El legislador cargó contra el oficialismo por la reiterada suspensión de sesiones, la falta de comisiones y el avance de un dictamen que calificó como “trucho” e “inconstitucional”. También apuntó al gobernador Gustavo Melella por una “decisión política” de impedir el debate parlamentario.
Río Grande. -El legislador Pablo Villegas trazó un diagnóstico crítico sobre el funcionamiento de la Legislatura fueguina. Entre cuestionamientos directos al Ejecutivo, preocupaciones institucionales y advertencias sobre el tratamiento del proyecto que busca derogar la Ley 1355, el parlamentario afirmó por Radio Provincia que el 2025 fue “el peor año de trabajo legislativo en más de una década”.
Villegas confirmó que la reciente suspensión de sesión obedeció a “la situación de salud de la legisladora Miriam Martínez, aunque se puede sesionar con los miembros que están en ese momento en la Cámara”. Con el período ordinario a punto de finalizar, advirtió que “el lunes sí o sí tienen que sesionar, o deberían sesionar”, ya que de lo contrario será necesario convocar a extraordinarias.
Según explicó, el oficialismo agotó el margen de dilación: “Más de ahí no van a poder pasar”.
Crítica al gobernador Melella: “Una decisión política de impedir los debates”
Para el legislador, las demoras no son hechos aislados sino parte de un esquema deliberado. “Hay una mecánica institucional impuesta a resulta de una decisión política muy clara del gobernador Gustavo Melella, que es la de impedir de un u otro modo un sinnúmero de debates legislativos”, afirmó.
Villegas sostuvo que ese mecanismo se manifiesta tanto en la paralización de las comisiones como en las suspensiones reiteradas. “Creyendo que de ese modo se amortiguan los efectos por el no tratamiento en algunos temas, el gobernador es el responsable político de esta situación”, señaló.
Como ejemplo, relató lo ocurrido el día previo, cuando autoridades de la Caja Compensadora de la Policía volvieron a ausentarse en una reunión clave y comentó que “volvieron a pegar el faltazo las autoridades de la caja de jubilaciones quienes deben dar respuesta a más de 500 familia que no se les están pagando los haberes previsionales desde hace meneses, lo que representa sin más una falta de respeto a los legisladores”.
“Una decadencia institucional”: diagnóstico y consecuencias
Villegas trazó un panorama preocupante y dijo que “estamos en una situación de decadencia institucional en Tierra del Fuego, una especie de embudo en la que estamos metidos, de la que es muy difícil salir, producto del acompañamiento de algunas mayorías congruentes con la decisión del gobernador de impedir los debates legislativos”.
Para reforzar el diagnóstico, detalló el magro saldo anual “el trabajo legislativo ha sido pobrísimo. Creo que en los más de diez años que estoy en la Legislatura nunca hemos trabajado tan poco. Esperemos que el año que viene podamos trabajar con mayor normalidad”.
La falta de comisiones, agregó, debilita la función de control sobre el Ejecutivo: “¿Cómo lo vas a poder controlar si ni siquiera se hacen reuniones de comisiones y las comisiones están presididas por legisladores oficiales? Es todo un combo que provoca esta situación que es lamentable que uno es parte y que uno se tiene que hacer cargo”.
El dictamen por la Ley 1355: “trucho, ilegal e inconstitucional”
Asimismo, analizó el dictamen que impulsa la derogación de la Ley 1355, que regula la actividad salmonera. Villegas fue categórico: “Es un dictamen trucho, porque es inconstitucional porque fue obtenido por force, vulnerando las pautas constitucionales. Esto es una foto más de la realidad institucional que tenemos en la provincia, si bien uno tiene una cuota de responsabilidad, también es cierto que esto obedece a una decisión política en cabeza del gobernador de la provincia”.
“Que ayer no hayan ido las autoridades de la Caja de la Política a dar explicaciones no es casualidad. Como también pasó con el Radar de Tolhuin que impidieron que vayan los funcionarios”, recordó.
Aseguró que no acompañará ese dictamen en ninguna instancia: “No voy a avalar en ninguna instancia legislativa”, y recordó que junto a la legisladora Colazo votó en contra de que fuera enviado a sesión. Además, advirtió que su objeción no es sobre el contenido del proyecto sino sobre el proceso: “Si se aprueba la ley, tampoco sería legal. Yo no la voy a entender como constitucional, no por el contenido, sino por el proceso de formación de la ley”.
Prometió exponer públicamente sus fundamentos “estoy dispuesto a fundamentarlo en el momento que haya que fundamentarlo daré a conocer mis fundamentos jurídicos y políticos”. Y agregó una definición política: “Si nos van a ganar en la cancha, que nos ganen con el juego vigente, no con trampas. Si tienen una mayoría para sacar una ley, que lo hagan bien, que saquen un dictamen legal como corresponde con el tratamiento que corresponde”.
El modelo económico y la defensa de la Ley 1355
El legislador planteó que detrás del dictamen irregular existe presión de “sectores concentrados de poder económico”. Ratificó su postura frente al desarrollo salmonero: “De decir no a ciertos modelos de desarrollo económico como son estas famosas salmoneras al estilo chileno, y sí a otro modelo de desarrollo económico sostenible”. Y aclaró un punto que, según él, se tergiversa deliberadamente: “A la Ley 1355 se le hace decir lo que no dice, porque la ley no prohíbe el cultivo y la cría en tierra a través del sistema de recirculación de agua. Vamos a dar batalla como corresponde, en la medida que se respeten las reglas de juego”.
Responsabilidad política y defensa de la institucionalidad
Villegas rechazó que su postura obedezca a intereses personales o presiones externas: “Yo no le debo nada a nadie. Tomó decisiones de acuerdo a mis convicciones y a lo que me comprometí con mi gente. No voy a borrar con el codo lo que ayer escribí con la mano. Estoy convencido de que la ley 1355 es una buena ley que se puede mejorar como toda ley, pero no se puede pretender derogar con un dictamen trucho que violenta las reglas del proceso de formación de la ley”.
También prometió sostener su posición hasta las últimas consecuencias: “Vamos a pelear hasta las últimas consecuencias porque estoy absolutamente convencido de lo que digo y lo que hago”.
La preocupación excede el caso puntual:“Acá lo que está en jaque es la institucionalidad, el juego institucional de uno de los poderes del Estado”.
OSEF: un síntoma más del mismo modelo
Sobre la crisis de la obra social, el legislador retomó su línea crítica hacia el Ejecutivo: “Lo de OSEF es un caso más de este modelo de gestión de este gobierno”. Aseguró que el gobernador conocía desde antes de asumir la gravedad de la situación y sostuvo que “hace más de seis años que el gobernador sabía y tenía pleno conocimiento de la situación de la obra social. Pasaron seis años y tuvo que ser la Legislatura la que tomó la decisión”.
El legislador cerró subrayando la trascendencia del debate institucional para el futuro de la provincia: “Si hay un legado que dejarle a nuestra gente y a nuestros hijos, es qué tipo de institucionalidad queremos para Tierra del Fuego”.
Finalmente, Villegas comentó que “a mí me van a tener poniendo palabra al respecto, por más que quede solo como perro malo”.
