El secretario de la Defensoría Federal de Ushuaia, Agustín Sciolfi, confirmó que se evalúa una acción colectiva por los cortes masivos de gas en Tolhuin que afectaron a 150 familias. Denunció arbitrariedades de la empresa Camuzzi y advirtió que la prestación del servicio no puede desvincularse de la realidad económica de los usuarios.
Tolhuin.- Los cortes de gas en Tolhuin, que dejaron sin suministro a unas 150 familias en pleno invierno, generaron la intervención de la Defensoría Federal de Ushuaia. La empresa Camuzzi Gas del Sur interrumpió el servicio por falta de pago, obligando al municipio a asistir a vecinos en situación de vulnerabilidad.
El secretario de la Defensoría, Dr. Agustín Ciolfi, explicó en diálogo con PERIODISMO de Radio Provincia: “Nos reunimos con el intendente Harrington, con Desarrollo Social del Municipio y con las áreas técnicas. Ellos nos convocan formalmente porque se ven desbordados por la situación”.
Ciolfi detalló que el relevamiento inicial detectó casos críticos: “el corte de gas afectó pacientes oncológicos, adultos mayores, gente con discapacidades, con problemas que se acrecientan de salud en virtud de los cortes intempestivos”.
En este contexto, la Defensoría evalúa una acción judicial: “Para iniciar una acción de amparo pidiendo una medida cautelar al juez que hasta que se resuelva la cuestión de fondo le restablezcan el suministro, necesito acreditar la situación de vulnerabilidad”.
El funcionario cuestionó el accionar de la empresa: “Nos hemos encontrado con actitudes de la empresa, como atender una vez por semana en una oficinita, una sola persona de Camuzzi atendiendo todos los reclamos. Imagínense la cantidad de gente que va a reclamar”.
Ciolfi recordó que el acceso al gas es un derecho humano: “En latitudes como esta, tanto el acceso a la electricidad como al gas es un derecho humano fundamental, porque está vinculado íntimamente con el derecho a la salud y a la vida”.
También citó precedentes judiciales: “Hay un fallo de la Corte Suprema, que deja asentado el principio de asequibilidad. Las tarifas deben ser razonables y proporcionales a los ingresos. El Estado debe prestar especial atención a los grupos en situación de vulnerabilidad”.
La Defensoría Federal trabaja junto al municipio para acreditar las condiciones de vulnerabilidad y avanzar en una medida cautelar que permita restituir el servicio. Mientras tanto, algunas familias lograron restablecer el suministro mediante planes de pago, aunque otras continúan sin calefacción en pleno invierno.
Ciolfi fue categórico: “Tenemos una empresa que hace caso omiso a los estándares internacionales de protección de derechos humanos y un Estado nacional que no está actuando como corresponde. Ahí tenemos una responsabilidad y una arbitrariedad manifiesta”.
Fuente: Tiempo Judicial
