La reforma constitucional atraviesa un nuevo punto de tensión. Tras la decisión del bloque opositor en la Legislatura de derogar la ley que habilita el proceso constituyente, el gobernador Gustavo Melella se dispone a vetar la medida en las próximas horas por considerarla inconstitucional y ratificará así la continuidad del proceso electoral. Por otro lado, el mandatario se aleja del kirchnerismo y profundiza su pelea con La Cámpora que, además de frenarle con una maniobra legislativa la reforma constitucional, también aprobó la Ley de Goteo Diario para transferir fondos de forma automática a los tres municipios de la provincia.
Ushuaia.- La derogación fue aprobada durante la madrugada del 1° de mayo, luego de una sesión extensa y controvertida jornada. La decisión implica dejar sin efecto una norma sancionada en 2023 por el mismo cuerpo legislativo, generando un fuerte impacto institucional y abriendo un choque directo entre poderes en un proceso que ya estaba en marcha.
Desde el Ejecutivo sostienen que la convocatoria a elecciones constituyentes, prevista para el 9 de agosto, mantiene su vigencia. Argumentan que el proceso cuenta con respaldo judicial y que no puede ser interrumpido una vez activado. En esa línea, especialistas en derecho constitucional señalan que la ley de reforma cumple su función al iniciar el mecanismo y pierde capacidad de modificación cuando el calendario electoral ya está en curso.
En la oposición, en cambio, defienden la potestad de la Legislatura para revisar sus propias decisiones y presentan la derogación como una corrección política frente a un escenario que, aseguran, cambió desde la aprobación original. La votación reflejó un reordenamiento de fuerzas: con 11 votos a favor, bloques diversos —incluidos sectores del justicialismo, espacios libertarios y fuerzas provinciales— avanzaron contra la iniciativa oficialista, que quedó en minoría.
Detrás de la discusión legal emerge una disputa política más profunda. Las tensiones entre el gobierno provincial y actores clave, sobre todo en Ushuaia y Río Grande, reconfiguraron alianzas y dejaron expuesta una puja por el control del rumbo institucional. En este contexto, la reforma aparece tanto como un proyecto de transformación como un campo de confrontación entre liderazgos.
El oficialismo insiste en que los cambios propuestos buscaban modernizar el sistema político provincial, con iniciativas como limitar la reelección indefinida de legisladores, eliminar cargos vitalicios y avanzar en medidas de transparencia y modernización estatal. Desde esa mirada, frenar la reforma implica sostener estructuras que consideran desactualizadas.
Especialistas también destacan el carácter inédito del escenario: nunca antes se había intentado frenar un proceso constituyente ya convocado y en desarrollo en distintas instancias. A la judicialización inicial que alteró el cronograma se suma ahora la avanzada legislativa para anularlo, configurando una situación excepcional en el sistema institucional argentino.
Con el veto en camino, el desenlace sigue abierto. La Legislatura podría insistir en su postura, lo que trasladaría la disputa al ámbito judicial. Lo que finalmente se resuelva no solo definirá el futuro de la reforma, sino también los límites entre los poderes del Estado en medio de una tensión institucional creciente.
Melella rompe con el kirchnerismo
Tras el escándalo generado en la madrugada del feriado del viernes cuando la Legislatura de Tierra del Fuego derogó la ley que convoca a reformar la Constitución provincial, el gobernador Gustavo Melella decidió este sábado romper su alianza con el kirchnerismo, lo que marca un fuerte simbronazo en la interna del PJ dado que se trata de un aliado incondicional de la ex presidenta Cristina Kirchner.
Cabe resaltar que el alineamiento de Melella con Cristina Kirchner lo ubicó en las antípodas de las líneas que tejió desde la Casa Rosada la administración de Javier Milei con las provincias, por lo que la marcha atrás que le asestó la Legislatura a su proyecto de reforma constitucional, colmó la paciencia del mandatario que decidió ponerle un límite al kirchnerismo, dijeron a Clarín fuentes allegadas al gobierno fueguino.
Con la reforma, para la que el jueves último había convocado a realizar las elecciones de convencionales constituyentes el 9 de agosto, el Gobierno busca limitar las reelecciones indefinidas de legisladores, poner topes salariales y de permanencia en los cargos vitalicios en entes provinciales.
Es que este fue el último capítulo que toleró Melella, jefe del partido local FORJA, tras constantes conflictos con La Cámpora, donde tiene como máximo referente al intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, quien a las 5 de la madrugada del viernes apareció en las redes sociales a felicitar a la Legislatura por frenar la reforma. “Bien”, escribió al celebrar esa acción.
El enojo de Melella obedece a que además en las últimas elecciones legislativas había logrado una lista de unidad, en la que incluso su espacio tuvo que ceder el primer lugar en la nómina de senadores nacionales a la camporista Cándida Cristina López. En el medio, la relación con Vuoto siempre fue compleja y tirante.
Además del escándalo por el freno de la reforma constitucional, el bloque que responde a Vuoto logró también la aprobación de la denominada Ley de Goteo Diario que establece un sistema de transferencia automática y diaria de recursos desde la Provincia hacia los municipios de Ushuaia, Río Grande y Tolhuin.
Esa norma, aprobada por el PJ, el Movimiento Popular Fueguino, Provincia Grande, Somos Fueguinos y Partido Verde, dispone la transferencia automática de fondos coparticipables, tanto federales como provinciales, llegarán de manera diaria a las tres ciudades.
Para el Gobierno de Melella, esa disposición “constituye un ahogo financiero” para la provincia, una de las más castigadas por la quita de fondos por parte de Nación y la caída de la producción industrial.
Dirigentes vinculados al mandatario de FORJA se pusieron en alerta y recordaron que al exgobernador Jorge Colazo lo destituyeron a través de una norma similar. Por eso, alertaron que “son maniobras destituyentes”.
En medio, la convocatoria a elecciones de convencionales constituyentes sigue en pie, en medio de un limbo jurídico, por la decisión de la Legislatura de voltear el proyecto de reforma, y está prevista para el 9 de agosto próximo.
Ahora, mientras Melella planea vetar la norma aprobada por el kirchnerismo en la Legislatura, será el Superior Tribunal quien determine si esta ley de derogación cumple con los requisitos constitucionales.
