El abogado constitucionalista Eduardo Barcesat confirmó que patrocina una demanda colectiva por 26.000 millones de dólares contra empresas pesqueras que operan en el Atlántico Sur con permisos otorgados por las autoridades británicas, sin autorización argentina. La presentación, impulsada por una investigación del especialista César Lerena, busca recuperar recursos económicos mediante un fideicomiso destinado al pueblo argentino. Cuestionó que los gobiernos nacional y fueguino no hayan impulsado el reclamo, pese a que la propuesta les fue presentada hace al menos cuatro o cinco años. También destacó la actuación de la Justicia Federal de Río Grande, reclamó revisar los acuerdos con el Reino Unido y advirtió que la defensa de la soberanía exige acciones concretas y el cumplimiento de la Constitución Nacional.
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