Claudio Canovas, exdirector del Servicio Penitenciario Provincial, expresó su profunda preocupación por la crisis institucional que atraviesa la Unidad de Detención 1 de Río Grande, marcada por denuncias por presunta asociación ilícita entre penitenciarios e internos, abusos sexuales y violencia extrema. Sus declaraciones apuntan directamente a la falta de controles y a la responsabilidad política del Gobierno fueguino en remover a las autoridades.
Río Grande. – En declaraciones a Radio Provincia, Canovas fue muy crítico, en medio de la investigación judicial que indaga una presunta red de connivencia entre agentes penitenciarios e internos, que habría derivado en brutales agresiones y posibles abusos dentro del penal.
“Me apena mucho. Porque es una institución a la cual quiero mucho. Dejé mucho ahí cuando trabajé como director y me apena enterarme las situaciones graves que están pasando, porque hay situaciones muy graves”, aseguró Canovas, quien estuvo al frente del organismo durante más de siete años.
El exfuncionario fue categórico al señalar que lo ocurrido responde a una falta de controles: “Soy un convencido que lo que ha fallado ahí es el trabajo penitenciario en sí, el contralor, estar atento a esas cuestiones y dejar que los internos se manejen de manera libre. Esto viene de un tiempo aparentemente ya orquestado”.
Canovas también apuntó contra la conducción actual: “Es gravísimo desde la conducción misma del Servicio Penitenciario. El director Ariel Ciares ya tendría que haber presentado la denuncia. No puede pasar todo lo que está pasando y este señor sigue a cargo del servicio. Me parece que ahí estamos errando en un funcionario que no ha podido llevar adelante las políticas institucionales que requiere una institución”.
El exdirector pidió medidas inmediatas y ejemplificadoras: “Esto pasa por el Ministro de Seguridad, por el Jefe de Gabinete, por el mismo Gobernador. Son los que tienen que tomar decisiones fuertes. En este caso hay que tomar una medida ejemplificadora. No podemos como ciudadanos escuchar lo que está pasando dentro de la institución penitenciaria y no tomar medidas”.
Sobre su salida, recordó: “Fue por decisión política. Siempre manejé la institución con la premisa de los derechos humanos. Nosotros debemos cuidar personas que han cometido un error y están a cargo nuestro para tratar de sacarlas el día de mañana como gente de vida”.
La causa judicial está a cargo de la jueza Cecilia Cataldo y el fiscal Martín Bramatti. Se investigan hechos ocurridos en mayo, cuando tres internos fueron atacados en un pabellón liberado durante más de dos horas. Los allanamientos alcanzaron domicilios de siete agentes, incluido el director del penal, Raúl Ciares. El escándalo involucra además vínculos familiares: Raúl Ciares, desplazado, es hermano de Ariel Ciares, actual director del Servicio Penitenciario Provincial, quien sigue en funciones pese a causas abiertas por abuso de autoridad y violencia institucional.
Las declaraciones de Canovas refuerzan la idea de que la crisis penitenciaria no es un hecho aislado, sino el resultado de fallas estructurales y de la inacción política frente a denuncias graves. La continuidad de Ariel Ciares en la dirección coloca al Ejecutivo provincial bajo fuerte presión para dar respuestas inmediatas.
