En una tensa primera jornada en el salón Conrado Witthaus, comenzó el juicio oral y público por las presuntas estafas con soluciones habitacionales de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE). El proceso, que investiga 22 hechos de fraude con el programa «128 Viviendas» de Barrancas del Río Pipo, tiene al Instituto Provincial de Vivienda participando activamente en el rol de parte querellante. El debate se concentra formalmente sobre tres personas imputadas: el secretario general del gremio, Carlos Córdoba; el referente del área de vivienda, Miguel Ángel Arana; y Erik Enrique Moscoso Panozo, este último acusado por el delito de lavado de activos.
Ushuaia. – El Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Sur dio inicio este lunes al juicio oral y público contra tres hombres acusados de presuntas maniobras fraudulentas vinculadas con la adjudicación y comercialización irregular de viviendas sociales destinadas a afiliados de ATE.
Los imputados Carlos Córdoba y Miguel Arana enfrentan acusaciones por 22 hechos relacionados con supuestas maniobras defraudatorias vinculadas al programa de 128 viviendas ubicado en el sector Barrancas del Río Pipo.
Durante la primera audiencia, el fiscal Daniel Curtale realizó una extensa exposición de los hechos y de los argumentos que sostienen la acusación contra los imputados.
Según la investigación, los acusados habrían ofrecido lugares o soluciones habitacionales a personas que no cumplían con los requisitos exigidos para acceder a las viviendas. Entre ellas se encontraban empleados estatales y afiliados al gremio, quienes presuntamente entregaban dinero, vehículos, cheques y otros bienes a cambio de obtener lugares en los listados por una vivienda.
La acusación sostiene además que las maniobras se habrían concretado mediante el uso de funciones gremiales, gestiones ante el Instituto Provincial de Vivienda (IPV) y otros organismos públicos, además de la presentación de listados de postulantes que presuntamente no integraban el universo legítimo de beneficiarios.
Al momento de las indagatorias, Carlos Córdoba optó por su derecho a no prestar declaración ante el tribunal. Ante su negativa, se procedió a incorporar los antecedentes mediante la lectura del escrito que el dirigente gremial había presentado previamente durante la etapa de instrucción de la causa. Por otra parte, y antes de que se iniciaran los testimonios de los acusados, el Presidente del Tribunal de Juicio, Dr. Alejandro Pagano Zavalía, solicitó de manera expresa que no se transmitieran en vivo las declaraciones de los imputados a través de las redes sociales o medios digitales.
Arana complicó a Carlos Córdoba
Quien sí rompió el silencio de manera categórica fue Miguel Arana.
Tras la negativa a declarar del titular de ATE Ushuaia, el principal imputado Miguel Arana, apuntó al secretario General como responsable de vender viviendas del IPV a no afiliados.
Durante una indagatoria efectuada casi al borde de las lágrimas, apuntó de forma directa contra Córdoba como el máximo responsable de autorizar la venta de lugares en los listados oficiales para personas que ni siquiera estaban afiliadas al sindicato.
Arana confesó que su rol se limitaba a acatar órdenes, al punto de admitir que llegó a recaudar el dinero en efectivo correspondiente a entre siete y nueve viviendas para luego trasladar esos fajos cerrados —cuyo monto exacto dijo desconocer— directamente hasta el domicilio particular del secretario general.
Con el fin de deslindar su responsabilidad penal, Arana aseguró que jamás tuvo el manejo real de los padrones ni capacidad de gestión ante el IPV o el Gobierno provincial, justificando que su firma solo aparecía en las actas por cuestiones formales.
El testimonio sumó una enorme conmoción en la sala cuando el imputado denunció haber recibido golpizas y amenazas de muerte a lo largo del proceso, sembrando públicamente severas dudas sobre el presunto suicidio de Daniel Belbey, otro de los integrantes de la cúpula de ATE que se quitó la vida al inicio de la investigación.
Para concluir su defensa, Arana exhibió un video grabado mediante una cámara oculta que él mismo mandó a filmar en la sede sindical. En la reproducción audiovisual se observa una reunión interna donde diversos damnificados le reclamaban de manera airada y presencial a Carlos Córdoba por la falta de entrega de las viviendas prometidas.
Detalles técnicos y perjuicio económico
La hipótesis desarrollada por la fiscalía sostiene que la maniobra consistía en ofrecer irregularmente el ingreso a los listados de beneficiarios a cambio de sumas de dinero, cheques, vehículos y otros bienes de valor. Los fondos eran percibidos de forma previa a 2018, momento en el cual comenzaron a radicarse las primeras denuncias formales. El perjuicio económico total calculado por la investigación asciende a más de 8.145.000 pesos y cerca de 52.000 dólares bajo los valores históricos de la época.
Por su parte, el delito de lavado de activos atribuido a Moscoso Panozo radica en operaciones comerciales con contratos, cheques y la adquisición ilegítima de maquinaria vial pesada. Con este circuito financiero se habría intentado constituir una empresa constructora externa para otorgar una apariencia lícita a las ganancias generadas por la estafa habitacional. Todas las partes intervinientes en el debate.
El juicio se desarrolla bajo un riguroso operativo especial de seguridad en el perímetro de los tribunales de Ushuaia y cuenta con los siguientes actores procesales formalmente constituidos:
-Tribunal de Juicio en lo Criminal: Está presidido por el Dr. Alejandro Pagano Zavalía, acompañado por los jueces vocales Dr. Maximiliano García Arpón y Dr. Rodolfo Bembihy Videla
-.Ministerio Público Fiscal: La acusación del Estado la ejerce el fiscal Dr. Daniel Curtale.Querellantes (Acusación Particular): Interviene el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) a través de su cuerpo de asesores legales, junto a la damnificada particular Daniela Soledad Tapponier, quien cuenta con el patrocinio técnico del abogado Dr. Enrique Hernández Arriagada.
-Defensas de los Imputados: El asesoramiento letrado y la representación técnica de los tres acusados está distribuida entre el Defensor Público Dr. José María Fernández López, la Dra. Marisel Banegas y el Dr. Rodrigo Guidi.
Para el transcurso de las próximas audiencias, el Tribunal tiene prevista la citación y recepción técnica de aproximadamente 90 testigos antes de dar lugar a los alegatos finales.
