El Juzgado de Instrucción Nº 3 y la Fiscalía Mayor investigan una presunta red delictiva integrada por diez reclusos y siete efectivos penitenciarios, entre los que se encuentra el propio director del penal. La brutal secuencia del ataque quedó registrada por una cámara de monitoreo que el Servicio Penitenciario intentó ocultar en una primera instancia.
Río Grande. – Una investigación de extrema gravedad institucional sacude al Servicio Penitenciario de Tierra del Fuego. En un operativo sin precedentes desplegado en horas de la tarde-noche de este martes, la Justicia provincial coordinó una serie de ocho allanamientos simultáneos destinados a desarticular una presunta asociación ilícita conformada de manera conjunta entre internos y personal penitenciario.
La causa, bajo una carátula que expone la connivencia interna para cometer delitos graves, involucra activamente a las máximas autoridades de la Unidad de Detención de esta ciudad, bajo la sospecha de haber provisto una «zona liberada» para someter a tormentos y abusos a tres personas privadas de su libertad.
El hecho que habría desencadenado la investigación, fueron las posibles torturas torturas filmadas en el Pabellón B. El hecho ocurrió entre el 9 y el 12 de mayo, cuando tres presos recién ingresados fueron alojados en el Pabellón B, pese a las advertencias de sus familiares sobre el riesgo que corrían. Inmediatamente, otros internos taparon cámaras y golpearon brutalmente a los nuevos reclusos. Aunque las víctimas no denunciaron por miedo, la investigación se abrió de oficio ante las sospechas de abusos sexuales y torturas, respaldadas por una cámara de seguridad que grabó a los atacantes y a las víctimas desnudas al salir de la celda.
Ocultamiento penitenciario y el informe de Delitos Complejos
Inicialmente, el Servicio Penitenciario alegó no poder identificar a los agresores. Sin embargo, la división Delitos Complejos de la Policía, por orden del Juzgado de Instrucción Nº 3, determinó que el ataque duró más de una hora, fue visible en la central de vigilancia y no fue interrumpido por el personal. La misma cámara, peritada, permitió identificar a los diez internos involucrados, desmintiendo la versión carcelaria.
Imputaciones y medidas judiciales
La jueza Cecilia Cataldo y el fiscal Martín Bramatti lideran la investigación por «asociación ilícita». Durante los procedimientos en el Pabellón B, se hallaron elementos de interés, incluyendo manchas de sangre en la celda del ataque. Asimismo, se allanaron los domicilios de siete guardiacárceles de la guardia de turno, secuestrando sus teléfonos personales.
