El presidente de la Cámara Fueguina de la Construcción, Daniel Noval, confirmó que las 414 viviendas del IPV en Río Grande y Ushuaia tienen prevista su finalización durante 2027, aunque advirtió que no existen nuevas licitaciones provinciales por falta de recursos. Destacó las obras de pavimentación impulsadas por el Municipio de Ushuaia y las próximas licitaciones nacionales para el muelle y las naves de la Armada, que representan inversiones millonarias y podrían generar empleo local. Sin embargo, alertó sobre el creciente pasivo que provocan las obras paralizadas, los mayores costos y los gastos improductivos, obligaciones que deberán afrontarse en el futuro. También marcó una profunda desigualdad entre ambas ciudades: mientras Ushuaia concentra inversiones privadas en hoteles y edificios, Río Grande continúa sin mostrar señales de recuperación en la construcción.
Río Grande.- El presidente de la Cámara Fueguina de la Construcción, Daniel Noval, trazó un panorama complejo sobre la situación que atraviesa el sector en Tierra del Fuego, marcado por la continuidad de algunas obras habitacionales, la ausencia de nuevas inversiones públicas provinciales, las expectativas por proyectos financiados por el Gobierno nacional y una creciente preocupación por las deudas que se acumulan como consecuencia de contratos paralizados.
En diálogo con el programa ‘Buscando el Equilibrio’, por Radio Provincia, el dirigente empresarial sostuvo que la actividad constructiva continúa dependiendo de proyectos iniciados en años anteriores y de algunas inversiones municipales y privadas, mientras que el presupuesto provincial para 2027 no contempla nuevas licitaciones de obra pública con recursos propios.
En ese contexto, advirtió que las empresas constructoras deberán continuar buscando alternativas para sostener su funcionamiento, especialmente en Río Grande, donde la falta de inversión privada profundiza las dificultades de un sector que viene perdiendo actividad.
Las 414 viviendas del IPV se terminarían durante 2027
Noval confirmó que las obras habitacionales que ejecuta el Instituto Provincial de Vivienda y Hábitat (IPV) continúan avanzando y que existe una previsión concreta para completar las 414 unidades distribuidas entre Río Grande y Ushuaia durante el próximo año.
“Seguimos avanzando con las viviendas que venimos trabajando desde hace tiempo. Ya tenemos la confirmación de que las vamos a terminar en 2027, algunas antes y otras después, pero seguramente se van a terminar”, manifestó.
Precisó que se trata de aproximadamente 200 viviendas en cada ciudad y señaló que varios conjuntos habitacionales presentan un importante grado de ejecución.
En Río Grande mencionó particularmente grupos de “42 y 86 viviendas que registran avances cercanos al 97%, aunque todavía necesitan completar obras complementarias de infraestructura para garantizar su habilitación”.
En ese sentido, destacó que “el IPV abrió recientemente una licitación destinada a ejecutar infraestructura para unas 120 viviendas agrupadas en la ciudad, con un presupuesto cercano a los 2.000 millones de pesos”.
Según explicó, el procedimiento se encuentra en etapa de análisis de ofertas y preadjudicación, con la participación de tres empresas como Canga, Cóccaro y DAPCO.
El titular de la Cámara señaló que “una vez cumplidos los procedimientos administrativos y los plazos correspondientes para revisar las propuestas, las autoridades del IPV deberán resolver la adjudicación”.
Remarcó que “estas obras resultan indispensables para completar los desarrollos habitacionales, porque la terminación física de los edificios no garantiza por sí sola que puedan ser ocupados”.
“Es muy importante que la vivienda tenga servicios, porque no tiene sentido tener terminado un departamento y no tener los servicios”, enfatizó.
Sin nuevas licitaciones provinciales para el próximo año
Uno de los aspectos más preocupantes del diagnóstico de Noval fue la ausencia de nuevos proyectos de obra pública provincial, una situación que, según indicó, se mantiene durante 2026 y no presenta perspectivas de modificación en el presupuesto del próximo ejercicio.
“No hay licitaciones de la Provincia. Todo este año no las hubo y, por lo que se ve del presupuesto 2027 que uno puede analizar, tampoco hay, lamentablemente, previstas licitaciones con fondos provinciales”, afirmó.
Esta situación obliga a las constructoras a sostenerse con trabajos contratados anteriormente, inversiones municipales o desarrollos particulares, en un escenario donde las posibilidades de acceder a nuevos contratos públicos son prácticamente inexistentes.
Noval explicó que “numerosas firmas ya comenzaron a modificar su esquema de funcionamiento para adaptarse a la reducción de la inversión estatal, desarrollando proyectos propios o incorporándose al mercado privado”.
“Vamos a tratar de seguir subsistiendo como hemos hecho hasta ahora y buscar otras alternativas. Las empresas ya se han reinventado con obra privada o con obra propia para gestionar sus propios proyectos”, señaló.
Sin embargo, aclaró que “estas posibilidades no se presentan de manera uniforme en toda la provincia, debido a las importantes diferencias que existen entre el movimiento inmobiliario de Ushuaia y el de Río Grande”.
Ushuaia sostiene obras de pavimentación con financiamiento del FAMP
En contraposición con la ausencia de nuevas licitaciones provinciales, Noval destacó los trabajos de infraestructura vial que desarrolla la Municipalidad de Ushuaia, financiados parcialmente con recursos del FAMP.
De acuerdo con la información que maneja, aproximadamente el “60% de la inversión destinada a estas obras proviene de ese financiamiento, mientras que el porcentaje restante corresponde a recursos municipales”.
El dirigente valoró especialmente las tareas de pavimentación en sectores que registraron un importante crecimiento urbano y nuevas construcciones privadas, entre ellos mencionó la “zona del Monte Susana, donde se desarrollaron inversiones inmobiliarias y obras de infraestructura que requerían completar la pavimentación”.
“Están trabajando ya las empresas con pavimentación nueva. Es importante lo que se está haciendo para el sector del Monte Susana, donde hay mucha construcción nueva y privada, mucha infraestructura que avanzó y faltaba justamente la cinta asfáltica, porque los servicios están”, explicó.
Consideró que estas intervenciones permitirán mejorar las “condiciones de circulación y consolidar el desarrollo urbano de una zona que viene registrando un crecimiento sostenido”.
También señaló que “algunas empresas asociadas a la Cámara, entre ellas Canga, participan de los trabajos municipales, lo que representa una fuente de actividad para el sector”.
Expectativa por las licitaciones nacionales del muelle y las naves de la Armada
Otro de los temas centrales de la entrevista estuvo relacionado con las obras de infraestructura naval previstas en Ushuaia, financiadas por el Gobierno nacional y bajo la órbita de la Armada Argentina.
Noval diferenció estos proyectos de la situación presupuestaria provincial y destacó que representan una oportunidad para movilizar la construcción y generar demanda de mano de obra.
Según explicó, las inversiones comprenden dos intervenciones principales, la “construcción del muelle, con un presupuesto mencionado de alrededor de 290.000 millones de pesos, y la ejecución de las naves o grandes galpones, con una inversión estimada entre y 7.600 millones”.
Respecto de las naves, recordó que “parte de la infraestructura inicial, particularmente las plateas, fue ejecutada entre 2023 y 2024, pero posteriormente los trabajos quedaron paralizados”.
Ahora, según la información recibida por la Cámara, el proyecto fue retomado por Nación y los fondos estarían disponibles bajo administración de la Armada, que también tendrá a su “cargo la supervisión técnica”.
“Tenemos entendido que los fondos están depositados en la Armada. La parte técnica también es de la Armada, o sea, la inspección va a ser de la Armada, con profesionales que están dentro de la institución”, explicó.
En cuanto a los plazos, señaló que “las aperturas de ofertas estaban previstas para los próximos días, con la licitación del muelle alrededor del viernes 20 de noviembre y la correspondiente a las naves hacia el 26 del mismo mes”, de acuerdo con la información que manejaba al momento de la entrevista.
El empresario también destacó que “los presupuestos oficiales analizados por las firmas interesadas presentan valores relativamente actualizados, los análisis que venimos haciendo hasta ahora vienen dando que el número está bastante actualizado”, sostuvo.
Agregó que “se realizaron numerosas consultas técnicas por parte de las empresas y que se vienen respondiendo mediante las correspondientes aclaraciones, por lo que el procedimiento se desarrolla, hasta el momento, con normalidad”.
Empresas locales buscan asociarse para participar de los proyectos
Noval confirmó que existen gestiones de empresas fueguinas para conformar uniones transitorias de empresas (UTE) con constructoras de otras provincias, con el objetivo de participar en las licitaciones nacionales.
Explicó que, por las características técnicas y la magnitud de la obra del muelle, se “espera la participación de firmas especializadas con antecedentes y experiencia en este tipo de infraestructura”.
No obstante, consideró que “las constructoras locales podrían incorporarse mediante asociaciones, provisión de servicios, contratación de trabajadores y asistencia logística”.
“Tengo información de empresas locales que evidentemente están gestionando hacer UTE con empresas de afuera. También hay empresas locales que hicieron UTE para presentarse en una de las licitaciones de Nación”, indicó.
En particular, señaló que “las compañías interesadas en el muelle comenzaron a contactarse con proveedores fueguinos para conocer costos, disponibilidad de personal, alojamiento y servicios necesarios para instalarse y ejecutar los trabajos”.
Esta demanda, sostuvo, podría beneficiar a distintas actividades económicas vinculadas directa e indirectamente con la construcción.
Además, destacó que “la participación de empresas en las visitas de obra y la cantidad de consultas recibidas permiten anticipar un interés importante por las licitaciones”.
Las obras nacionales podrían generar empleo local en 2027
Consultado sobre la posibilidad de que los proyectos navales permitan recuperar puestos de trabajo, Noval manifestó que “espera una participación significativa de trabajadores fueguinos cuando comiencen las tareas”.
Si bien aclaró que todavía no mantuvo conversaciones específicas con el referente de la UOCRA, Julio Ramírez, sobre estas obras, recordó que “existe un diálogo habitual entre la Cámara y el sindicato”.
“Seguramente el año que viene, cuando esto se inicie, vamos a estar con mano de obra local ocupada. Entiendo que sí, porque las empresas van a necesitar mano de obra local, así que eso es importante. Va a ser un gran movimiento para Ushuaia”, afirmó.
De todas maneras, las expectativas de contratación están condicionadas a que se completen los procedimientos licitatorios, se adjudiquen los contratos y comiencen efectivamente los trabajos.
Mayores costos e improductivos: una deuda que continúa creciendo
Uno de los pasajes más críticos de la entrevista estuvo vinculado con las obligaciones económicas que se acumulan por obras públicas paralizadas y contratos que no pudieron completarse.
Noval fue consultado sobre las declaraciones del legislador Jorge Lechman, quien había advertido que el déficit provincial podría alcanzar una dimensión mucho mayor si se incorporan las deudas existentes y los reclamos pendientes de las empresas contratistas.
El titular de la Cámara evitó confirmar las cifras mencionadas por el parlamentario, aunque reconoció que “existen obligaciones que no siempre aparecen reflejadas en los análisis presupuestarios tradicionales”.
“No me voy a poner a hablar de un número certero de lo que dijo. Seguramente los tiene, porque los debe ver permanentemente y le informan”, expresó.
Explicó que “la legislación de obra pública contempla mecanismos de reconocimiento económico cuando el Estado incumple sus obligaciones contractuales y se producen paralizaciones o rescisiones”.
En ese marco, diferenció los mayores costos de los denominados gastos improductivos, que pueden generarse cuando una empresa debe mantener recursos comprometidos en una obra que no puede continuar ejecutándose y al respecto explicó que “el tema de los mayores costos, históricamente, la ley nacional de obra pública los considera cuando el Estado no puede cumplir con el contratista y se rescinde el contrato de común acuerdo o no”, señaló.
Aclaró que “existen situaciones en las que las partes acuerdan una rescisión sin reclamos adicionales, pero también otras en las que las empresas exigen el reconocimiento de certificados impagos y de los perjuicios económicos derivados de la interrupción”.
En estos últimos casos, explicó, pueden surgir obligaciones vinculadas con “seguros, vigilancia, mantenimiento de instalaciones y otros compromisos asumidos por las constructoras”.
“Cuando una empresa toma un contrato de una obra chica, mediana o grande, cuando la obra se paraliza no es que se paraliza la obra y no se terminó. Hay una deuda concreta de Nación, de la Provincia o del municipio con una empresa, y no termina ahí”, sostuvo.
También remarcó que “los gastos improductivos se encuentran contemplados en las condiciones contractuales y que su acumulación puede incrementar considerablemente las obligaciones pendientes”.
“Si no la pagamos nosotros, la van a pagar nuestros hijos”
Al profundizar sobre las consecuencias financieras de los contratos paralizados, Noval advirtió que “postergar la resolución de los conflictos no significa eliminar las obligaciones económicas”.
Por el contrario, consideró que “la falta de definiciones puede trasladar compromisos cada vez mayores a futuras administraciones y a la propia sociedad fueguina”.
“Lo que se hace es patear para adelante para decir: bueno, alguien se va a hacer cargo de esto en algún momento. Pero es una deuda que se nos va a acumular a toda la provincia. En algún momento, si no la pagamos nosotros, la van a pagar nuestros hijos. Alguien la va a tener que pagar”, advirtió.
Durante la entrevista también se mencionaron reclamos vinculados con obras paralizadas en Ushuaia, incluyendo montos cercanos a los 800 millones de pesos por gastos improductivos en determinados contratos y otro conflicto de una magnitud cercana a los 30.000 millones.
Noval coincidió en la gravedad del problema y remarcó que la acumulación de deudas constituye una carga económica que deberá resolverse tarde o temprano.
La preocupación no se limita a los compromisos financieros, sino también a la imposibilidad de utilizar infraestructura y terrenos que quedaron afectados por conflictos contractuales.
Terrenos urbanizados del Pipo permanecen inutilizados por conflictos judiciales
Como ejemplo de las consecuencias que generan las obras inconclusas, Noval mencionó la situación de terrenos ubicados en el sector del Pipo, en Ushuaia, que podrían destinarse a nuevos desarrollos habitacionales, pero permanecen afectados por litigios entre empresas y el Estado provincial.
“En el Pipo, por ejemplo, hay terrenos que se podían utilizar para viviendas y están inutilizados porque están trabados en la Justicia, justamente por este juicio que hay entre una empresa y la Provincia”, explicó.
El dirigente consideró especialmente preocupante esta situación porque Ushuaia presenta dificultades para disponer de suelo urbanizado destinado a la construcción de viviendas.
Subrayó que “no se trata de tierras sin infraestructura, sino de sectores que ya cuentan con obras realizadas y que podrían aprovecharse si se resolvieran los conflictos pendientes”.
“Hasta que eso no se destrabe, nos vemos encima con el déficit de tierra que hay en Ushuaia. Aparte, eso está urbanizado, entonces es importante que en algún momento se destrabe”, manifestó.
Sin embargo, se mostró poco optimista sobre una solución inmediata y planteó que “el calendario electoral de 2027 podría dificultar todavía más las posibilidades de alcanzar acuerdos”.
“Yo creo que tampoco se va a destrabar el año que viene y será para más allá”, estimó.
La inversión privada crece en Ushuaia, pero Río Grande continúa estancada
En cuanto a la actividad privada, Noval señaló que “existe una diferencia cada vez más marcada entre las dos principales ciudades de Tierra del Fuego”.
Mientras Ushuaia continúa recibiendo inversiones inmobiliarias y turísticas, Río Grande no consigue desarrollar un movimiento equivalente que permita compensar la caída de la obra pública y al respecto sostuvo que “la problemática la tenemos en Río Grande y se agrava porque justamente no se ve un despegue de la obra privada. Entonces, al no haber ese despegue, se complica mucho más”, afirmó.
Explicó que “en Ushuaia se mantienen proyectos vinculados con la construcción de hoteles, edificios de departamentos y otros emprendimientos inmobiliarios, algunos de considerable envergadura”.
“Ushuaia tiene una proyección muy importante. Uno lo nota en el día a día, en la ciudad. Siguen mirando inversiones de afuera, siguen mirando Ushuaia, es la realidad”, expresó.
Entre los desarrollos mencionó edificios importantes en sectores próximos al centro y emprendimientos de menor escala impulsados por inversores que adquirieron terrenos anteriormente y ahora avanzan con sus construcciones.
El presidente de la Cámara sostuvo que “estos proyectos permiten sostener parte del movimiento económico de la capital provincial y generar oportunidades para empresas, profesionales y trabajadores”.
Sin embargo, insistió en la necesidad de lograr una distribución más equilibrada de las inversiones, al señalar que “la preocupación de la Cámara y de los asociados es justamente que tendría que haber un equilibrio provincial. Si no lo logramos, Ushuaia en ese aspecto se despega en cuanto a obra privada”, planteó.
Capitales nacionales y extranjeros siguen interesados en Ushuaia
Noval también explicó que los desarrollos inmobiliarios de Ushuaia reciben inversiones provenientes de distintos sectores económicos y regiones del país.
Indicó que “existen empresarios locales que continúan apostando por la construcción, pero también inversores de otras provincias y capitales extranjeros interesados en el mercado inmobiliario de la ciudad”.
“Hay gente de afuera que viene y compra, y también hay mucha gente local que invierte. Hay inversiones de capitales extranjeros, hay gente del interior del país que viene e invierte”, señaló.
Como ejemplo, mencionó que “en períodos de buenos resultados económicos para actividades agropecuarias del norte del país, algunos inversores buscan diversificar sus recursos mediante la adquisición de propiedades en destinos turísticos”.
En ese contexto, sostuvo que “Ushuaia forma parte de un conjunto de ciudades atractivas para ese tipo de inversiones, junto con otros destinos turísticos de la Patagonia”.
Esta dinámica, explicó, contribuye a “mantener activa la construcción privada aun cuando la inversión pública atraviesa una fuerte retracción”.
La Cámara concentra el 60% de sus asociados en Ushuaia
Finalmente, Noval precisó que la distribución de empresas asociadas a la Cámara Fueguina de la Construcción también refleja una mayor presencia del sector en la capital provincial.
Según estimó, aproximadamente el “60% de las firmas asociadas se encuentran en Ushuaia, mientras que el 40% restante corresponde a Río Grande”.
Aunque aclaró que “se trata de una proporción aproximada”, el dato acompaña el diagnóstico sobre la desigual evolución de la actividad constructiva en ambas ciudades.
