El referente de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) en Tierra del Fuego confirmó la continuidad del plan de lucha ante la falta de respuestas salariales por parte de las autoridades judiciales. Cuestionó la decisión de exigir guardias mínimas durante las medidas de fuerza, denunció presiones sobre trabajadores para que no adhieran al paro y reclamó una reunión con la totalidad de los ministros del Superior Tribunal. Además, advirtió que los incrementos otorgados hasta el momento están muy por debajo de las necesidades del sector y remarcó que el objetivo es que ningún trabajador judicial perciba salarios inferiores a la canasta básica.
Río Grande. – La tensión en el Poder Judicial fueguino continúa en ascenso. En el marco del conflicto salarial que atraviesan los trabajadores judiciales, el referente de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) en Tierra del Fuego, Matías Taborda, confirmó que las medidas de fuerza seguirán adelante ante la ausencia de respuestas concretas a los planteos formulados por el gremio.
Durante una entrevista con FM Fuego, el dirigente sindical ratificó la continuidad del plan de lucha y dejó en claro que, hasta el momento, no existe ningún avance en las negociaciones que permita desactivar el conflicto.
“Efectivamente, como te habíamos adelantado, el plan de lucha está continuando. Al no haber respuesta a nuestros requerimientos, esta semana definimos cese de actividades a partir de las 12 horas los días lunes y martes, paro de 24 horas este miércoles y la continuidad de los ceses de actividades durante jueves y viernes”, explicó.
Taborda sostuvo que “la falta de respuestas por parte de las autoridades judiciales ha profundizado el malestar entre los trabajadores y aseguró que el reclamo continúa sin ser escuchado”.
“No hemos tenido respuesta a ninguno de los planteos realizados”, afirmó.
Denuncias por presiones durante las medidas de fuerza
Uno de los puntos más sensibles planteados por el dirigente gremial estuvo vinculado a la implementación de guardias mínimas durante el desarrollo de las medidas de fuerza.
Según explicó, desde el sector consideran que “se intenta condicionar el derecho constitucional a la huelga mediante la aplicación de una resolución administrativa basada en una realidad judicial completamente diferente a la actual”.
“Consideramos desde nuestra entidad que ha habido un apriete hacia los compañeros. Ha empezado a circular una resolución de hace 20 años atrás donde se exige el cumplimiento de guardias mínimas, cuando la realidad actual del Poder Judicial es totalmente distinta a la de aquel momento”, señaló.
En ese sentido, explicó que “la estructura de los juzgados cambió sustancialmente en las últimas décadas”.
“Hace veinte años un juzgado estaba conformado por un juez, un secretario y algunos empleados. Hoy un juzgado tiene secretarios por secretarios y un alto porcentaje de funcionarios que perfectamente pueden hacerse cargo de esas guardias”, argumentó.
Si bien aclaró que “existe un fuerte acompañamiento de los trabajadores a las medidas de fuerza, reconoció que algunos magistrados están generando situaciones de presión sobre determinados empleados”.
“Tenemos el apoyo de todos los compañeros judiciales, pero se está haciendo duro porque hay algunos magistrados que consideran dar cumplimiento a esa resolución y están poniendo un poco de presión sobre los compañeros”, sostuvo.
“El derecho a huelga no se pide, se ejerce”
Consultado sobre la postura adoptada por la Superintendencia de Administración respecto del cumplimiento de guardias mínimas, Taborda fue categórico al reivindicar el derecho constitucional de los trabajadores a adherir a las medidas de fuerza.
“Nosotros entendemos que el derecho a huelga es un derecho constitucional. El derecho al paro no lo pedimos, lo ejercemos”, manifestó.
Como muestra de la adhesión alcanzada por la protesta, aseguró que “el nivel de acatamiento puede observarse diariamente en las distintas dependencias judiciales”.
“Lo pueden ver en los pasillos, el acatamiento que existe a las medidas es muy importante”, remarcó.
No obstante, aclaró que “la situación no es uniforme en todo el Poder Judicial y destacó que también existe respaldo por parte de numerosos magistrados y funcionarios”.
“Hay algunos magistrados que están poniendo presión sobre determinados compañeros, pero también existe un alto número de magistrados y funcionarios que apoyan nuestros reclamos”, afirmó.
“No hablamos de maltrato, pero estas situaciones serán visibilizadas”
Ante la consulta sobre si estas presiones podrían interpretarse como situaciones de maltrato laboral, Taborda evitó calificar los hechos en esos términos, aunque adelantó que el gremio hará públicas todas las situaciones que afecten el derecho de los trabajadores a adherir a las medidas de fuerza.
“No se podría decir que exista maltrato laboral porque, si fuera así, nuestra acción sería otra”, aclaró.
Sin embargo, agregó que “las situaciones registradas durante el conflicto no pasarán inadvertidas y de lo que sí estamos seguros es que estas situaciones en las cuales se exige a nuestros compañeros que vengan a trabajar y no puedan adherirse a las medidas de fuerza van a ser visibilizadas”, advirtió.
El reclamo al Superior Tribunal
Otro de los planteos centrales de la UEJN está dirigido a las máximas autoridades del Poder Judicial fueguino.
Taborda confirmó que “el sindicato reclama una reunión con la totalidad de los ministros para poder exponer de manera directa las demandas del sector y buscar una salida al conflicto”.
“Nosotros hoy estamos pidiendo que la totalidad de los ministros nos reciban y escuchen la totalidad de nuestros reclamos para poder arribar lo más pronto posible a buen puerto”, sostuvo.
Respecto de la resolución que justificó la implementación de guardias mínimas a partir de una solicitud del Colegio Público de Abogados de Río Grande, el dirigente sindical evitó confrontar con la entidad profesional y señaló que comprende el rol que desempeña en defensa de sus matriculados.
“Hemos mantenido reuniones con el Colegio de Abogados. Ellos tienen la obligación de representar a todos los profesionales y garantizar que puedan ejercer libremente su trabajo”, indicó.
Sin embargo, consideró que “la referencia al Colegio fue utilizada como argumento para impulsar la medida, sabemos que ellos entienden nuestros reclamos, por lo tanto no les echamos la culpa. Creemos que fue una excusa para poder hacer circular esa nota”, afirmó.
Salarios por debajo de las expectativas
En materia salarial, Taborda reconoció que los incrementos otorgados al sector judicial son los mismos que recibieron otros trabajadores de la administración pública, aunque remarcó que resultan insuficientes frente a la pérdida de poder adquisitivo acumulada en los últimos años.
“Tenemos recomposiciones para mayo y otra para julio, pero están muy lejos de lo que venimos reclamando”, sostuvo.
Al ser consultado por los porcentajes otorgados, precisó que “se trata de incrementos del 3 y 4 por ciento”.
Frente a ello, explicó que “la principal exigencia del gremio es garantizar que ningún trabajador ingresante quede por debajo de la canasta básica”.
“Nosotros pedimos que nuestros salarios estén por encima de la canasta básica para un trabajador ingresante”, afirmó.
Pero además, señaló que “existe un reclamo vinculado a la recuperación de ingresos perdidos durante los últimos años”.
“También pedimos que se empiece a recuperar todo lo perdido durante 2024 y 2025, porque realmente esa situación se sigue manteniendo y se sigue acrecentando”, aseguró.
Endeudamiento y pérdida del poder adquisitivo
Taborda enmarcó el conflicto dentro de una realidad económica que afecta a la totalidad de los trabajadores fueguinos.
“Todos conocemos el nivel de endeudamiento que tiene hoy la población de Tierra del Fuego”, expresó.
En ese contexto, defendió la responsabilidad del sindicato de continuar reclamando mejoras salariales y al repecto dijo que “nosotros, como representantes sindicales, tenemos la obligación de defender a quienes nos eligieron para representarlos”, manifestó.
Si bien reconoció que la situación económica atraviesa a múltiples sectores de la sociedad, insistió en que el gremio no puede resignar la defensa de los trabajadores judiciales.
“Entendemos que la situación es complicada para muchos sectores, no escapamos a esa realidad, pero nuestra obligación es defender a los compañeros”, enfatizó.
La próxima semana se definirán nuevas medidas
Finalmente, el dirigente confirmó que el conflicto sigue abierto y que durante los próximos días se evaluarán nuevas acciones gremiales en función de la falta de respuestas por parte de las autoridades.
“Por lo pronto, el lunes vamos a tener una reunión de comisión directiva en la cual vamos a decidir los pasos a seguir”, adelantó.
No obstante, dejó en claro que la voluntad del gremio es sostener el reclamo mientras no existan respuestas concretas.
“Nunca vamos a bajar los brazos ante este reclamo”, concluyó.
