Con el Decreto 0751/26, el Gobernador convocó a elecciones para el 9 de agosto pese al intento de derogación de la Ley 1529. El fallo del Superior Tribunal y los plazos legales, claves en la decisión.
Ushuaia.- En una jugada de alto impacto político e institucional, el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, firmó el Decreto 0751/26 que convoca a elecciones de convencionales constituyentes para el próximo 9 de agosto, activando formalmente el proceso de reforma de la Constitución provincial en medio de una fuerte disputa con la Legislatura.
La decisión del Poder Ejecutivo se produce en simultáneo con el avance, en la Comisión 1 del Parlamento fueguino, de un dictamen con mayoría agravada impulsado por el legislador Jorge Lechman, que busca derogar la Ley Provincial 1529, norma que declaró la necesidad de la reforma.
El escenario abre una tensión inédita: mientras el Ejecutivo pone en marcha el proceso constituyente, un sector del Poder Legislativo intenta desactivarlo.
El fundamento legal: la Constitución, la ley vigente y el fallo del Superior Tribunal
El Decreto 0751/26 se apoya en un trípode jurídico claro:
- La Constitución Provincial (artículos 191, 192 y concordantes):
- La vigencia de la Ley Provincial 1529 y,
- La intervención del Superior Tribunal de Justicia.
El texto del decreto recuerda que la reforma constitucional está plenamente habilitada por el Título IV de la Carta Magna y que la necesidad de la reforma fue declarada por ley con mayoría especial, cumpliendo los requisitos formales.
En ese marco, el Ejecutivo sostiene que no sólo existe legalidad en el proceso, sino también obligación institucional de avanzar, al haberse activado los plazos previstos por la normativa.
Un punto clave es el recorrido judicial
En 2024, una medida cautelar suspendió las elecciones convocadas originalmente.
Sin embargo, el tribunal de alzada revocó esa decisión y ordenó continuar el proceso.
Finalmente, la sentencia quedó firme en octubre de 2025, habilitando nuevamente la convocatoria.
El decreto interpreta este recorrido como determinante: el fallo no sólo validó el proceso, sino que además otorgó un plazo concreto al Ejecutivo para emitir un nuevo llamado a elecciones, lo que explica la urgencia de la firma.
La pulseada política: decreto vs. derogación
La firma del decreto no ocurre en el vacío. Llega en un momento de máxima tensión política, con la Legislatura a punto de definir si deroga la Ley 1529.
El dictamen promovido por Lechman introduce una incógnita central: ¿puede el Parlamento frenar un proceso que el Ejecutivo considera respaldado por la Constitución y por la Justicia?
Desde la mirada del Gobierno, la respuesta es negativa. El propio Melella fue categórico: “Hoy se dispara el proceso y la Legislatura no tiene posibilidad de frenarlo”.
La afirmación no es menor: implica que el Ejecutivo entiende que el proceso constituyente ya entró en una fase irreversible, más allá de las disputas políticas.
