El abogado Francisco Giménez lanzó duras críticas contra el proceso de traspaso de las áreas de YPF a TerraIgnis y posteriormente a Velitec, al advertir que desde el 1° de junio numerosas empresas contratistas perderán sus contratos y comenzarán despidos masivos. Además, cuestionó la falta de información pública sobre el acuerdo firmado, apuntó contra el fiscal de Estado y la Legislatura por no exigir detalles del contrato y sostuvo que “corre serio peligro la paz social” en Tierra del Fuego.
Río Grande. – En una entrevista con el programa ‘Buscando el Equilibrio’ por Radio Provincia, el letrado que representa a varias firmas vinculadas a la actividad petrolera, Francisco Gimenez, aseguró que hasta el momento no hubo ningún acercamiento formal por parte de la nueva operadora y que la única comunicación recibida fueron “mails rescindiendo contratos”.
Giménez explicó que las empresas contratistas ya fueron notificadas de la rescisión de sus contratos y anticipó un escenario crítico para cientos de trabajadores. “No hay ninguna comunicación formal más allá de los mails que mandó Velitec rescindiendo y cancelando todos los contratos de las empresas a partir del 1º de junio y también YPF envió cartas documento informando de la cesión. Con lo cual el panorama al 1º de junio es que las empresas ya no tienen más contratos, han sido rescindidos y comienzan los despidos inevitablemente”.
Consultado sobre la cantidad de trabajadores afectados, sostuvo que las firmas que representa concentran aproximadamente la mitad de los 250 trabajadores mencionados previamente por el sindicato petrolero.
“La mitad de esa gente va a ser despedida porque no hay ningún contacto con Velitec, no se han acercado absolutamente para nada. El 30 de mayo esto queda finalizado y ya el 1º la gente no va a trabajar”, remarcó.
Pasivos laborales millonarios y responsabilidad solidaria
Consultados por los contratos, Gimenez resaltó que “hay empresas que tenían contratos que finalizaban a fines de junio, otras eran por plazo indeterminado, era un contrato sin finalidad. La deuda que queda es una deuda comercial, que obviamente será reclamada de YPF y después está todo lo que es los pasivos laborales que la provincia de Tierra del Fuego se comprometió a asumir”.
El abogado sostuvo que “de una sola empresa estamos hablando de alrededor de 6 millones de dólares que Terra Ignis asumió como pasivo laboral. Queda el reclamo vigente y será una cuestión de una decisión empresaria de si inician las acciones judiciales o no para recuperar todos estos ítems que se fueron desvalorizando durante todo el transcurso del contrato por los periodos no prescriptos”.
“Entonces, ante la imposibilidad de pagar indemnizaciones por parte de algunas empresas, tanto YPF como Terra Ignis y Velitec deben asumir esa deuda y pagar porque son solidariamente responsables”, aseguró.
En ese sentido, explicó que “ante un reclamo de indemnizaciones puede venir YPF y pagar para evitar mayores conflictos, pero a su vez tiene el juicio en contra para recuperar lo pagado contra Terra Ignis”.
“Velitec es un kiosco”
Por otro lado, Giménez sostuvo que la presentación oficial de la nueva operadora fue “una puesta en escena” y cuestionó severamente su capacidad operativa y financiera. “Creo que Melella, el ministro Castillo y todo el staff de Terra Ignis hicieron esta presentación del contrato con Velitec como si estuviéramos en Dubai o en Houston. Fue toda una gran puesta en escena, un show y una gran mentira”, indicó.
Luego relató una situación que, según dijo, expone la improvisación de la empresa “la semana pasada andaban dos tipos de Velitec con una antena Starlink tratando de tener conexión en el yacimiento, cuando eso requiere, como lo tenía YPF, la contratación del satélite a través de ARSAT. Le estoy hablando del grado de improvisación que tiene esta gente”.
También deslizó sospechas sobre la solvencia económica de la firma y destacó que “yo sospecho fundamentalmente que son unos muertos de hambre que vinieron acá a vender espejitos de colores y las consecuencias las vamos a pagar nosotros los fueguinos, pero, si no tenemos el contrato que firmó la provincia con esta empresa, porque por ahí, en el contrato tienen depositadas 100 millones de dólares en el Banco Provincia y yo me tengo que guardar todo lo que estoy diciendo”.
En este sentido, comentó que “andan pidiendo un crédito y que con el veraz que tienen no están en condiciones ni de sacar un crédito prendario de una camioneta 4×4 para llevar al yacimiento”.
Riesgo para el abastecimiento de gas y la seguridad del yacimiento
El letrado advirtió que “la situación es alarmante. Alarmante sobre las consecuencias para las pymes fueguinas, sobre la producción misma del yacimiento y sobre la seguridad de la explotación porque si estas empresas están, no sé quién va a dar seguridad”.
Además, alertó que la provincia podría enfrentar problemas de abastecimiento de gas durante el invierno. “No están en condiciones de garantizar la provisión de gas a Tierra del Fuego. Si en junio hay un accidente porque los fierros se rompen, ¿quién los va a arreglar?”, planteó.
En esa línea, cuestionó cómo una estructura mínima podría operar áreas que actualmente requieren cientos de trabajadores. “¿Cómo van a manejar ese yacimiento que hoy necesita 260 personas con 13 tipos? Esto es imposible”, afirmó.
Cuestionamientos al fiscal de Estado y al contrato con Velitec
Giménez apuntó duramente contra el fiscal de Estado y manifestó que “acá hay un gran ausente que es el fiscal de Estado. ¿Cómo es que no pidió el contrato para ver qué firmaron, cuáles son los compromisos de inversión, cuál es la estructura de negocio o el horizonte de producción?”, cuestionó.
Asimismo, sostuvo que el acuerdo debería haber pasado por la Legislatura provincial conforme al artículo 84 de la Constitución fueguina. “El artículo 84 establece que toda contratación que tenga que ver con hidrocarburos debe ser aprobada por la Legislatura con los dos tercios de los votos. Este contrato de Velitec y Terra Ignis debe ser enviado a la Legislatura, el Fiscal de Estado debió reclamar que lo envíen como también los legisladores”, aseguró.
“¿Qué está pasando que nadie lo pide? ¿De qué nos estamos perdiendo respecto de este contrato?”, señaló.
Por su parte, reclamó que “todo lo que tenga que ver con la contratación o explotación de hidrocarburos, tiene que pasar por la legislatura y ser aprobado por los dos tercios. No pasó y no lo mandaron ni lo van a mandar”.
Consultado por los representantes de la legislatura en Terra Ignis, opinó que “estamos discutiendo cuestiones por ahí formales que a la gente le cuesta captar, y lo cierto es que el primero de enero creo que la paz social de Tierra del Fuego se va a terminar”.
Para el abogado, el impacto económico y social del proceso será mucho más amplio que el de los despidos directos. “Acá va a haber familias que van a quedar en la calle, empresas familiares que cierran, gente fueguina que salió de abajo y que invirtió en Tierra del Fuego”, expresó.
Además, explicó que “esto cae en cascada. Si estas empresas no compran más cubiertas, matafuegos, repuestos o servicios, toda la cadena comercial se va a ver afectada. Si vamos a tener 200 trabajadores en la calle, esos números deben multiplicarse mínimo por tres con los trabajos indirectos”.
En la misma línea, lanzó una advertencia política y social de fuerte impacto. “No creo que el sindicato se mantenga pasivo ante el cierre de empresas contratistas porque prometieron que esto no iba a pasar”, sostuvo.
Asimismo, insistió en que “el primero de junio cierran las empresas. Y además, no solamente cierran la empresa, ¿cómo van a hacer para operar sin estas empresas?”.
Consultado sobre el diálogo con la ministra Castillo, dijo que “al principio hubo contacto con la ministra y rápidamente organizó una reunión. Se preocuparon, pero faltó que se ocupen”.
Duras críticas al Superior Tribunal y defensa del Consejo de la Magistratura
Por otro lado, Giménez también se refirió al conflicto institucional generado tras la decisión del Superior Tribunal de Justicia respecto de la designación de una jueza. “El Superior Tribunal de Justicia, con esta acordada, se puso en rebeldía contra la Constitución provincial y contra el Consejo de la Magistratura ha declarado la guerra”, afirmó.
“Quieren tener la llave del candado que habilite la entrada a la carrera judicial y que solamente puedan ingresar aquellos que son de la corporación o se someten a su voluntad. En donde ellos hicieron algo que es absolutamente ilegal y arbitrario”, sostuvo.
Además, consideró que “el Consejo de la Magistratura debería evaluar seriamente si los tres jueces que firmaron esta acordada no están a tiro de un jury”.
Por su parte, comentó que “acá se han designado con anuencia del Superior Tribunal de Justicia cada zaparrastroso y hoy pretenden decirnos que una abogada que transitó todo el concurso, que obtuvo 6 votos de los 7, no está en condiciones de ser jueza porque lo que nos dice el Superior Tribunal es que ellos van a controlar lo que decide el Consejo de la Magistratura y van a hacer un contraexamen”.
“Esto debe tener consecuencias y espero que la tenga. Vamos a hacer fuerza para que esto tenga consecuencias”, indicó.
Asimismo, remarcó que “hubieron jueces del Superior con cuatro votos designados y jueces que cuando tuvieron que ver, -a mí me consta- qué conocido uno podía tener con el legislador que en ese momento estaba en el Consejo de la Magistratura, o qué mano le podía dar el consejero de los abogados para ir contando los votos”.
“No puede transformarse en selector de selectores porque si no terminan nombrando a quien a ellos les gusta”, dijo.
Finalmente, resaltó que “la doctora Guerrero tiene todos los antecedentes, porque así lo dijo el Consejo de la Magistratura, porque es una profesional que ejerció la profesión durante mucho tiempo, la profesión libre y privada, y hoy es funcionaria del Superior Tribunal de Justicia como prosecretaria”.
“Los tiempos políticos obviamente cambiaron, y hoy quieren asegurarse de tener jueces que respondan a la disciplina del Superior Tribunal de Justicia, indudablemente”, cerró.
