Marcelo Sánchez, papá de Lautaro, un paciente electrodependiente, detalló los puntos que desarrollaron en la carta abierta que enviaron al Gobernador de la provincia por el deficiente funcionamiento de la obra social provincial. “Apelar a la máxima representación es la última instancia que tenemos porque no tenemos con quién más acudir, porque el resto de los funcionarios políticos de la obra social nos maltratan, amenazan o deliran”, sostuvo.
Río Grande. – En diálogo con FM del Pueblo, Marcelo Sanchez, precisó: “Hicimos una carta con familiares y cuidadores de la ciudad de Río Grande porque entendemos que la obra social no tiene la disposición ni la intención de resolver una situación que para nosotros es desesperantemente urgente. La obra social no nos está proveyendo los insumos ni los medicamentos básicos para nuestros familiares y pone en riesgo la vida de ellos. Parece que falta humanidad por parte de los funcionarios de la obra social”, señaló.
Sánchez explicó que el sistema de atención se volvió casi inaccesible para los afiliados. “Es muy difícil que te atienda una persona física porque están intentando digitalizar todos los trámites, por lo cual el acceso de una persona que va a plantear una particularidad como nos pasa a menudo quienes estamos en estas situaciones es casi imposible. Y cuando lográs que te atienda alguien es un empleado raso que no te puede dar ninguna respuesta y lo único que puede hacer es trasladar la inquietud. O sí te atiende un funcionario que, en el mejor de los casos, plantea una solución en el tiempo, pero en la mayoría de las veces te maltrata o te acusan abiertamente de que estás abusando de la obra social”.
En relación con las dificultades para acceder a medicamentos e insumos, indicó: “Hay dos cuestiones básicas: una es la dificultad de los trámites porque modificaron la receta electrónica de medicamentos e insumos apelando a la ley nacional que dio de baja Milei y que luego se aprobó de nuevo y quedó en un limbo. Entonces hay cuestiones que no nos están autorizando, como tampoco se están autorizando los descartables y los insumos de venta libre, entre ellos, las fórmulas alimentarias porque la mayoría se alimenta por botón gástrico y es el único alimento que reciben y que además son carísimas; para la mayoría de nosotros sería imposible mantenerlo con nuestros ingresos”.
Sobre el sistema de autorización, agregó: “Lo que hacen las autorizaciones nos plantearon que los elementos de venta libre no había que cubrirlos, pero además de eso el sistema de autorización lo modificaron y lo hicieron digital; lo tiene que hacer un médico y subirlo a la base de datos. Y eso se traduce en demoras, y eso para nosotros es pérdida de calidad de vida porque si no reciben la medicación, alimentación e insumos básicos, ¿cómo hacemos? El problema fundamental que tenemos es la provisión de medicamentos y los insumos”.
El padre de Lautaro también denunció irregularidades con la farmacia contratada por la obra social. “La obra social tiene un solo convenio con Autofarma y, según ellos, la obra social no les paga y por eso están retaceando medicamentos determinados. Vas con una receta de cuatro cajas de un medicamento y te dan una, cuando antes por lo menos te daban un vale para retirar las otras cajas. Es desesperante, no tenemos tiempo, no tenemos el lujo de esperar 20 días para un medicamento. Además, tenemos la información —no oficial— de que Autofarma va a cortar la cobertura del 100%, entonces esto se suma a que no tenemos los medicamentos, los insumos, y tampoco tenemos el dinero para afrontar todos esos gastos”.
Sánchez recordó que existe un fallo judicial que obliga a la obra social a cubrir los gastos de internación. “Nosotros tenemos un acta judicial de diciembre del año pasado que ordena a la obra social cubrir todos los gastos de internación de los pacientes. Nosotros hicimos un acuerdo con OSEF porque no estábamos conformes con la empresa que contrataron para internación domiciliaria. Llegamos a un acuerdo de que las familias contratan a los profesionales que cuidan a los pacientes, les pagamos nosotros y la obra social nos reintegra según una lista de aranceles que hay a nivel nacional. Febrero, marzo, abril nos pagaron y en mayo tuve que hacer una intimación judicial y me terminaron pagando los siguientes tres meses en septiembre. Mientras tanto, los profesionales siguieron viniendo, pero son profesionales que viven de eso, no lo pueden sostener”.
En ese sentido, cuestionó la falta de empatía estatal. “Hay una falta de humanidad y una crueldad naturalizada y fomentada por el mensaje del Gobierno Nacional de deshacerse de los más débiles y los más vulnerables. Por eso hablamos con el grupo de los electrodependientes y decidimos escribirle una carta abierta al Gobernador como máxima autoridad de la provincia y de la obra social, porque la presidencia la ejerce el Ejecutivo de la provincia. Apelar a la máxima representación es la última instancia que tenemos porque no tenemos con quién más acudir, porque el resto de los funcionarios políticos de la obra social nos maltratan, amenazan o deliran. Es una situación desesperante porque cada demora termina en complicaciones que van deteriorando la calidad de vida del paciente y del entorno”.
Concluyó con un mensaje contundente: “No nos dan paz. No hemos tenido ninguna respuesta de quien tiene que hacerse cargo”.
