesores legales del sindicato y de los organismos estatales involucrados”.
Según explicó, las organizaciones que actualmente participan de las mesas técnicas sostienen que SIPROSA no puede incorporarse hasta obtener la personería gremial.
Sin embargo, Romero afirmó que “existen argumentos legales que permitirían su participación y que esa interpretación fue nuevamente planteada ante las autoridades, son dos canales que me parece que son burocráticos y se pueden allanar si hay voluntad política”, manifestó.
Y agregó que “la voluntad política hace que nos podamos sentar”.
Falta de especialistas, salida de profesionales y mayor demanda hospitalaria
Más allá del conflicto salarial, Romero advirtió que “la crisis del sistema público se expresa también en las dificultades para sostener los recursos humanos necesarios y garantizar una atención adecuada a la población”.
En ese sentido, alertó sobre la salida de profesionales, los problemas de accesibilidad y la falta de especialistas para atender situaciones sanitarias complejas.
“Nosotros entendemos, vemos los procesos, comprendemos la situación del país, de la provincia, pero a nosotros se nos sigue yendo la gente, tenemos personas que nos cuesta la accesibilidad, tenemos situaciones que son muy complejas porque se necesitan los recursos y los especialistas para poder abordarlos”, expresó.
Remarcó que “la situación resulta especialmente preocupante en un contexto de creciente demanda sobre los hospitales públicos, que deben garantizar atención incluso cuando enfrentan restricciones presupuestarias y dificultades operativas”.
“La salud pública no te va a cerrar la puerta, va a tener la accesibilidad, pero nosotros necesitamos los recursos para poder afrontar, ya sea tratamiento, diagnóstico, el contacto con los especialistas”, explicó.
La ampliación del Hospital de Ushuaia, paralizada y sin avances visibles
Romero también puso el foco en la situación edilicia del Hospital Regional Ushuaia y cuestionó la falta de avances en las obras de ampliación.
“Estoy justo enfrente de lo que es el monstruo de la construcción del hospital y no hay gente moviendo nada, y hace tiempo”, describió.
Para el referente sindical, la paralización de la obra constituye otra señal de las dificultades estructurales que enfrenta el sistema sanitario, particularmente frente al incremento de la demanda asistencial.
Consideró que “estas cuestiones deberían trascender el reclamo de las organizaciones sindicales e involucrar al conjunto de la sociedad fueguina, estas cosas no solamente lo deberíamos reclamar nosotros, sino toda la sociedad, porque es necesario. Porque la salud pública está teniendo una mayor demanda”, señaló.
En este contexto, planteó que “resulta imprescindible avanzar en soluciones que contemplen tanto las condiciones laborales de los profesionales como la infraestructura, el equipamiento y los recursos necesarios para garantizar las prestaciones”.
Las deudas de las obras sociales y la necesidad de discutir el financiamiento
Durante la entrevista también se abordó la situación financiera del Hospital Regional Ushuaia, particularmente las dificultades vinculadas con las deudas que mantienen distintas obras sociales.
Entre los datos mencionados durante el intercambio se destacó una deuda atribuida a la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) de aproximadamente 12.000 millones de pesos, cifra expuesta por el entrevistador a partir de las declaraciones del director hospitalario.
También se mencionaron dificultades en la relación con otras obras sociales y la existencia de convenios pendientes, situaciones que restringen los ingresos que necesita el establecimiento sanitario.
Frente a ese panorama, Romero consideró indispensable conformar un “espacio de discusión que permita abordar integralmente el problema, yo creo que hay que hacer una mesa amplia, esto ya pensando muy de una manera política sanitaria, una mesa amplia con todos los actores con decisión en referencia a lo que es la salud pública para poder ver qué salida se le da a esta cuestión”, propuso.
Asimismo, se refirió a las iniciativas legislativas vinculadas con el financiamiento de la salud y la educación, aunque expresó dudas respecto de las posibilidades de alcanzar acuerdos que permitan su aprobación y reconoció que “se trata de una discusión compleja, pero consideró que existen medidas que podrían implementarse mientras se buscan soluciones de fondo”.
SIPROSA mantendrá los reclamos y evaluará los próximos pasos con sus bases
En relación con la continuidad del conflicto, Romero confirmó que “el sindicato trasladará a sus afiliados los resultados de la reunión con el Gobierno y mantendrá su agenda de gestiones”, y adelantó que “el lunes siguiente a la entrevista estaba previsto un nuevo encuentro con representantes oficiales, aunque aclaró que no participarán las máximas autoridades ministeriales”.
Paralelamente, indicó que en “Río Grande continúan desarrollándose reuniones informativas y actividades de visibilización del reclamo, mientras que en Ushuaia se adoptan otras modalidades de participación y protesta”.
Respecto de la posibilidad de profundizar las medidas sindicales, evitó anticipar decisiones y explicó que “cualquier definición deberá surgir del análisis con las bases”.
En ese marco, reiteró que “el compromiso de adecuar la jornada laboral constituye un avance, pero insistió en que no puede reemplazar las respuestas pendientes sobre salarios, guardias y condiciones de trabajo, nos preocupa que solamente sean procesos y que no se tengan resultados”, enfatizó.
“Estamos terminando un año malo para el salario de los profesionales”
Romero reclamó que la situación sanitaria sea incorporada como una prioridad de la agenda política provincial y advirtió que el debate no debería quedar condicionado por el escenario electoral de 2027.
Consideró que “Tierra del Fuego necesita discutir qué modelo de salud pública pretende sostener, cuáles serán sus fuentes de financiamiento y cómo garantizará los recursos humanos necesarios para responder a la demanda de la población”.
“Yo creo que el debate político con lo que queremos como población con respecto a la salud pública es urgente”, sostuvo.
El dirigente reconoció su malestar por la falta de resultados concretos y señaló que “el deterioro de los ingresos constituye una de las mayores frustraciones del sector”.
“Lo que nos enoja a todos es esta cuestión de recomposición salarial que no se termina de dar, y estamos terminando un año malo, malo para lo que tiene que ver con el salario de los profesionales”, expresó.
Finalmente, dejó en claro que “SIPROSA continuará reclamando tanto por los derechos laborales como por el fortalecimiento del sistema público”.
