La representante de ATE Elvia Agüero expuso una serie de irregularidades en la compra de medicamentos y la falta de control de las prestaciones. Por dos cajas de medicamentos oncológicos se pagan 31 millones por mes, cuando pueden conseguirse en los laboratorios a 180 mil pesos, citó como ejemplo. Aseguró que el gobierno es el responsable de la quiebra de la OSEF, porque es el que designa a los funcionarios del directorio que toman las decisiones, con el voto doble de la presidenta. Respecto de la planta política, dijo que nunca fue tan numerosa como ahora, y que asciende a los 53 funcionarios. “Tendríamos que hacer un control de todas las prestaciones de la obra social, que haya un auditor que vaya a las clínicas para ver si verdaderamente la gente que se está atendiendo es real que se atiende, porque desde que está esta gestión se perdió mucho control de todo”, dijo. La farmacéutica que terminó renunciando en abril había logrado bajar a 380 millones de pesos la facturación de la empresa tercerizada que ascendía a mil millones por mes. “Está todo mal dentro de la obra social y nadie lo quiere ver”, expresó.
Río Grande.- Ayer se suspendió la reunión de la comisión de salud, a pedido del directorio de la OSEF, en la que se esperaba que las autoridades mostraran los números y contestaran las preguntas de los legisladores, entre otras cosas, sobre los sistemas de compra de medicamentos e insumos.
Elvia Agüero, representante de ATE, expuso al programa ‘Buscando el Equilibrio’ por Radio Provincia una serie de irregularidades que a su criterio son las causantes de la quiebra de la obra social.
En principio cuestionó que se pretenda aumentar los aportes. “Están pensando en meterle la mano al bolsillo a los trabajadores, sin ver que los que están manejando la obra social hace cinco años la destruyeron por pagar mayores costos, en medicamentos, en prestaciones, en compra de insumos de cirugía. Todo eso nos llevó a estar en esta situación y la tiene que arreglar el gobierno, porque los funcionarios que administran la obra social toman decisiones y son designados por el gobierno. Toda esta situación la creó este gobierno”, sentenció.
“Yo participé en dos reuniones de comisión, aunque no fui invitada. Fuimos muy poquitos porque hay miedo de que, si se presentan y dan una opinión en la Legislatura los van a echar, los van a suspender o les van a sacar el cargo”, manifestó.
“No se ha tratado un solo artículo de los proyectos que se han presentado. En la primera reunión nos escucharon a los trabajadores, a los sindicatos; en la segunda fue otro grupo de sindicatos; en la tercera fue el vocal Tomasevich y en la última fue el Tribunal de Cuentas”, repasó.
También se refirió a las declaraciones “mentirosas” del legislador de FORJA Federico Sciurano, “porque ayer dijo que el Tribunal de Cuentas había dicho que la obra social compraba como cualquier obra social del país. Es mentira, porque el Tribunal de Cuentas dijo que eso no lo estudiaron ahora, sino en 2023, cuando mandaron un informe de la auditoría de farmacia, donde hicieron un montón de recomendaciones por la situación de la farmacia, y se lo mandaron a la Legislatura. Hubo un contador auditor del Tribunal de Cuentas que muy enojado dijo que hubo una denuncia por una licitación de compra de medicamentos. La denuncia la hice yo y la hicimos con el grupo de trabajo que comprábamos medicamentos, porque en ese momento, en 2021-2022, en una sola compra que hicieron se estaban pagando 24 millones de más sobre la licitación. Nosotros presentamos presupuestos de los laboratorios productores a los que comprábamos, y miraron para otro lado”, expresó.
“El legislador Sciurano fue una de las primeras personas que invitamos en el 2020, para comentarle lo que estaba pasando. Él nos decía que no le teníamos que contar porque sabía del tema, que sabía lo que es ser un enfermo crónico, y después no pasó nada. Los gremios nos juntamos en el sindicato del SOEM con documentación, para contarles a ellos lo que estaba pasando en el 2020 en la obra social”, aseguró.
Consultada sobre la planta política, dijo que “hay 57 plantas políticas, de las cuales con toda la exposición que tuvo el vocal Tomasevich, se dieron de baja cuatro personas. Quedan 53 plantas políticas ahora y todas son de la gestión de Melella. Nunca en la historia del IPAUSS y de la OSEF hubo tantas plantas políticas. Lo máximo que hubo, cuando estaba el directorio grande, con ocho vocales, era el secretario que tenía cada vocal. En planta permanente somos 180 personas y a esos 180 hay que sumar los 53. Hay una parte en Río Grande, otra parte en Ushuaia, otra en Córdoba y otra en Buenos Aires”, detalló.
Para la trabajadora, la salida pasa por controlar las compras y prestaciones. “Primero tendríamos que hacer un control de todas las prestaciones de la obra social, que haya un auditor que vaya a las clínicas para ver si verdaderamente la gente que se está atendiendo es real que se atiende, porque desde que está esta gestión se perdió mucho control de todo. Se tiene que modificar la ley y sacarle el poder al gobierno de turno para manejar la obra social. Desde hace once años está manejada por el gobierno de turno, desde que Bertone modificó la ley y le dio el poder a los funcionarios que ella designaba de manejar la obra social como quisieran”, señaló.
“Todas las decisiones que se tomaron con la plata de los afiliados fueron del gobierno y la quiebra de la obra social la hizo el gobierno. Las decisiones las toma la presidenta con el doble voto. La presidenta trabaja desde hace 34 años en la obra social y fue la persona que la destruyó”, acusó Agüero.
“Por ejemplo, dos cajas de medicamentos oncológicos nosotros las pagamos al prestador 31 millones de pesos, y dentro de la obra social las compramos a 180 mil pesos, al fabricante de Buenos Aires. El prestador es de Río Grande, pero no tiene la culpa, porque los convenios los hacen los funcionarios de la obra social. Son 31 millones en febrero, 31 millones en marzo, 31 millones en abril. El proveedor nuestro es el laboratorio productor y esas cuentas las tenemos desde hace años, pero en los primeros años de la gestión Melella nos cerraron la cuenta porque ellos decidieron comprar a través de las droguerías y las farmacias privadas”, dijo.
“Yo trabajé mucho tiempo haciendo compras y los laboratorios nos venden a 30 días, 40 días y 60 días, así que no hay excusa para liberar los medicamentos y no tenerlos en nuestra farmacia. Y este es solamente un caso”, advirtió.
“El Tribunal recomendó crear un impuesto nuevo para sostener la quiebra de la obra social, pero esto lo hicieron los funcionarios que designó el gobernador y ellos decidieron comprarle a este prestador, cuando nosotros podemos comprar por mucho menos. Llevo cinco años denunciando todo esto y no represento a ningún partido político. Soy empleada de la obra social y puedo ver un montón de cosas que los funcionarios tendrían que ver. Yo les he comentado a cuánto compramos el medicamento que le compran al prestador, para que pongan el ojo ahí”, subrayó.
“Tenemos que controlar a los prestadores, hay que controlar todo, cómo compramos los medicamentos y cómo compramos los insumos”, remarcó.
Además, expuso la desigualdad en la asignación de fondos. “En el presupuesto 2025, para las dos farmacias de OSEF de Río Grande y Ushuaia, hay 9 mil millones de pesos, y para la empresa tercerizada que entrega medicamentos hay 20 mil millones de pesos. Estamos en mayo y ya casi nos quedamos sin presupuesto para comprar medicamentos. Se entregan medicamentos a través de FACAF, esta empresa tercerizada, y son medicamentos de alto costo. La empresa venía facturando mil millones de pesos por mes y la farmacéutica que terminó renunciando en abril, entre febrero y marzo, logró bajar esa facturación a 380 millones, comprando nosotros. Está todo mal dentro de la obra social y nadie lo quiere ver”, cuestionó.
Asimismo, puso en tela de juicio las prioridades del gobierno. “El gobierno no se preocupa en sostener el hospital público y en pagarle bien a los médicos para que se quieran quedar a trabajar. El gobierno apuesta al privado. Destruyeron a la obra social y destruyeron al hospital público. Yo llevo 35 años en Ushuaia e ir al hospital público era como ir al privado, y hoy está destrozado. Nosotros vemos los sueldos de los médicos, y están muy mal pagos”, concluyó.
