La presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Dra. María del Carmen Battaini, defendió la millonaria adquisición de una clínica en Ushuaia para unificar las ciencias forenses y descentralizar
los estudios de ADN. En medio del conflicto gremial, la magistrada no negó que los haberes netos en la cúpula judicial alcancen los 25 millones de pesos, justificándolos como el «premio a una carrera y responsabilidad grande». Asimismo, Battaini se refirió a la reunión mantenida este miércoles con los integrantes del Consejo de la Magistratura que calificó como “excelente”, a la vez que admitió que deberán existir criterios objetivos para designación de jueces, dando casi por sentado que la Dra. María Elena Guerrero, que había sido rechazada para el cargo del juzgado de Familia 1 de Ushuaia, asumirá en el cargo, una vez que tengan los fundamentos.
Ushuaia. – El Poder Judicial de Tierra del Fuego se encuentra en el centro de la escena pública tras confirmarse la compra de un inmueble de dos plantas destinado a la nueva sede de la Dirección Pericial en la capital provincial. La Dra. María del Carmen Battaini, presidenta del Superior Tribunal de Justicia (STJ), brindó declaraciones al programa Buscando el Equilibrio que se emite por Radio Provincia, y expresó un panorama minucioso sobre los pormenores financieros de la licitación, los millonarios ahorros proyectados en alquileres, el fin de la dependencia pericial externa y la fuerte discusión en torno a las paritarias y los altos sueldos del sector.
Una clínica montada para la Ciencia Forense: Los detalles técnicos
«En la ciudad de Ushuaia no tenemos un espacio para un cuerpo forense, quizás como lo tiene en Río Grande», contextualizó la Dra. Battaini al iniciar su balance, reconociendo que las instalaciones actuales en la capital «no son muy convencionales para lo que es la función» de los peritos. La magistrada aclaró de entrada que el concepto abarca un equipo interdisciplinario de médicos, psicólogos, trabajadores sociales y contadores que brindan soporte técnico para resolver causas penales, civiles, de familia, comerciales y laborales.Tras un llamado a licitación iniciado en abril, al que se presentaron originalmente cuatro inmuebles, la comisión preadjudicadora se inclinó por una antigua clínica médica en lugar de casas particulares. Dos de las propuestas fueron descartadas por no cumplir los metros cuadrados mínimos, y una tercera requería una erogación excesiva para su puesta en valor.
«Realmente no hay que hacerle nada más que una limpieza general, pero ni pintura», enfatizó Battaini sobre el edificio seleccionado. El complejo cuenta con consultorios habilitados y redes listas de gas, agua y oxígeno. Además, incluye una sala montada de Rayos X con equipamiento, una sala de audiometrías con su respectivo gabinete técnico y un quirófano habilitado, considerado ideal para el desarrollo de autopsias. La titular del STJ precisó que el equipamiento ya venía incluido en el costo final de la transacción.
La distribución del nuevo edificio judicial y el equipamiento forense
El nuevo edificio está compuesto por dos plantas que se encuentran técnicamente en condiciones inmediatas de ponerse en funcionamiento. En su distribución interna, el inmueble no requiere reformas de infraestructura edilicia básicas, ya que fue diseñado originalmente para la atención de la salud. Albergará de manera integrada los consultorios médicos especializados que ya cuentan con las conexiones técnicas correspondientes para fluidos y gases medicinales. Asimismo, la estructura incluye el instrumental de diagnóstico por imágenes en su sala de Rayos X, un gabinete técnico acústicamente adecuado para las audiometrías y la sala de cirugía que será adaptada para la realización de autopsias en la morgue judicial. Para complementar las instalaciones, el espacio de internación de la antigua clínica será reconvertido en un área académica propia y de capacitación para el desempeño diario de los peritos del Poder Judicial.
Laboratorio propio y fin del traslado de muestras custodiadas
Uno de los principales hitos que marcará la puesta en marcha de este edificio es la creación del primer laboratorio judicial de alta complejidad, posibilitando la realización de estudios genéticos a nivel local.Hasta el momento, la provincia carecía de estas herramientas y se veía obligada a enviar las muestras biológicas a otras jurisdicciones, como Río Gallegos, Comodoro Rivadavia o Buenos Aires. Battaini describió el engorroso circuito logístico: «Cuando mandábamos a Gallegos, teníamos que mandar a Buenos Aires, y de Buenos Aires a Gallegos, a la Corte de Santa Cruz nos hizo el favor en un momento de mandar un móvil a Calafate, porque allí aterrizaba el avión en Calafate, y trasladarlos ellos a Gallegos». Más allá de lo económico, la magistrada remarcó que el principal problema radicaba en el tiempo de los procesos judiciales. Además, detalló el costo operativo oculto de la dependencia externa: «Muchas veces, cuando tiene que ir, porque es una muestra muy especial que tiene que ir con custodia y por allí tiene que ir con un policía, con dos policías, hay que pagar aparte pasajes, viáticos y todo lo que significa, ¿No es cierto? El traslado de muestras con custodia». Con la donación de aparatología por parte de un grupo de fiscales, la presidenta del STJ adelantó que «montando el laboratorio, hasta vamos a poder hacer ADN acá, o sea que no vamos a tener que mandar las muestras a otras provincias». El objetivo es comenzar a operar progresivamente tras el receso de las vacaciones de invierno.
El desglose de la inversión en dólares y el origen de los fondos públicos
La ingeniería financiera de la adquisición fue detallada minuciosamente por la magistrada para disipar confusiones entre monedas. La transacción se estructuró a partir de un pago principal inicial de 184.561 dólares con 40 centavos, desembolso requerido para que la firma vendedora otorgara de manera inmediata la posesión legal del inmueble a la Justicia provincial. El saldo remanente se financió mediante el compromiso de pago de 36 cuotas mensuales y fijas por un valor de 30.595 dólares con 25 centavos cada una. Al consolidar ambos conceptos, el monto total definitivo de la inversión inmobiliaria asciende a la cifra de 1.285.832 dólares con 32 centavos. Frente a las especulaciones sobre un presunto auxilio financiero del Ejecutivo provincial, la jueza fue categórica al ratificar la autarquía económica: «Esto es nuestro propio peculio, nuestro propio plazo fijo, como decirlo de alguna forma. Todos los fondos están en el banco». Explicó que la compra se costeó mediante un fondo especial constituido por los ingresos genuinos de las tasas de justicia y la recaudación del Registro de la Propiedad Inmueble. «Eso forma un fondo que exclusiva y excluyentemente tiene que ser dedicado. No podemos distraerlo en otra cosa más que en la compra de inmuebles o infraestructura», argumentó, desactivando cualquier polémica sobre el desvío de partidas presupuestarias destinadas a sueldos ordinarios. A su vez, desmintió fracturas o votos en disidencia dentro del máximo tribunal fueguino. La resolución llevó la rúbrica de los tres ministros más antiguos (Battaini, Carlos Gonzalo Sagastume y Javier Darío Muchnik). «No hubo disidencias. No hay disidencias, sino que no se han firmado por determinados motivos, a veces porque justo en ese momento no estaban para el acuerdo», matizó respecto a la ausencia de firmas de los restantes integrantes del cuerpo.
Plan de contingencia contra el déficit habitacional y los millonarios alquileres en Ushuaia
La mudanza a las dos plantas del excentro de salud forma parte de un plan a mediano plazo para eliminar los costosos cánones locativos que afronta el Poder Judicial en Ushuaia. De acuerdo con las estimaciones provistas por la magistrada, la desactivación de alquileres satélites aliviará sensiblemente las cuentas corrientes de la institución, reduciendo una erogación global que actualmente ronda de manera aproximada los 40 millones de pesos mensuales en locaciones operativas.En primer término, la Justicia dejará de abonar el alquiler del edificio de la Dirección Pericial ubicado sobre la calle Alem —conocido históricamente como el ex Mafalda—, por el cual se desembolsa una suma cercana a los 10 millones de pesos por mes. En un rango de costos similar se sitúan las dependencias satélites de la calle Kayen, donde funciona actualmente el Registro de la Propiedad Inmueble, con un valor mensual que supera los 10 millones de pesos debido a su gran superficie. A estas erogaciones se suman el edificio de la calle Andrade, destinado al área de acceso y mediación, por el que se abona un canon estimado en poco más de 5 millones de pesos, y las oficinas de la calle 12 de Octubre, correspondientes al Juzgado Electoral, cuyo costo de alquiler se ubica rondando los 6 millones de pesos.»La idea es ir dejando de pagar alquileres e incorporar edificios propios», señaló Battaini, aclarando que en el caso de la ciudad de Río Grande la situación es sustancialmente más favorable, ya que la gran mayoría de las oficinas —incluyendo el Registro de la Propiedad Inmueble de la zona norte— funcionan en estructuras edilicias propias de la Justicia.
Modernización digital y la búsqueda de aparatología complementaria
En paralelo a la reorganización edilicia, la presidenta de la Corte se refirió a las metas institucionales de despapelización y actualización tecnológica. Al ser consultada sobre el volumen de expedientes físicos históricos, Battaini admitió que es un tema pendiente pero que ya se encuentra bajo un esquema de trabajo activo. Explicó que se está avanzando de manera simultánea tanto en Río Grande como en Ushuaia en la digitalización de los documentos de guarda para conformar archivos digitales dinámicos y eficientes, con la clara aspiración de reducir al mínimo indispensable la presencia de papel. No obstante, remarcó que existen determinados documentos históricos que por ley deben preservarse en sus soportes originales.Asimismo, la magistrada aprovechó la oportunidad para lanzar una convocatoria pública orientada al equipamiento de la nueva morgue forense en la clínica adquirida: «Estamos en búsqueda de un tomógrafo ahora también, si saben ustedes de alguien que quiera donar un tomógrafo, que ya lo utilicen porque nos viene muy bien para las autopsias», manifestó.
Crisis salarial y la polémica por los sueldos de $25 millones
La sustantiva inversión inmobiliaria coincide temporalmente con un persistente clima de tensión sindical por reclamos salariales encabezados por la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN). Battaini admitió la complejidad de la coyuntura: «Son épocas difíciles, la verdad que son épocas muy difíciles. Trabajamos en conjunto; de hecho, hoy estuvimos reunidos tanto con la Unión como con posterioridad con la Asociación de Magistrados buscando algún tipo de solución». El tramo de mayor impacto de la entrevista sobrevino cuando los cronistas le trasladaron las declaraciones de los representantes gremiales de Río Grande, quienes afirman que mientras un ingresante en bruto percibe entre 1,7 y 1,8 millones de pesos, un ministro de la Corte Suprema provincial percibe una remuneración neta cercana a los 25 millones de pesos mensuales.
Fiel a su estilo directo, la magistrada confirmó de forma taxativa la cifra astronómica: «Bueno, nosotros hemos hecho toda una carrera y no nos hemos dedicado más que a esto. Hemos tenido posibilidades de tener un estudio, de tener fortunas y si llegamos a tener sueldos de un nivel interesante, por decirlo de alguna forma, bueno, es porque es, digamos, el premio a una carrera judicial y a una responsabilidad también muy grande».
Para concluir, la presidenta del Superior Tribunal defendió la exclusividad de sus funciones e incompatibilidades comerciales de los altos magistrados en la provincia: «No podemos hacer otra cosa y le aseguro que no hay tiempo para hacer otra cosa tampoco. Y depende, depende de muchas cosas, porque dicho así habría que hacer un análisis de todo», finalizó.
Mesa de diálogo entre el STJ y el Consejo de la Magistratura: “Fue una excelente reunión” y casi es un hecho la designación de la Dra. María Elena Guerrero
En el tramo final de su balance, la Dra. María del Carmen Battaini abordó las urgencias operativas en el norte de la provincia y la compleja ingeniería institucional que regula el nombramiento de los jueces fueguinos. Al respecto, admitió la fuerte presión que sufren los fueros más sensibles y delineó los objetivos a corto plazo: «Siempre tenemos intenciones de abrir, sobre todo los juzgados de familia que tal vez sea lo más colapsado, y estamos en eso; si pudiéramos abrirlos antes de fin de año, aunque sea con la mínima rotación de gente, sería antes de fin de año, en Río Grande, el Juzgado de Familia 3».
Asimismo, la presidenta de la Corte se refirió a las tensiones recientes en torno al Juzgado de Familia 1 y la necesidad de ajustar las normativas de selección de magistrados tras una reunión clave con el Consejo de la Magistratura, motivada por lo que consideró una «mala interpretación de la acordada» enviada en respuesta por el tribunal. «El ciudadano común, abogados y jueces lo que quieren es tener un sistema de selección con algún rasgo de objetividad, porque los tiempos han cambiado, las necesidades son diferentes, la evolución misma, porque tenemos que seguir superando lo que ya teníamos», argumentó.
Battaini calificó el encuentro con los consejeros como una «excelente reunión» donde se lograron aunar criterios fundamentales sobre la división de roles constitucionales. «Se entendió que nosotros necesitábamos un acto fundado, porque cuando interviene el Consejo, es una decisión o un acto administrativo complejo, porque intervienen dos instituciones. El Consejo de la Magistratura selecciona y propone y el Superior Tribunal designa, y le habíamos pedido que fundara el acto administrativo; si no, no podíamos hacer lugar a la designación», explicó de forma tajante sobre el contrapeso de poderes.
La titular del STJ destacó la predisposición del órgano de selección para modernizar sus bases reguladoras con el fin de robustecer el sistema democrático provincial: «La verdad que todos muy propensos y con ganas de encontrar soluciones y de superar y buscar un reglamento donde se objetivicen estos temas para la consideración y designación de un juez que es para toda la vida. Superar eso que en un momento dio muy buen resultado. Siempre tuvimos un Consejo de la Magistratura ágil, porque es representativo, lo que queremos es superar. Quedamos en ir puliendo y adaptándonos más a la realidad de la provincia y en general lograr tener un reglamento objetivo, y eso lo debe evaluar el Consejo de la Magistratura».
Finalmente, al ser consultada de forma directa sobre la controvertida y cuestionada designación de la Dra. María Elena Guerrero para ocupar la vacante en el fuero familiar, Battaini optó por la cautela técnica respecto al estado del trámite administrativo: «No sé si habremos recibido la nota con la fundamentación, y allí lo veremos; calculo que sí, pero no puedo asegurarlo, pero digamos que sí», concluyó.
