La referente cuestionó decisiones de la presidencia de la obra social, apuntó contra el financiamiento al Estado en medio de la crisis y valoró el avance judicial tras años de denuncias. En este sentido, cuestionó “¿Quién se va a hacer cargo de todos esos intereses que están presentando los proveedores o los prestadores que tiene que pagar la obra social?”.
Río Grande. -En un contexto de creciente conflictividad en la obra social estatal, Elvia Agüero valoró que la Justicia haya comenzado a requerir información vinculada a denuncias sobre el manejo de fondos.“Llegó la hora de rendir cuentas. Tardaron 7 años, pero bueno, la Justicia ya empezó a pedir información a la obra social con respecto a las denuncias”.
“La denuncia original es del Fiscal de Estado con respecto a la ampliación de los fondos en marzo”, precisó.
Según explicó, los requerimientos apuntan principalmente a los fondos específicos contemplados por ley y detalló que “la notificación de la Justicia es del 31 de marzo, y recién el lunes empezaron a subir al sistema las respuestas. Pasaron 13 días”.
“Era ahora que la presidenta empiece a dar explicaciones de todas las decisiones que ha tomado en estos casi 7 años”, sostuvo.
Afiliados en crisis y cuestionamientos a la gestión
Agüero describió una situación crítica para los afiliados, a quienes ubicó como los principales perjudicados del funcionamiento actual de la obra social. “Los afiliados la están pasando muy mal. Los que están enfermos son los que padecen esta situación”.
“No la pasa mal la presidenta de la obra social, no la pasa mal el gobernador. Los que la están pasando mal son nuestros afiliados”, indicó.
Además, cuestionó la falta de cambios estructurales en la gestión y remarcó que “nunca cambiaron el rumbo. Siempre fue lo mismo: decir que falta plata y que los afiliados tienen que poner más”.
Decisiones financieras bajo la lupa
Uno de los puntos más críticos del análisis de Agüero fue la decisión de financiar deudas de organismos públicos en medio de la crisis financiera de la OSEF y dijo que “la presidenta decidió financiar a los deudores de la obra social en un momento en que no tenemos para pagar a los proveedores y la decisión la tomó solo ella, cuando los recursos como dice la ley, lo tienen que decidir con el directorio”.
Detalló que se firmaron acuerdos a largo plazo con montos millonarios: “Son 11.000 millones de pesos con el gobierno provincial, 3.500 con el Municipio de Río Grande y otros montos con Tolhuin, en convenios a 36 meses”.
“Muy lindo hacer un edificio con la deuda, pero ¿cuánto tiempo va a tardar eso? Nosotros tenemos una sede en Tolhuin porque el Gobierno cedió una oficina donde hay una sede chiquita de OSEF, es verdad que no tenemos farmacia pero hay un proyecto con el terreno que teníamos en Tolhuin que en los planos incluye armar una delegación con farmacia, no obstante, nunca se llevó a cabo”, recordó.
Asimismo, comentó que “está todo mal en la obra social y la presidente se ofusca porque los directores no se presentaron para refrendar el convenio de financiamiento de los entes deudores”.
Y cuestionó el criterio de esa decisión: “Es un montón de plata que decidió financiar con una tasa mínima, mientras la obra social no puede pagar”.
Deuda, déficit y financiamiento indirecto al Estado
Agüero brindó cifras sobre la situación económica de la obra social, señalando un fuerte desequilibrio y dijo que “la deuda de tesorería era de 21.000 millones de pesos, y solo el gobierno debía otros 11.000 millones por contribuciones”.
Además, sumó compromisos por prestaciones sociales: “A eso le tenés que sumar otros 11.000 millones por pensiones. Solo con el gobierno ya tenés más de 22.000 millones”.
“Ella le financió la deuda a su patrón porque su jefe es el gobernador de la provincia”, expresó.
En ese sentido, sostuvo que la obra social termina sosteniendo financieramente al propio Estado y seañló que “OSEF está financiando al gobierno. Somos la acción social de las pensiones del gobierno, pero con la plata de todos los afiliados de OSEF y sin que nos mande el dinero”.
Críticas a convenios y sobrecostos
Aguero, remarcó que “es la misma presidente que en estos seis años ha firmado convenio con los prestadores donde le pone un artículo que establece condiciones de pago específicas a los proveedores que presentan sus facturas correspondientes a las prestaciones realizadas y, si transcurridos 20 días corridos OSEF no efectiviza el pago, comienzan a generarse intereses sobre la deuda”.
En ese sentido, remarcó que se trata de intereses equivalentes a los que aplican tanto la justicia como las entidades bancarias. Sin embargo, marcó una diferencia crítica al sostener que “al gobierno esos intereses no”.
A partir de este esquema, Agüero planteó que “¿Quién se va a hacer cargo de todos esos intereses que están presentando los proveedores o los prestadores que tiene que pagar la obra social?”.
“Por financiar al gobierno de la provincia, no están cobrando los prestadores ni proveedores. Se están presentando notas por parte de los acreedores reclamando intereses sobre cada factura atrasada,¿lo va a pagar ella?”, cuestionó.
También cuestionó el reemplazo de convenios con otras obras sociales por sistemas más costosos: “Se pasó de pagar 25 millones a una obra social en Córdoba a pagar casi 200 millones a una prepaga y la obra social está contratando prestaciones para nuestros afiliados en Cordoba, todo por fuera de ese convenio que han firmado”.
Prestaciones recortadas y servicios afectados
La referente también describió múltiples falencias en la prestación de servicios, tanto en medicamentos como en atención médica. “Hoy tenemos farmacias que cubren solo el 40%. No hay ninguna que cubra el 100%”.
Y agregó que “hay afiliados que van a atenderse y les cobran 60 mil pesos una consulta, que termina pagando el afiliado”.
Incluso mencionó dificultades para acceder a medicamentos básicos “no podemos conseguir una caja de amoxidal para un afiliado. No te hablo de medicamentos de alto costo”.
Denuncias internas y acusaciones de irregularidades
Agüero hizo referencia a presentaciones judiciales y administrativas contra la conducción de la obra social y precisó que “los vocales denunciaron a la presidenta en la Fiscalía de Estado y en el Tribunal de Cuentas por decisiones unilaterales”.
Asimismo, respaldó los dichos del fiscal de Estado sobre posibles irregularidades y dijo que “se habla de una administración fraudulenta. Es duro, pero es lo que venimos denunciando hace años”.
También cuestionó la veracidad de información enviada a organismos de control y manifestó que “se contestan cosas a medias o directamente mentiras. Hay situaciones que nunca ocurrieron y se informaron como reales”.
En el cierre, Agüero insistió en la gravedad institucional del escenario y en la necesidad de responsabilidades. “Están administrando los recursos de los trabajadores. No es plata del gobierno, es nuestro dinero”.
“Alguien se tiene que hacer cargo de todo lo que pasa en la obra social”, concluyó.
