El organismo resolvió pedir la derogación de la Acordada 24/2026 del Superior Tribunal de Justicia y reclamó el cumplimiento de la decisión previa que habilitó la designación. La medida profundiza la tensión institucional dentro del Poder Judicial fueguino.
Ushuaia.- En un nuevo capítulo de la fuerte disputa institucional que atraviesa al Poder Judicial de Tierra del Fuego, el Consejo de la Magistratura resolvió este lunes rechazar formalmente la acordada impulsada por el Superior Tribunal de Justicia (STJ) que había frenado la asunción de una jueza designada la semana pasada, y exigió que se avance con la toma de juramento correspondiente.
La decisión quedó plasmada en el Acta Nº 646, firmada este 11 de mayo en la ciudad de Ushuaia, durante una reunión encabezada por la presidenta del cuerpo, la jueza Edith Miriam Cristiano, junto a representantes del Ejecutivo, la Legislatura y abogados integrantes del Consejo.
Según consta en el documento, el Consejo analizó la “Nota M.E. Nº 15/26: STJ-SSA Acordada 24/2026” y, tras debatir los fundamentos jurídicos, resolvió “elaborar una acordada mediante la cual se solicita al Superior Tribunal de Justicia el cumplimiento de lo dispuesto en la Acordada C.M. Nº 674 y la consecuente derogación de la Acordada STJ Nº 24/2026”.
De esta manera, los consejeros enviaron un fuerte rechazo a la acordada 24 de los jueces Javier Muschnick, Gonzalo Sagastume y María del Carmen Bataini que intentó dar de baja a la Dra. María Elena Guerrero.
La resolución representa un fuerte pronunciamiento político e institucional contra la decisión adoptada por el Superior Tribunal, que había intentado dejar sin efecto la designación y frenar la jura de la magistrada.
De esta manera, el Consejo de la Magistratura ratificó la validez del proceso de selección y volvió a sostener que corresponde avanzar con la asunción de la jueza, marcando una clara diferencia de criterio con el máximo órgano judicial de la provincia.
El conflicto se desató luego de que el STJ emitiera una acordada cuestionando el procedimiento y suspendiendo la toma de juramento prevista, en una decisión que generó fuertes repercusiones dentro del ámbito político y judicial fueguino.
Ahora, con esta nueva definición, el Consejo busca dejar sin efecto aquella medida y obligar al Superior Tribunal a cumplir con lo ya resuelto por el propio órgano encargado constitucionalmente de la selección y designación de magistrados.
La tensión institucional escala así a uno de sus puntos más altos, abriendo un escenario de fuerte confrontación entre el Consejo de la Magistratura y el Superior Tribunal de Justicia, en una disputa que ya excede lo administrativo y se instala de lleno en el plano político y judicial de la provincia.
