Familiares de policías retirados territoriales volvieron a reclamar por el pago de haberes adeudados y apuntaron contra el fallo del Superior Tribunal de Justicia que avaló la situación previsional que afecta a más de 500 familias.
Río Grande. -Por Radio Provincia, Marisa Fontana, esposa de un ex policía del territorio, cuestionó duramente a los magistrados que intervinieron en la causa, denunció discriminación hacia los retirados territoriales y sostuvo que existe un entramado de responsabilidades entre la Caja de Previsión, la Jefatura de Policía y el Gobierno provincial.
Fontana vinculó el conflicto previsional con las recientes declaraciones de integrantes del Superior Tribunal respecto de sus salarios y afirmó que las familias policiales viven una realidad completamente opuesta.
“A raíz de esa justificación que para nosotras, y hablo en plural porque estamos en esto todas las mujeres, nos parece una falta de respeto lo que hizo la jueza Bataín justificando su aumento de sueldo cuando ella, junto con Sagastume y Cristiano, permitieron la confiscación del 50% del sueldo de haberes de nuestros esposos”, sostuvo.
Fontana aseguró que “vos te sentís impune, te sentís humillado, te sentís que todos los años de servicio que tu esposo brindó a la provincia y al territorio no sirvieron de nada”.
“Nuestros esposos también se dedicaron exclusivamente, tuvieron que estudiar, prepararse toda una vida para eso. Incluso estando retirados siguen con estado policial, lo que significa que si el gobierno los necesita, los llaman. Cuando un juez se jubile va a tener todo su tiempo libre; nuestros esposos no”, afirmó.
El reclamo de 540 familias
Fontana aseguró que “ya demasiado daño nos están haciendo a todas las 540 familias que somos damnificadas con esto de no reconocer los aportes de más de 35 años de nuestros esposos a la Caja de la Provincia”.
En ese contexto, relató que “hemos tenido muchos territoriales que han tenido que decirles a sus hijos: ‘Vuelvan a la provincia porque no podemos seguir pagándoles los estudios o el alquiler’. Han fallecido algunos compañeros por la situación que estaban atravesando. Incluso hemos tenido que hacer colectas entre nosotros para pagar el cajón del hijo de un compañero”.
La mujer cuestionó que “la persona más joven de los territoriales tiene 64 o 65 años. Si hacemos el camino que estos tres jueces nos mandan, eso dura 15 o 20 años o más. Entonces la pregunta es: ¿quieren que nos muramos antes de cobrar lo que nos corresponde?”, planteó.
Sospechas sobre un acuerdo político e institucional
Asimismo, Fontana deslizó sospechas sobre un posible acuerdo entre distintos sectores del poder provincial para sostener la decisión previsional, aunque aclaró que “nos vamos sentando y charlando y decimos: o esto es un arreglo entre los directores actuales de la Caja, la Jefatura de Policía y el Gobierno para quedarse con los aportes de 35 años de nuestros maridos, o ya queda muy clarito que es una discriminación hacia aquellos que formaron la policía de la provincia”.
Consultada sobre si cuentan con pruebas concretas de ese supuesto acuerdo, reconoció que “la Caja se ha llamado al silencio. Los directores de la Caja hablaron con un grupo del centro de retirados antes de sacar la 148, pero los retirados territoriales nos encontramos de un día para otro con que no había más plata para nosotros”.
Críticas a la Jefatura y al Gobierno provincial
Fontana relató que “le pedí al jefe de Policía una reunión para que nos explique qué está pasando. Me respondió que la Caja era autárquica. Yo le dije que sí, pero si es autárquica, ¿por qué los directores son designados con intervención del Gobierno y de la Jefatura?”.
“Estamos todavía esperando que el señor Rolón se siente con nosotros, lo mismo que el gobernador. Le hemos mandado notas desde el año pasado y tampoco nos recibió”, agregó.
Por su parte, cuestionó que “nos queda pensar si están esperando que tomemos la Casa de Gobierno, que nos encadenemos o que quememos ruedas. Ya no sabemos qué tenemos que hacer”.
Respaldo de la Legislatura
En medio del conflicto, Fontana destacó que “tenemos que agradecerle a la Legislatura porque desde el primer momento se sentaron con nosotros para hablar. Pudimos exponer lo que pasa y ahí quedó en evidencia que los directores de la Caja cobraban gastos de representación millonarios mientras a nosotros no nos pagaban”.
Según indicó, en ese encuentro se expuso que los directores percibían alrededor de cuatro millones de pesos mensuales en concepto de representación. “Mientras a nosotros no nos pagan, ellos todos los meses cobraban por unos supuestos gastos de representación cuatro millones de pesos cada uno”, denunció.
La esperanza puesta en la ley 1628
Sobre el futuro del reclamo, Fontana explicó que “tenemos una lucecita porque la Legislatura le está diciendo al Poder Ejecutivo que arregle esta situación en un corto plazo. Ahora estamos esperando la reglamentación de la 1628”.
La norma, según detalló “quedó firme por 180 días que aquellos policías territoriales que tomaron créditos no sean ejecutados por el banco, porque muchos ya tuvieron que empezar a vender sus bienes para no quedarse en la calle”.
Una protesta pacífica que busca visibilizar el conflicto
Finalmente, Fontana remarcó que “nunca le faltamos el respeto a nadie, ni cortamos el tránsito ni nada. Nos hacemos visibles y seguimos reclamando lo que creemos justo”.
En ese marco, convocó a una nueva concentración frente a la Comisaría Primera de Río Grande y reiteró el pedido de acompañamiento social. “Todos los que quieran apoyarnos, hoy a las 12.30 vamos a estar frente a la Comisaría Primera de Río Grande”, cerró.
