El presidente de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF), Gustavo García, y el director por los pasivos, Horacio Gallego repasaron el estado de las negociaciones con Autofarma y otros prestadores, defendieron la política de auditorías implementada por la nueva gestión, anunciaron avances en la compra directa de medicamentos y explicaron las medidas adoptadas para mejorar la atención a los afiliados y sanear financieramente la institución.
Río Grande. -La conducción de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) aseguró que avanza en un proceso de reorganización institucional orientado a garantizar la continuidad de las prestaciones, fortalecer el control sobre los servicios y ordenar las finanzas del organismo. Así lo expresaron el presidente de la entidad, Gustavo García, y el director Horacio Gallego, quienes brindaron un amplio panorama sobre las principales acciones encaradas desde el inicio de la gestión.
Uno de los principales temas abordados fue la situación de Autofarma, empresa con la que la obra social mantiene negociaciones para normalizar la deuda existente.
Por Radio Provincia, García explicó que la semana pasada mantuvieron una reunión con los propietarios de la firma y que, tras ese encuentro, se alcanzó un principio de entendimiento. “Entendimos en esa reunión que había un acuerdo respecto a la deuda que manteníamos con la firma. La obra social hizo unas propuestas que ya fueron elevadas a la empresa y estamos a la espera de la respuesta. Nosotros seguimos sosteniendo ese acuerdo y esperamos la firma del convenio para poder continuar con los compromisos asumidos”, indicó.
Indicó además que la obra social ya efectuó un pago importante como parte del entendimiento alcanzado y detalló que “este mes hicimos un pago importante respecto de esa deuda y, si aceptan la propuesta que les enviamos, haremos un próximo pago dentro de este mismo”.
Prioridad: resolver la situación de los trabajadores de Autofarma
Consultado sobre el conflicto laboral que atraviesa la empresa, García señaló que “escuchamos personalmente a los empleados y entendimos la complicada situación que atraviesan. Lo que buscamos con estos pagos y con las conversaciones que estamos manteniendo es resolver primero la situación de los sueldos y también que la empresa pueda recuperar su capacidad de abastecimiento”.
En ese sentido sostuvo que “es estratégico para el Estado contar con el efector público y también con el privado. Ninguno de los dos puede sostener por sí solo toda la estructura que necesita la obra social”.
Compra directa de medicamentos y reorganización del sistema
Otro de los anuncios estuvo vinculado con la decisión de que la OSEF comience a comprar directamente los medicamentos destinados a pacientes con discapacidad, internación domiciliaria y salud mental.
García expresó que “reconocimos públicamente que hubo errores en la entrega producto de esta innovación. Nuestro principal error fue no haber organizado adecuadamente la distribución porque todos los afiliados concurrieron al mismo tiempo y eso generó demoras”. Explicó que actualmente se trabaja para corregir esos inconvenientes.
“Estamos reorganizando todo el sistema para que en agosto esté normalizado”, remarcó.
También confirmó que “se licitaron más de 830 renglones de medicamentos y, una vez adjudicada, que entendemos que sería en 10 o 15 días más, esa compra nos dará previsibilidad para este año, el próximo y el siguiente”.
Según sostuvo, “lo ideal es que, cuando todo el circuito esté aceitado, podamos incorporar nuevas patologías y seguir fortaleciendo institucionalmente a la obra social”.
Gallego agregó que “nos sorprendió la cantidad de gente que concurrió a las farmacias en muy poco tiempo. Hubo que reorganizar el sistema administrativo, el personal y también la compra de insumos. Son decisiones que asumimos porque entendemos que este esquema resulta más conveniente para la obra social”.
Fin del home office y regreso del personal a la atención presencial
García confirmó que la gestión decidió eliminar el régimen de trabajo remoto heredado de la pandemia y avanzar con el regreso de personal adscripto a otras dependencias. Explicó que la medida responde a la necesidad de mejorar la atención a los afiliados.
“La obra social tiene que ir hacia el afiliado. No puede ser que el afiliado venga y nosotros no estemos. Muchas veces el problema no era recibir un sí o un no, sino directamente no obtener ninguna respuesta”, manifestó.
Agregó que “estamos priorizando la gestión humana. Queremos cambiar la predisposición hacia el afiliado porque no hay nada peor que el silencio administrativo cuando se trata de un problema de salud”.
Reintegros, celiaquía y ayudas económicas
Respecto de los expedientes pendientes por reintegros y beneficios destinados a personas con celiaquía, García confirmó que la obra social dispone de fondos para cancelar gran parte de las obligaciones y resaltó que “tenemos alrededor de 350 millones de pesos en Tesorería destinados a reintegros, ayudas económicas, subsidios por celiaquía y prestaciones vinculadas a discapacidad. Con el ingreso de los aportes esperamos cancelar todo eso entre mañana y pasado”.
Reencontrándonos: diferencias por auditorías y valores
Otro de los ejes centrales fue la negociación con la institución Reencontrándonos. Gallego explicó que la obra social presentó una nueva propuesta económica acompañada por un esquema de auditorías que considera indispensable.
“No solamente hicimos una propuesta económica. También planteamos la necesidad de contar con auditorías, como hacemos con todos los prestadores. No hay ninguna excepción”, aseguró.
Indicó que “ella consideró que era entrometerse dentro de la institución. Nosotros entendemos que no. Tenemos la obligación de controlar todas las prestaciones que financiamos”.
También rechazó que “ella manifestó que la propuesta económica era insuficiente. Por eso cuando ahora dice que no es un tema de dinero, no coincide con lo que nos expresó durante las negociaciones”.
Por su parte, García sostuvo que la intervención del área provincial de Salud Mental permitiría contar con una evaluación objetiva. “Nosotros entendemos que Salud Mental tiene que ser un aliado estratégico porque es el área especializada. Tenemos afiliados internados hace cuatro años y necesitamos saber si corresponde que continúen internados o si existe otra modalidad terapéutica”, sostuvo.
Remarcó que “valoramos el trabajo que realiza Estela, pero también tenemos la responsabilidad legal e institucional de controlar las prestaciones que financia la obra social”.
En cuanto a los valores reclamados, Gallego afirmó que “los montos que pretende cobrar no son los que hoy puede pagar la obra social. Tenemos que asumir compromisos que podamos sostener en el tiempo”.
Gallego coincidió y recordó que los ingresos de la obra social dependen exclusivamente de los aportes salariales. “No tenemos una máquina para hacer plata. Solo podemos gastar lo que ingresa por aportes y no podemos asumir compromisos que después no podamos cumplir”, manifestó.
Ambos funcionarios insistieron en que las auditorías alcanzan a todas las instituciones que trabajan con la obra social.
Gallego aclaró que “todas las instituciones están auditadas. Todas las prestaciones tienen auditorías. La Ley 1596 nos obliga a controlar lo que financiamos”.
En la misma línea, García confirmó que próximamente comenzarán auditorías específicas sobre las empresas de internación domiciliaria y precisó “queremos saber en qué condiciones están siendo atendidos nuestros afiliados. Por eso vamos a contratar auditorías externas que evalúen la calidad de las prestaciones y los insumos que reciben”.
Mesas de atención dentro de las clínicas
Como parte del proceso de descentralización, García confirmó que ya comenzaron a funcionar puestos de atención de la obra social dentro de CEMEP y Clínica San Jorge. “Queremos que los afiliados puedan realizar consultas, presentar documentación o iniciar trámites sin necesidad de trasladarse hasta la obra social. Ahora depende de que la gente utilice esa herramienta para que podamos sostenerla”, indicó.
”Invitamos a que los afiliados usen esas mesas de entrada, no es necesario que se acerquen a la obra social. Es una buena herramienta”, señaló.
Ley de Oncopediatría
Durante la entrevista también surgieron consultas vinculadas a la implementación de la Ley de Oncopediatría. García señaló que actualmente se trabaja junto al Gobierno provincial para reglamentar distintos aspectos de la normativa.
“La ley establece obligaciones tanto para el Estado provincial como para la obra social. Nosotros estamos revisando las prestaciones y también evaluando mejorar las ayudas económicas porque entendemos que hoy los montos resultan insuficientes”, resaltó. Asimismo, confirmó que analizará personalmente los reclamos planteados por familias fueguinas.
Acuerdo con APROSS para afiliados derivados en Córdoba
Otro de los anuncios fue la normalización del convenio con la Administración Provincial del Seguro de Salud (APROSS), que brinda cobertura a afiliados fueguinos derivados a Córdoba.
Gallego confirmó que el conflicto quedó superado y detalló que “se hizo un plan de pago en 48 cuotas, con un aporte inicial importante, y hoy la situación está completamente normalizada”.
García recordó que “era una deuda que rondaba los cinco mil millones de pesos y llegó un momento en que APROSS dejó de brindar servicios. Hoy logramos un acuerdo por cápita, según la franja etaria que ronda en los 200 millones de pesos en total, que incluye medicamentos, prácticas médicas y toda la red de atención de Córdoba”. Afirmó además que el nuevo convenio permite simplificar la administración y brindar una respuesta integral a los afiliados derivados.
Medicamentos de alto costo: reducir demoras y evitar judicializaciones
Finalmente, García explicó cómo funciona el sistema de evaluación para medicamentos de alto costo y reconoció que aún existen demoras administrativas. “Tenemos un comité integrado por médicos y especialistas que analiza cada caso para determinar si corresponde o no determinada medicación. Lo que estamos trabajando es reducir los tiempos de respuesta”.
Señaló que la prioridad es evitar que los afiliados deban recurrir a la Justicia y sostuvo que “no podemos llegar tarde con una respuesta. Si es sí, tiene que ser sí; y si es no, tiene que ser no. Lo peor es el silencio porque le impide al afiliado tomar una decisión”.
En este sentido, precisó que “el costo más alto que tenemos en la obra social es en planes de diabetes y tenemos casi 6 mil afiliados con esa patología. Se dividen en tipo 1 o 2, dentro del tipo dos está el 80% del padrón que insumen los ambulatorios y luego están las insulinas”.
Como ejemplo de la complejidad económica, indicó que “la obra social financia tratamientos de hasta 360 millones de pesos mensuales para un solo paciente, mientras que el ingreso promedio por afiliado ronda los 156 mil pesos”.
Gallego destacó que “las mejoras implementadas ya comienzan a reflejarse en la reducción de acciones judiciales”.
“Hace algunos meses llegábamos a tener diez amparos por día. Hoy prácticamente no tenemos uno por semana. Todavía falta mucho por mejorar, pero creemos que vamos por el camino correcto”, cerró.
